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La luz como arma para disputar el poder

Por Marcos Jure

Energía eléctrica. Esa fuerza que mueve al mundo y de la que depende casi absolutamente cada actividad que se emprende cada día en la casa o en el trabajo, ha transmutado en Córdoba y se ha convertido en un motivo de disputa política, en un elemento que adelantó la pelea de fondo, que debería haberse disparado recién en 2019, pero que se anticipó porque a unos y otros, oficialistas y opositores, los invade la ansiedad. A Cambiemos porque cree que, esta vez más que ninguna otra, el triunfo está a su alcance; a Unión por Córdoba porque viene de una derrota traumática, porque enfrente tiene a Mauricio Macri, que se ha ido desgastando pero que conserva aún índices elevados en la provincia, y porque es consciente de que un proceso de poder de dos décadas suele dejar las marcas del desgaste.

Ni Juan Schiaretti ni su equipo dicen, obviamente, que están en campaña. Repiten la fórmula de que es tiempo de dedicar el cien por ciento del tiempo a gobernar. Sin embargo, sus movimientos dicen lo contrario. El oficialismo parece dispuesto a usar cada herramienta que tiene a su alcance para tratar de conservar el poder y estirar su hegemonía hasta las cercanías del cuarto de siglo.

En las últimas semanas, la realidad lo obligó a hacer una relectura de la situación. El schiarettismo estaba embarcado, casi con obsesión, en destacar permanentemente la magnitud del plan de obras que está en marcha y en mostrar que, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, en Córdoba hay una política social, de contención a los sectores más desprotegidos, que insumirá una inversión anual de 6.000 millones de pesos.

Sin embargo, una seguidilla de protestas en el interior le hizo alterar los planes. Porque esas protestas fueron el exponente de un estado de exasperación y malhumor que está instalado en una franja que no aparecía taxativamente contemplada en la estrategia del peronismo cordobés: la clase media, que ahora está preocupada porque sus ingresos le alcanzan cada vez para menos y porque los servicios básicos ya no son un gasto fijo rutinario sino que se han convertido en un dolor de cabeza.

La luz. Epec. Ahí hay una clave, entendió el oficialismo, que durante años dejó que la empresa estatal aplicara aumentos por encima de la inflación mientras perseveraba en un servicio deficiente y en sus privilegios impopulares. Cuando el gobierno nacional empezó a desactivar los subsidios, la factura de Epec, que ya era pesada, se convirtió en una bomba de tiempo. “Uno nunca sabe dónde y cuándo empieza una pueblada y menos cómo termina”, suele decir una figura importante del gobierno.

La Provincia comenzó entonces a actuar sobre la urgencia, a diseñar formas de atenuar el impacto de la factura eléctrica o de, al menos, mostrarse activo e interesado. Está enfocado, más que nada, en el interior, donde se concentraron las movilizaciones porque al ya de por sí elevado costo de Epec allí suele agregarse el de las cooperativas, que suman servicios a las boletas, y el de los municipios, que adosan sus propias tasas para asegurarse el ingreso sin tener que poner en marcha un sistema propio de cobranza.

El servicio que dan las cooperativas representa el 30 por ciento del mercado eléctrico cordobés. El gobierno, a través del Ersep, prohibió cobrar cualquier concepto que no sea exclusivamente el servicio eléctrico.

Ya de por sí esa medida debería implicar un alivio. Pero, además, en los próximos días el gobierno enviará a la Legislatura un proyecto para darle un nuevo marco normativo al servicio eléctrico. Modificará, principalmente, el precio de la energía al que acceden las cooperativas, que ya no serán consideradas grandes clientes sino distribuidoras y tendrán, por lo tanto, un valor diferencial. Por otro lado, el Ersep les fijará un límite del 10 por ciento en los costos de administración que pueden aplicarles a sus clientes, con lo cual en el interior no deberían pagarse facturas que difieran considerablemente de las que se reparten en Córdoba o en las principales ciudades de la provincia.

