De acuerdo a lo trascendido en los últimos días, la Corte Suprema de Justicia tendría los votos necesarios como para actuar en contra de la ley de estupefacientes, la 23.737, permitiendo la despenalización de la tenencia de drogas en pequeñas cantidades. La noticia ha despertado diversas reacciones en todo el país y el debate de si Argentina está en condiciones de afrontar una estructura que legalice las drogas.

En Río Cuarto las respuestas también son diferentes, a favor y en contra de la posible medida de la Corte. No obstante, en general se coincide en que debería haber programas de información y contención para los adictos. “Es necesario un debate más profundo, porque la medida sola no alcanza”, sostiene el responsable de la Clínica de la Familia, Amado Pauletti, quien continúa: “Son válidos los argumentos de la no criminalización del adicto, pero hace falta una ley sobre prevención de adicciones y educación que se extienda de aquí a 3 o 5 años”.

Según Pauletti, “es difícil plantear estos programas porque al final no se concretan”. Ejemplifica con los trabajos de educación vial y sexual que se han realizado en los colegios en los últimos años. “El debate se debe realizar con información real y con una base científica, donde la persona pueda elegir con el uso de la razón”, indica.

Otra de las organizaciones que viene trabajando fuertemente con el problema de las adicciones es la Asociación Nazareth. Su responsable en nuestra ciudad, Javier Cogno, coincide en la falta de prevención y acusa: “Es una cuestión económica, para sacar gente de las cárceles. Para esto usan el juego de la no criminalización del adicto”. Cogno agrega que “se puede discutir el tema, pero cada gobierno va y viene, pero al final nadie lo trata”.

El responsable de Nazareth asegura que desde los años ‘80 aumentaron mucho las adicciones y que la propuesta de la Corte no llevaría a resolver nada, “se orienta más a un genocidio que a una solución”.

Las consecuencias

PUNTAL les consultó a estos especialistas sobre las posibles consecuencias que traería la despenalización. “Es un efecto búmeran, va a ser mal interpretado y se encontrará en un clima de permisibidad”, firma Pauletti, y agrega: “Va a ser un mensaje flojo, en una sociedad proconsumo, que minimiza los riesgos de las drogas. Además, hay pocos contradiscursos desde ámbitos formales hacia aquellos sin compromisos de la sociedad”.

Por su parte, Javier Cogno sostuvo que la medida favorecerá a los narcotraficantes: “Si se permiten 10 gramos por persona, los narcos reparten entre varios pibes y de ese modo trafican legalmente. Aparte, no se controla actualmente lo legal, cómo se va a hacer con éstas”.

Desde Nazareth se indica que debería abrirse al diálogo, “pero no a la ligera, se debe consultar a idóneos”. Cogno finaliza: “Haría hincapié en la formación, porque la gente cree que está todo bien, pero no hay control”.

Desde el Municipio

En las distintas instituciones del Municipio, la postura enfrenta la necesidad de contención del adicto con el ejercicio de la justicia y el respeto por la Constitución.

Como ya refirieron los especialistas a cargo de instituciones que trabajan contra los efectos de las drogas, los responsables de salud de la ciudad coinciden: “Hace falta una estructura que permita el tratamiento del adicto y controle al narcotraficante”, como sostiene Gabriel Abrile, subsecretario de Salud (ver arriba).

Desde la jefatura de Drogas Peligrosas de la Policía departamental, el comisario Leonardo Hein prefirió no brindar una opinión sobre las controversial legislación.

“Somos una herramienta del juez y de la Justicia, nosotros debemos cumplir con lo que sea que se determine”, dijo.

Quienes sí dieron a conocer sus posturas fueron los concejales de los distintos bloques en el Concejo Deliberante.  Enrique Novo, del Frente de la Gente, encara el tema desde una mirada jurídica. Sostiene: “El legislador tiene un límite, que es el artículo 19 de la Constitución Nacional, es decir el derecho a la intimidad de la persona, y para modificarlo se tiene que cambiar toda la Constitución”.

Novo agrega: “No se puede invadir la esfera privada, el tema está en si el consumo personal afecta a terceros. Si los entendidos consideran que se debe producir una etapa de transición, entonces se debería concretar”.

Desde su óptica legal, el edil comenta: “Para algunos juristas sí se invade el espacio privado, porque el consumo se trata desde la intimidad y el Estado no puede inmiscuirse. Para otros se puede actuar porque luego se involucra a terceros, ya sea por las acciones del adicto en la vía pública o los actos para conseguir más droga”.

Guillermo Natali, de Unión por Córdoba, por su parte, coincide con la postura de la Corte Suprema, “con las herramientas de hoy se distrae mucho atrapando al pequeño consumidor y no se sigue al gran narcotraficante”, dice. Según el edil, “despenalizar la tenencia de drogas no provocará un aumento del consumo, porque en la actualidad cualquiera que quiere conseguirla lo logra”.

Para Natali, el rol del Estado debería ser “agarrar a las puntas del problema, los narcotraficantes, y a la vez hacer un fuerte tratamiento de contención y prevención”. El concejal concluye: “En realidad, la droga tiene que ver con otras cuestiones sociales como la marginalidad y la exclusión”.

Una postura diferente presenta la vicepresidenta del bloque Río Cuarto para Todos, Viviana Pomiglio. La edil sostiene que “no es buena la legalización de cualquier sustancia de este tipo, pero no se tiene en claro que esto es una despenalización”, y agrega “la ley no contempla un tratamiento para el adicto, dice que si la persona comienza a tratarse la causa se cae, pero en realidad no hay nada como para acompañarlo”.

