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29/03/2012 - delitos de lesa humanidad
Abuelas pidió 50 años de prisión para Videla por el robo de bebés
Las Abuelas de Plaza de Mayo solicitaron ayer la pena de 50 años de prisión en cárcel común para el dictador Jorge Rafael Videla y 15 para el último de los presidentes de facto, Reynaldo Bignone, por la apropiación de menores en el marco de un plan sistemático durante la dictadura.
"(...) Sin que nos muevan sentimientos de odio, de venganza o rencor brindamos por arribar a la inclaudicable justicia que consolidará la democracia y asegurará el nunca más", expresó la presidenta de la Asociación, Estela de Carlotto, quien pronunció las últimas palabras de la querella en nombre también "de la mayoría del pueblo argentino".
El resto de la banda
Ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6), el abogado Alan Iud, en representación de las Abuelas, pidió también 25 años de prisión para los ex militares Alejandro Gallo y Juan Antonio Azic, apropiadores de Francisco Madariaga y de la diputada Victoria Donda, mientras que para la ex esposa de de Gallo, Susana Colombo, requirió 15 años, por no haber pertenecido a las Fuerzas Armadas.
También pidieron que reciba igual pena que Bignone el ex jefe de la Armada Rubén Oscar Francos, mientras que para el ex comandante de institutos Militares Santiago Omar Riveros solicitaron que sea condenado a 19 años, ya que en su jurisdicción funcionó la maternidad clandestina de Campo de Mayo.
Tras la solicitud de penas, Iud exhortó a los represores acusados en este juicio a aprovechar esta nueva oportunidad que se les tiende como "un puente de oro" para que revelen el destino de cientos de criaturas desaparecidas que todavía resta encontrar, con la posibilidad de que se les reduzca la pena hasta un 50 por ciento. Además, y fuera de la lectura, Iud le reclamó a Bignone que cuando tenga la ocasión de decir sus palabras finales antes del veredicto aporte los datos que prometió en su última intervención, a no ser que esa promesa "haya sido sólo un lapsus".
"Como dicen los HIJOS, nuestra única venganza es ser felices; cada hijo aparecido es una derrota de la dictadura", sentenció el joven letrado, que en distintos tramos de su discurso se emocionó.
Al dirigirse al tribunal que preside la jueza María del Carmen Roqueta, los abogados pidieron que a Videla "se le impongan las máximas sanciones que impone la ley", la ley 25.928, sancionada en septiembre de 2004, por haber sido quien impartió las órdenes para la aplicación del plan, que contemplaba la separación definitiva de los chicos de sus familias biológicas.
Videla está acusado en este juicio por 21 de los 36 casos de sustracción de menores, 15 de los cuales nacieron cuando sus madres estaban en cautiverio.
Iud dio por probado que las apropiaciones se produjeron dentro de un plan sistemático que "cobró forma" luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y fue coordinado por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas.
"Al acusado Videla se le imputan los hechos sobre los que tuvo control como comandante en Jefe del Ejército", entre el 24 de marzo de 1976 y el 31 de junio de 1978, pero también se podría haber extendido su responsabilidad durante el periodo en que integró la Junta Militar, ya que "la cuestión de las embarazadas fue resuelta de común acuerdo", advirtió Iud.
Su compañero en la acusación, el abogado Mariano Gaitán, recordó la intervención del funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos Elliott Abrams, quien se interesó a nombre de su gobierno por el secuestro y la apropiación de menores.
Sostuvo que Videla y los otros comandantes "tuvieron los elementos" para hacer cesar el delito, restituyendo a los chicos secuestrados, pero no lo hicieron, ya que tenían un plan trazado respecto del destino de los hijos de detenidos-desaparecidos.
Archivos destruidos
Como agravante, la querella sostuvo que se trata de delitos de carácter "permanente" los cometidos por Videla en el caso de las criaturas nacidas en cautiverio que todavía no fueron recuperadas. Respecto a Bignone, recordó que fue el responsable de haber ordenado la destrucción de los archivos de lo actuado durante la represión ilegal y del posterior dictado de una ley de amnistía, según la cual los miembros de las organizaciones subversivas que no se encontraran en el exterior y reclamados como "desparecidos" se daban por muertos, y por lo tanto también las criaturas buscadas.




