Como en los 90, comenzaron a verse las imágenes dramáticas que generan los programas de achicamiento. Hay despidos y las instituciones nacionales están sumidas en el conflicto. Los intendentes, complicados y sin margen de maniobra. Por Marcos Jure
Río Tercero. Fábrica Militar. El operario no puede terminar de leer la lista. Se le quiebra la voz cuando descubre a algunos de sus amigos entre los 59 despedidos. 

Villa María. Un hombre de unos 60 años, recio, duro, se lleva las manos a la cara y llora como un chico. Está entre las 42 personas que se quedaron afuera de esa Fábrica Militar.

Hasta ahora, han sido 101. Y según las declaraciones del cordobés Oscar Aguad, insistente candidato a gobernador y actual ministro de Defensa, serán 200. 

Son imágenes que vuelven, que repiten la historia. Desde los 90, cuando la política de Carlos Menem cerraba fábricas y privatizaba, que no aparecían con tanto dramatismo. Gente que pierde el trabajo. Que tiene una edad cruel para salir al mercado. 

Son la manifestación corpórea del ajuste, que ya ha dejado de ser un concepto, una abstracción numérica, para convertirse en tragedias personales, íntimas. 

¿Quién define los nombres de los sacrificados? ¿Cuáles son los criterios? ¿Los guía la idea de meritocracia, a la que adscribe un gobierno que no ha podido domar ninguna de las variables de las que se decía experto? ¿O los fija Aguad, el ministro que todavía no consigue solucionar un problema grande como un submarino?

En la semana que pasó, el ajuste empezó a mostrar sus dientes, a traducirse a la realidad.

El costado más dramático fue el de los despedidos. Por su brutalidad, su impiedad. Pero hubo otros que irán desatando, como un dominó endemoniado, también consecuencias sobre la vida cotidiana.

Los medios nacionales casi no lo reflejan. Consumen horas y horas en el escándalo de los cuadernos, como si no hubiera nada más. La corrupción y las coimas asociadas fundamentalmente a la contratación de obras públicas constituyen uno de los males argentinos, por supuesto. Pero no el único. Mientras tanto, el nivel de vida cae, la inflación sigue por las nubes y, como consecuencia, tal como lo admitió el propio Mauricio Macri, más gente no podrá cubrir sus necesidades básicas. “Sé lo que significa estar en la pobreza”, dijo el jefe de Estado. Textual.

Córdoba, la provincia que el Presidente siempre destaca como cuna del “cambio” y que le dio el 70 por ciento de los votos en el balotaje, salió especialmente castigada con los primeros efectos del ajuste.

Están los despidos. Los 101 de las Fábricas Militares. Pero también los gobiernos municipales, a los que la gente recurre cuando no puede comprar la comida o pagar los servicios, recibirán menos recursos. Se enteraron de que perderán el Fondo Sojero -en el caso de Río Cuarto son 2,5 millones al mes- y ronda en la Casa Rosada la idea de retraer cinco puntos en la coparticipación del IVA, que implicaría otro golpe cuantitativamente similar para las arcas de gobernadores e intendentes. 

En los últimos días, los jefes comunales de Unión por Córdoba salieron a expresar en toda la provincia cuáles serán las derivaciones de la eliminación del Fondo Sojero. Principalmente, se frenarán las obras. Sus apariciones en los medios, sus conferencias de prensa, han sido una advertencia pero, fundamentalmente, un intento por desviar el foco del costo político y dirigirlo hacia la Nación.

Los proyectos que no podrán concretarse generarán menos movimiento económico en los pueblos y ciudades, menos puestos de trabajo. Y los intendentes no quieren ser los depositarios del malhumor que provocará ese combo.

Unión por Córdoba practica en realidad un doble juego. A nivel provincial, los funcionarios de la gobernación no han sido especialmente críticos con las medidas de Macri -el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, indicó que eran previsibles- ni Juan Schiaretti se sumó a la movida de un grupo de gobernadores peronistas, que pretenden resistirse al recorte. Es más, apuesta por consensuar el presupuesto de 2019 y, por lo tanto, el ajuste.

Sin embargo, en la base, a quienes deben enfrentar el día a día en sus territorios, los intendentes, los envió a exponer su malestar por los fondos que no llegan y por los que no llegarán y a culpar directamente al gobierno nacional por su ineficiente manejo de la economía.

Entre la gente, principalmente en Córdoba, todavía se escucha el razonamiento que adjudica la crisis actual a “lo que se robaron”. Por supuesto que la corrupción kirchnerista causó efectos nocivos pero no explica la magnitud de la crisis.

Hubo problemas estructurales heredados pero la receta que aplicó el macrismo no sólo no revirtió el cuadro sino que lo agravó. Es una cuestión vinculada a lo sistémico, al perfil del modelo, más que a las conductas éticas.

La agenda mediática nacional ha instalado en el tope de sus preferencias a los cuadernos y las confesiones, pero ha condenado a la invisibilización temáticas que son medulares. Quienes pontifican por un país distinto, desembarazado de la corrupción gubernamental, a la vez ignoran que el país lleva dos semanas de inactividad en sus universidades públicas. Es decir, en una tentativa escala de prioridades, ubican a la transparencia como un ideal a conseguir pero, a la vez, confinan a la educación superior, a la que forma profesionales y científicos, al fondo de la tabla.

Cada vez que afronta un conflicto con los docentes, el gobierno de Macri es inflexible. A los universitarios, por ejemplo, les hace siempre la misma propuesta de aumento del 15%, a la que sólo altera la forma pero no el contenido.

Se asemeja a una provocación. Y la intención subyacente que se percibe en las actitudes de los funcionarios es  extender el conflicto, que las universidades públicas sigan cerradas. Como si quisieran transmitir el mensaje de que, en realidad, son prescindibles. No es una práctica nueva: ya la ejecutó Menem, cuando eternizaba los conflictos en las áreas públicas para justificar ante la sociedad su desguace. 

Una receta clásica.

Si se hace un repaso por las áreas federales que tienen presencia en Río Cuarto, la mayoría están paralizadas por los conflictos derivados del ajuste.

La Universidad lleva dos semanas con medidas de fuerza, que incluyen el no inicio de las actividades del segundo cuatrimestre. La Afip está con protestas por el esquema salarial que propuso el Gobierno. Anses también padeció la interrupción de la atención al público por un inconveniente inverosímil: sufrió una caída en el sistema informático que se extendió por ¡18 días!

La conclusión es lógica: el Estado es pura improducción y, por lo tanto, carece de sentido. Pero Macri sufre una complicación: el mercado tampoco le está funcionando. 

Con ese cóctel deberá encarar el próximo año, cuando se jugará su chance de reelección. ¿Está perdido? No, mientras al frente haya, como ocurre ahora, sólo un páramo.

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