Legisladores de la oposición manifestaron fuertes críticas a la ley contra la trata de personas aprobada el miércoles. Liliana Olivero, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, aseguró que castiga a la prostitución, no a las mafias que lucran con la explotación sexual. Argumentó que no era necesaria una nueva ley, porque ya había legislación para actuar contra el tráfico de personas, aunque aclaró que no se aplican por “falta de decisión política”. Además, advirtió que la policía y la Justicia no harán cumplir la nueva norma porque son “cómplices y garantes” del negocio.

“Estamos más preocupados que antes, porque le damos más poder a la policía que usa el Código de Faltas”, señaló Olivero. “Hay complicidad de la policía y de la Justicia, que de alguna manera han sido los garantes de la prostitución”, agregó.

La ley que aprobó el miércoles la Legislatura cordobesa ordena la clausura de los prostíbulos y whiskerías en todo el territorio provincial. Y fija, a través de un agregado al Código de Faltas, penas de 60 días para quienes la incumplan.

Puerta a la arbitrariedad

Este punto es duramente cuestionado por dejar la puerta abierta a la arbitrariedad de accionar policial.

“La Justicia no va a intenervenir, y con el Código de Faltas las víctimas no tienen posibilidad de defensa: el comisario las arresta, las juzga y las condena”, advirtió Liliana Olivero.

La legisladora provincial cree además que la ley “reclandestinizará” las redes de trata y criminalizará aún más a las trabajadoras sexuales. Y opina que éstas “van a seguir siendo sometidas por proxenetas”.

“Esta gente no se va a quedar de brazos cruzados: van a empezar a funcionar en departamentos, en edificios”.

Por otra parte, Olivero planteó que aún con la “batería legal para combatir la trata”, los sucesivos gobiernos no hicieron nada al respecto.

“Son leyes que no se cumplieron, como la ley de profilaxis y la ley de trata del 2008, con penas de hasta 3 años. No hay voluntad política para atacar los grandes intereses económicos que se manejan. Estas leyes fueron un fracaso en su implementación”, dijo la parlamentaria.

“No vemos proxenetas presos y sí vemos prostitutas presas”, resaltó.

Ofensiva económica

Luego de señalar que no se ataca a la red de empresarios y capitalistas de la explotación sexual instalados en Córdoba, dijo que una solución sería una ofensiva económica, bloqueando las cuentas bancarias de los proxenetas.

“Hay que abrirles las cuentas bancarias, quitarles el secreto bancario. Las redes utilizan los bancos y las aduanas y otorgan documentos”, apuntó.

Críticas a la policía

En otro orden de cosas, planteó serias dudas sobre cómo se hará el control del cumplimiento de la norma, ante todo por los vínculos de las fuerzas de seguridad con el negocio.

“¿Quién cuida los prostíbulos? La policía, porque es negocio para ella y para los municipios. No me cabe la menor duda de que la policía hace la vista gorda por coimas. Es contundente la ruta de la coima y la complicidad policial”.

En función de estos argumentos, Olivero sostuvo que hay que “desvincular” a la policía del control de la ley antitrata.

Por otra parte, cuestionó aspectos formales de la norma. Por ejemplo, que no definió la autoridad de aplicación. Y la tildó de ingenua por considera que la mujer con domicilio y DNI ejerce la prostitución en forma voluntaria.

“Además, se habla de prostitución propia y no de la ajena, que es la que involucra al proxeneta. Como no queda bien claro, la que termina en la comisaría es la trabajadora sexual”, aseguró la legisladora.