La ley de voto electrónico: debatir sin mentiras

Por Oscar F. González. Presidente provisorio del Poder Legislativo de Córdoba.

En la edición del 19 de abril, bajo el título “Voto electrónico: señalan vicios en la ley y dicen que será difícil aplicarlo”, Javier Smaldone, intitulado “experto en sistemas electorales”, expuso que la ley 10.420, relativa a la implementación en la Provincia de tecnologías electrónicas de votación, posee “vicios de fondo” y “falencias graves, como puntos que están reñidos con la consitucionalidad”, como también de que se habría hecho “a las apuradas” e incluso “contradiciendo lo que la propia Legislatura había decidido pocos meses antes”. Indica que se la sancionó sin pasar por ninguna Comisión del cuerpo que presido, entre otras severísimas críticas.
Si bien nos sorprendió la virulencia del comentario, el conjunto de mentiras e invectivas que el señor Smaldone vierte en la entrevista nos motiva y exige, en defensa de la transparencia, legalidad y honorabilidad de la actuación del Poder Legislativo de la Provincia, ciertas aclaraciones.
La primera falacia es catalogar a Smaldone de “experto en sistemas electorales”, tal como reza la nota. Un repaso de sus antecedentes por diversos portales de Internet, lo anuncia “desarrollador de software, orientado a la independencia de plataformas y al software libre”. Exhibe un paso por la Universidad Nacional de Río Cuarto, sin indicarse sus títulos de grado y de posgrado. Claramente, aún cuando la tuviese, una experticia en informática no acredita versación en el mundo de la legislación electoral y su implementación operativa.
Pero otros sí la poseen: para ello se constituyó la Comisión Especial de Reforma Política en el seno de nuestra Legislatura, con el propósito de tratar participativamente un segundo tramo de innovaciones legales e institucionales tendientes a mejorar la calidad de la democracia en la Provincia, tanto la introducción de tecnología electrónica en las votaciones como otros temas (voto desde los dieciséis años, ordenamiento del cronograma electoral, limitación de las reelecciones, financiamiento de la actividad política). La Comisión, conformada entre otros integrantes del cuerpo por los presidentes de todos los bloques, inició su tarea en marzo, manteniéndola durante todo el año.  En reunión de fecha 29 de marzo de 2016 -es decir, dentro del primer trimestre del año, y no a su mitad como lo indica Smaldone- el bloque de Unión por Córdoba propone el tratamiento del tema que nos ocupa, cumpliendo con la ley electoral 9.571, que en su artículo 184 prevé desde 2010 la obligación de incorporar gradualmente “un mecanismo electrónico de emisión del sufragio”. El 5 de abril de 2016, se acuerda entre todos los bloques iniciar una ronda de consulta con expertos en la materia, tanto del ámbito académico como del judicial y político.

Expositores

El 12 de abril de 2016 expusieron: Dr. Rubio, vocal del Tribunal Superior de Justicia; Dra. Vidal, jueza electoral; Dr. Namur, vocal de Cámara y miembro titular del Tribunal Electoral ad hoc; Dr. Pérez Corti, relator del Tribunal Superior. El entonces rector de la UNC, Dr. Tamarit, junto a los expertos Lic. Penazzi y el Ing. Montes. Además –Smaldone lo soslaya en su mirada del asunto–, concurrieron especialistas de la UTN: el decano de la Facultad Regional Córdoba, Ing. Héctor Eduardo Aiassa, y el experto Ing. Sergio Quinteros.
En reunión del 26 de abril de 2016, lo hicieron disertantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Salta, distritos donde rige el sistema de Boleta Única Electrónica: Lic. Zulcovsky (CABA) y diputado Cr. Mario Vilca,  Dr. Calabró, secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno y Dr. Ávila (Salta). El 18 de mayo, lo haría el gobernador Dr. Urtubey. En todos los casos, la mecánica fue siempre la misma: una exposición inicial a cargo del experto y luego preguntas de legisladores, tanto de los integrantes naturales de la Comisión Especial, como de otros que espontáneamente concurrieron a la reunión. De todas las reuniones hay actas y en las que se verificaron visitas de expertos, se registró versión taquigráfica y grabada.
El 16 de junio de 2016 expusieron el Dr. Zovatto, director regional de IDEA Internacional; Dr. Toffoli, ministro del Superior Tribunal Federal  de Brasil y el Dr. de Oliveira, secretario de Tecnología de la Informática de la Justicia Electoral de Brasil.
El 4 de agosto de 2016, el Bloque de Unión por Córdoba entregó al resto de los bloques de la Legislatura el “anteproyecto” de ley, al aguardo de su última lectura y aportes, para luego tramitar el proyecto definitivo por las comisiones de rigor. En ningún caso, como lo afirma falsamente Smaldone, hubo conclusión alguna de los legisladores en el sentido de que “no se aconsejaba implementar este sistema en la provincia”. El proyecto fue aprobado, con apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas, el día 21/12/2016 (ley 10.420) y fue –como sin dudas corresponde– uno de los proyectos más debatidos y estudiados por la Legislatura, de los que se aprobaron en 2016.

Mala fe

Es otra mentira que el proyecto no haya pasado por las comisiones permanentes de la Legislatura. Sus afirmaciones sobre “irregularidades” en la sanción son un disparate, y sólo puede decirlo quien desconozca el procedimiento de sanción de las leyes, o quien tenga mala fe: además de haber sido largamente tratado en la Comisión Especial, el proyecto recibió despacho de las comisiones de Legislación General; Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Convocar una Comisión Especial para abordar estos temas fue jerarquizar su debate. Si el  móvil hubiera sido restar trascendencia a la temática, no se habría realizado el enorme esfuerzo plasmado en reuniones, de las cuales oficialismo y oposición hicieron aprovechamiento.
No se trata de polemizar porque sí; somos respetuosos de todas las opiniones, pero no podemos dejar pasar este injustificado ejercicio de malicia. La democracia es tolerancia y respeto: por la verdad, por las mayorías. El proyecto en cuestión fue largamente trabajado, pacíficamente debatido y constitucionalmente aprobado. No debería perderlo de vista el autor de la entrevista citada. Es lícito debatir y también disentir, pero es válido ese disenso cuando no hay mentiras.