el ex ministro de facto podría ser sentenciado a prisión perpetua

Denuncian a Martínez de Hoz por homicidio y asociación ilícita

La Secretaría de Derechos Humanos lo querelló por la muerte del economista Juan Carlos Casariego y el negociado conocido como "Caso Italo". También fueron acusados Guillermo Klein y Juan Alemann.

La Secretaría de Derechos Humanos se presentó ayer como querellante contra el ex ministro de Economía de la dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz, por homicidio calificado y asociación ilícita, por la muerte del economista Juan Carlos Casariego y el negociado conocido como "Caso Italo", causa por la que podría ir preso.
El anuncio fue realizado por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, en el Ministerio de Justicia, quien informó que "de llegar a una sentencia, correspondería la pena de prisión perpetua" y que también fueron denunciados Guillermo Walter Klein y Juan Alemann, ex secretarios de Planificación Económica y de Hacienda, respectivamente.


"Esta querella no es secundaria" y "prueba que Martínez de Hoz no sólo fue el autor del plan económico que llevó al asalto de las instituciones en marzo de 1976, sino que además tuvo una participación directa en actos propios" y "hechos concretos" del terrorismo de Estado, dijo Duhalde.

1976, un año emblemático

En la causa, radicada en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, Duhalde solicitó la detención, el llamado a indagatoria y procesamiento de quien estuvo a cargo de la economía desde 1976, año en que Martínez de Hoz dejó de desempeñarse como titular de la Compañía Italo Argentina de Electricidad (CIADE).

A través de ambos roles surgió la vinculación del entonces funcionario con la desaparición de Casariego de Bel, quien al momento de su secuestro, el 15 de junio de 1977, se desempeñaba como director del Registro de Inversiones Extranjeras y se negó a firmar la estatización de CIADE pagando un sobreprecio y como si fuera extranjera, como finalmente se hizo.

Secundado por Luis Alen, subsecretario de Protección de Derechos Humanos, y María Casariego, hija de la víctima, Duhalde informó que "ya la Justicia conocía el caso por una denuncia de la Federación de Entidades Gallegas", aunque explicó que el tratamiento de esa causa está parado.

"Atento al tiempo transcurrido y la necesidad de impulsar el conjunto de causas por lesa humanidad, no podíamos demorar", consignó el secretario, quien destacó que Casariego, funcionario de carrera, desapareció "por su negativa a acordar lo que a su juicio no correspondía" en relación a la compra de la CIADE.

Negociado escandaloso

El Caso Italo, al que Alen definió como "uno de los más grandes negociados de nuestro país", nació cuando el Estado compró la CIADE como si fuera una compañía de capitales extranjeros cuando era nacional y tras pagar, en bonos y moneda suiza, más de 394,5 millones de dólares, por bienes que Casariego valuaba en sólo 8, según explicó María, su hija.

"El caso Italo es uno de los casos donde más claramente queda a la luz cómo la política económica" fue "también una fuente de recursos que el Estado terminó pagando a grupos privados", agregó Alen.

Esta nueva causa es la tercera iniciada contra funcionarios y militares desde la Secretaría, junto a la querella contra la Junta Militar y otra contra Martínez de Hoz, por el secuestro extorsivo de los hermanos Federico y Miguel Gutheim, cuyo tratamiento está demorado por un recurso de queja solicitado por los abogados del ex ministro.

Casariego sabía que era un objetivo de los grupos de tareas y se lo sugirió a su hija un mes antes de la noche en que desapareció, cuando estaba citado para una reunión con Klein, su inmediato superior, contó su hija, quien también será querellante.

Klein luego manifestó no tener noticias sobre su paradero y le pidió a su esposa, ya fallecida, que no investigara el hecho "por el buen nombre" de su marido, agregó María.
El expediente que está en manos de Rafecas concluye que Casariego de Bel, de origen español, "desapareció como consecuencia de su negativa a avalar documentos que favorecieran la posición de la CIADE", cuya adquisición "fue producto de un complot urdido por personajes vinculados con la Italo".

A su vez, Duhalde y Alen coincidieron en denunciar las vinculaciones entre la cúpula económica, los funcionarios civiles y los centros clandestinos de detención como la ESMA.

De hecho, en cuanto al negociado Italo, informaron que Alemann, hermano de uno de los querellados, era representante de la Unión de Bancos Suizos, que realizó la compra.