“Se debe atacar al narco, no al que consume”, coincide con los otros concejales, y finaliza: “Me parece positivo sacarle la criminalización al adicto, pero el Estado no da garantías para la atención, lo que puede ser tan peligroso como la ley actual”.

Luis Schlossberg
lschlossberg@puntal.com.ar

Gabriel Abrile - Subsecretario de Salud

“La despenalización del consumo estaría bien si hubiese una estructura que penalice al narcotraficante”, sostiene Gabriel Abrile, subsecretario de Salud del Municipio, y agrega: “No tenemos redes de tratamiento que funcionen a nivel público, ésta sería una legislación muy desarrollada para que se pueda controlar”.

Abrile enfoca su posición puntualmente en la necesidad de contención: “Si bien el que consume es mayor de edad, no se contiene a la persona respecto de los efectos que pueda producirle la droga”.

El funcionario afirma que es el Estado quien debe responsabilizarse del cuidado de los adictos y de la prevención. “Deben realizarse campañas contra las drogas que expliquen cuáles son sus efectos”, asegura Abrile.

- ¿Se refiere a hacer campañas como se hizo con el tabaco?
- Sí, pero en otros países la difusión es mucho más dura, se muestran directamente los efectos del consumo de cigarrillos en las mismas etiquetas que compra el fumador.

Libertades y obligaciones

Abrile reflexiona en cómo el adicto involucra a terceros luego del consumo: “No se pueden hacer controles de drogadicción como se hace con los de alcoholemia para saber si una persona puede manejar o no”. Agrega: “Aún hay cosas por resolver, en un país del tercer mundo se buscan medidas del primero. Todavía no se planteó cómo mantener al adicto”.

Juez federal Ochoa
Medios insuficientes

“Los medios para aplicar esa ley son totalmente insuficientes”, había manifestado el juez federal Carlos Ochoa en una entrevista de PUNTAL la semana pasada.

El magistrado, que entre otras cuestiones aseguró que durante el 2008 el narcotráfico creció en nuestra ciudad, sostuvo: “Frente a la drogadicción, la ley penal tiene dos respuestas: la aplicación de la pena y la aplicación de las medidas curativas. El principio es, precisamente, que deben instrumentarse medidas que curen a la persona; la excepción es la aplicación de la pena”.

Desde la Legislatura
Sobre la ley de estupefacientes

La ley N° 23.737, que fue sancionada el 21 de septiembre de 1989, y promulgada dos semanas más tarde, es la que se pone en tela de juicio actualmente. Entre artículos que dictaminan multas y años de cárcel, la ley sostiene: 

* Art. 14.- Será reprimido con prisión de uno a seis años y multa de trescientos a seis mil australes el que tuviere en su poder estupefacientes. La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal. (En este sentido, en el artículo 15 se considera que “la tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes”).

*Art. 16.- Cuando el condenado por cualquier delito dependiere física o psíquicamente de estupefacientes, el juez impondrá, además de la pena, una medida de seguridad curativa que consistirá en un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el tiempo necesario a estos fines, y cesará por resolución judicial, previo dictamen de peritos que así lo aconsejen.

En este sentido, la ley continúa:

* Art. 17.- En el caso del artículo 14, si en el juicio se acreditase que la tenencia es para uso personal, declarada la culpabilidad del autor y que el mismo depende física o psíquicamente de estupefacientes, el juez podrá dejar en suspenso la aplicación de la pena y someterlo a una medida de seguridad curativa por el tiempo necesario para su desinformación y rehabilitación. Acreditado su resultado satisfactorio, se lo eximirá de la aplicación de la pena. Si transcurridos dos años de tratamiento no se ha obtenido un grado aceptable de recuperación por su falta de colaboración, deberá aplicársele la pena y continuar con la medida de seguridad por el tiempo necesario o solamente esta última.

Posturas a favor y en contra

A favor

 La ley de estupefacientes es anticonstitucional, porque no respeta el artículo 19 sobre las libertades en la intimidad.

 Se debe atacar a quienes comercializan las drogas, no a quienes las consumen.

 No se debe criminalizar al adicto, el Estado debe darle una contención para que trate su enfermedad.

 La despenalización reduciría el consumo de estupefacientes. Muchos lo hacen porque es ilegal.

En contra

 No se consideran las acciones de las personas bajo los efectos de estupefacientes en relación a otras personas.

 La despenalización del consumo de drogas facilitará a los narcotraficantes llevar a cabo su negocio.

 El país no está en condiciones como para mantener una estructura de contención para los adictos.

 Sin las campañas informativas y preventivas correspondientes, la medida sería un búmeran.

Desde la constitución
El respeto al artículo número 19

La discusión que respalda la despenalización de la tenencia de drogas en pequeñas cantidades, en contra de la ley 23.737 de estupefacientes, se ampara en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Sobre este segmento se han escrito centenares de libros, pues habla de las libertades individuales de las personas en su intimidad y de los límites del Estado en cuanto a intrometerse en esta privacidad. Dice: “Artículo 19: Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Lo que es cuestionado de este artículo en cuanto a las drogas, es el punto en el que la persona deja de actuar en intimidad y vincula a terceros. En este sentido, se considera si el individuo circula por la vía pública imprudentemente luego de haber consumido estupefacientes o si delinque para mantener su adicción.