Hay, detrás de esa medida, una lógica política que se asienta en la historia de Unión por Córdoba. Esa variante electoral del peronismo le debe más de una elección al interior: mientras la capital le propinaba derrotas de magnitud, el resto del territorio solía responderle de tal manera que el resultado final y global se revertía. En 2015, por ejemplo, el justicialismo tuvo que remontar en el resto de la provincia la derrota por seis puntos que Schiaretti sufrió en la ciudad que hoy gobierna Ramón Mestre.

El interior es, por lo tanto, la “clientela” más leal que tiene el oficialismo provincial. El malestar por Epec, que no hay que menospreciar y que puede ser un detonante para activar un voto castigo, representa una amenaza para esa lealtad. Consecuentemente, el oficialismo se vio obligado a actuar.

¿Será suficiente? Las facturas seguirán siendo altas porque el servicio de Epec es caro; sin embargo, el razonamiento del Ejecutivo fue que la factura de la luz generaba un plus de descontento en el interior por tasas que no llegan a la Provincia; los fondos ingresaban a las cooperativas o los municipios pero el costo político lo afrontaba el gobierno central.

Ahora, si quieren seguir percibiendo esos recursos, los intendentes, peronistas o cambistas, deberán sufrir en carne propia el peso de la decisión. 

La prohibición de que los jefes comunales apliquen sobretasas a la luz disparó además una consecuencia adicional: le quitará a Mestre unos 215 millones de pesos que cobra con la factura de Epec. El radical es hoy el opositor más crítico que tiene Schiaretti y ha iniciado una campaña para reclamar por más fondos para los municipios y con la que persigue el objetivo político de ponerse en el centro de la escena para erigirse en candidato a gobernador de la oposición.

Al oficialismo la opción Mestre no le desagrada especialmente. Retuvo la intendencia con el 32 por ciento de los votos, casi no tiene penetración en el interior y es un nombre que no cierra dentro de Cambiemos. Además, en los últimos días consiguió exposición pero a fuerza de defender las sobretasas y los cobros de las cooperativas, que son sumamente antipáticas para la gente.

En el Ersep señalan que no habrá marcha atrás, más que nada por dos cuestiones: porque es una decisión a rajatabla de Schiaretti y, segundo, porque perciben que la medida fue recibida positivamente por los usuarios.

El riesgo del oficialismo es que la decisión del ente de control sea insuficiente y que el malhumor retorne y se intensifique cuando Epec aplique en los próximos meses los aumentos que tiene previstos.

Para la oposición, especialmente para el radicalismo, es un eje político para tratar de causarle daño al oficialismo. Pretende alterar el eje y quitar el foco de las cooperativas y los municipios y concentrar las críticas en el desmanejo y la ineficiencia de Epec.

Ayer, en Villa Giardino, donde reivindicó para sí el derecho de poner el candidato a gobernador de Cambiemos, el radicalismo no solamente cuestionó el costo Córdoba y el descontrol de la empresa de energía sino que, además, ofreció un panorama desolador de la realidad provincial. Diagnosticó que la educación pública está desmantelada y no garantiza igualdad de oportunidades para los niños, que la salud ha colapsado por deficiencias edilicias y falta de profesionales, que el endeudamiento de la Provincia no para de crecer y que hoy supera los $ 72.000 millones, que la de Schiaretti es una gestión irresponsable en la administración de los fondos, precisamente, porque recurre a la toma de deuda en dólares para financiarse.

En el mismo documento que se gestó en Villa Giardino, la UCR hace una profesión de fe y ratifica su pertenencia a Cambiemos. Incurre ahí en una dualidad, en un desdoblamiento que le hace cuestionar en la provincia lo que está ejecutando como socia del Pro a nivel nacional. Porque, a grandes rasgos, el cuadro de situación que el radicalismo describe para Córdoba puede aplicarse, casi al pie de la letra, a lo que ocurre en el país.