Por Marcos Jure
Mauricio Macri cerró una semana de antología. A pesar de que sistemáticamente se ha negado a alterar el esquema de reducción de las retenciones para preservar al campo, prefirió cumplir con un viaje a Sudáfrica en vez de exponerse a inaugurar la Rural de Palermo. El Presidente sólo se dejó ver en la muestra el martes, un día antes de lo anunciado, presumiblemente para evitar cualquier acto o movilización en su contra.

Además, provocó un cimbronazo con el anuncio de reforma en las funciones de las Fuerzas Armadas, que se dedicarán a combatir el terrorismo y el narcotráfico, en una decisión que derivó en un profundo rechazo de la oposición y de los organismos de derechos humanos, que ven cómo Macri abre la puerta para que el Ejército se inmiscuya en la seguridad interior. 

Por último, para incrementar la presión fiscal en un momento delicado de la economía, pegó a un lado y otro de la pirámide social y decidió restringir las deducciones por hijo en el impuesto a las Ganancias, con lo que habrá familias que pagarán más por ese tributo, y limitar las asignaciones familiares con una reducción de los topes y la eliminación del plus por zona desfavorable con el objetivo de recortar 5.000 millones de pesos por año.

Las medidas fiscales tienen, por supuesto, un sentido económico-financiero. Y reflejan de manera elocuente la matriz conceptual e ideológica de Macri: va desarticulando los beneficios sociales, a los que, ya lo dijo, considera en realidad privilegios.

En cuanto a Ganancias, el Gobierno se aleja cada vez más de su compromiso electoral de reducir ese impuesto a la mínima expresión principalmente para los trabajadores. Desde que asumió, creció casi el 59 por ciento la cantidad de personas alcanzadas por ese tributo.

La reforma de las Fuerzas Armadas, que no sorprende en una gestión como la de Macri, también apunta a una necesidad del Gobierno aunque, por supuesto, de otro tipo. En ese punto influye casi exclusivamente la política. Agobiado por la economía, aquejado por una sucesión interminable de malas noticias en ese terreno, el macrismo instala ejes que puedan franquearle o afianzar el acompañamiento de un sector de la población. Su apuesta ha sido y sigue siendo exacerbar la grieta, mantenerla viva y latente, porque es la única manera que ha encontrado de que sus torpezas e ineficiencias en el manejo de la economía no lo hagan sucumbir.

El propio Macri ha blanqueado, tal vez no del todo intencionalmente, que la fundamentación de los cambios en las Fuerzas Armadas pasa por la especulación y lo numérico. “Le cayó bien a la mayoría de los argentinos”, una sentencia que actúa como justificación para el líder del Pro porque coincide con sus propios intereses. El Ejército, que en el país casi no tiene utilidad práctica, sí puede tenerla para la política.

Más allá de la afinidad ideológica que tengan Macri y los suyos con el nuevo rol del Ejército, el decreto 683 cumple esa función de instalar un eje de discusión que lo muestre con iniciativa y genere empatía con su electorado. Soslaya, porque lo considera intrascendente, que países como México, que usaron al Ejército para combatir el narcotráfico, han fracasado olímpicamente. O el hecho de que ninguna decisión gubernamental puede tomarse aislada del contexto y de la historia de un país, y que Argentina, aunque el macrismo insista con que no hay que quedarse atrapados en los 70, carga con un capítulo trágico y reciente que hace que se revivan fantasmas cuando se imagina a los militares otra vez con funciones puertas adentro.

En este punto, como ya ha ocurrido con otras cuestiones altamente sensibles, el Gobierno actúa con prescindencia de los antecedentes y las posibles consecuencias y antepone sus urgencias como elemento que le permite desentenderse de las derivaciones que sus decisiones pueden acarrear.

En su mayoría, la oposición ha salido a repudiar el decreto 683, que pone en manos del ministro de Defensa, Oscar Aguad, apodado El Milico, el diseño y la concreción de la nueva etapa de las Fuerzas Armadas. 

La polémica tuvo su episodio cordobés. Uno de los dirigentes peronistas que salió con contundencia a rechazar el nuevo rol del Ejército fue el gobernador Juan Schiaretti, que no ancló su argumentación en la historia sino en un componente práctico: los soldados no están preparados para combatir el narcotráfico.

Aguad, excandidato a gobernador, lo acusó de desconocer el decreto y le recomendó que resuelva sus propios problemas, por ejemplo, el de la inseguridad.

En el gobierno de Córdoba indican que, más allá de que están genuinamente en contra del decreto de Macri, el rechazo público le permite a Schiaretti ir diferenciándose cada vez más del Presidente.

Aliado clave en la primera etapa, el gobernador ahora apuesta a despegarse. “Va a ser cada vez más evidente. Incluso, en economía, a pesar de que al principio compartíamos algunos criterios, estamos muy lejos porque no han parado de cometer errores”, indican en Córdoba.

En el oficialismo consideran que si el antagonista en la pelea es Aguad, que ha sufrido un desgaste considerable desde su ascenso al poder nacional, el gobernador corre con ventaja. 

En el Ejecutivo cordobés se preparan además para una disputa que se viene y que vuelve a poner el eje en los recursos: la discusión por el presupuesto 2019.

Schiaretti está convencido de que el peronismo -y fundamentalmente los gobernadores- debe acordar con Macri la profundidad y el perfil del ajuste que se viene. El mandatario provincial sospecha que el Presidente hará una puesta en escena para simular que pretende acordar el presupuesto cuando, en realidad, apostará por el fracaso de las negociaciones. Así, especula Schiaretti, culpará al peronismo por la situación y reconducirá el presupuesto de este año, lo que le daría vía libre para meter el cuchillo del ajuste donde le parezca mejor.

“En ese escenario, Macri va a trasladar el recorte a las provincias. La Nación va a manejar recursos y los gobernadores padecerán un cuadro crítico. En esas condiciones, el Gobierno va a distribuir discrecionalmente los fondos y va a cerrar alianzas particulares que sean funcionales a sus intereses”, señalan en el Panal.

Aseguran que esa es la estrategia que impulsa Marcos Peña, el jefe de Gabinete, y que interpreta el pensamiento de Macri. El dialoguismo de Rogelio Frigerio, ministro del Interior, estaría perdiendo terreno.

En el schiarettismo remarcan que Macri está lejos de ser De la Rúa y que la crisis económica no garantiza su derrota. Plantean que el peronismo debe construir una alternativa con una nueva cara, que no permita una asociación directa con el kirchnerismo. 

Esa lectura es un nuevo motivo de desencuentro entre Schiaretti y De la Sota. En Córdoba provoca malhumor cada reunión del exgobernador con dirigentes cercanos a la ex-Presidenta. “Es una estrategia totalmente equivocada. ¿Qué cree el Gallego, que Cristina va a aceptar ir detrás de él con el caudal de votos que conserva ella todavía? Cualquier alternativa que la contenga va en contra de las chances de ganarle a Macri”, indican.

Schiaretti está centrado en tratar de conservar su territorio pero cuanto más débil esté el líder del Pro, más chances tiene de ser reelecto. Mientras tanto, apuesta por meter una cuña en Cambiemos con el nuevo pacto fiscal que les propuso a los intendentes. A pesar del rechazo inicial del radicalismo, el gobierno provincial tira de la cuerda para forzar un quiebre. El miércoles, la transferencia de 1.200 millones de pesos se firmará, estén o no los intendentes opositores. En el schiarettismo consideran que, con el agua al cuello, los jefes comunales firmarán y dejarán en soledad a Ramón Mestre, el intendente de Córdoba que aspira a sostener la pelea para erigirse en el principal opositor al gobernador.

A los intendentes la debable económica los agobia. Por lo bajo, los radicales admiten que no tienen demasiado margen para repudiar los fondos que ofrece Schiaretti.

En las reuniones que hubo en Córdoba, tanto de intendentes radicales como peronistas, imperó el mismo sentimiento de inquietud. Juan Manuel Llamosas, por ejemplo, volvió a Río Cuarto sumamente preocupado por la realidad que se avecina. Habrá caída de ingresos propios y los recursos que llegan desde la Nación ya mermaron el 20%. El ajuste del año próximo llegó antes de tiempo.

En ese contexto, Llamosas prepara una movida para reestructurar el área de asistencia a los sectores desfavorecidos. En la próxima semana se anunciarán cambios de gabinete que tendrán dos protagonistas centrales: Mauricio Dova y Camilo Vieyra. El intendente volverá a apostar  por su núcleo duro para afrontar una etapa en la que la crisis social ocupará el centro de la escena.

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