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El bono, cuestionado antes de nacer y con alcance limitado

La medida fue presentada ante la fuerte pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, pero con el correr de las horas se fue diluyendo. Cerró la semana y el decreto que le iba a dar forma nunca apareció. Sin embargo, logró que la CGT desactivara un paro.  Por Gonzalo Dal Bianco

En el arranque de la semana, una reunión entre funcionarios del Gobierno y dirigentes empresariales y sindicales disparó un anuncio oficial de un bono de fin de año que sería obligatorio y que buscaría compensar la gran pérdida del poder adquisitivo de los salarios durante este año.

El primer dato que surgió después de la reunión fue que sólo los privados iban a recibirlo. Es decir, que el Estado nacional iba a obligar a las empresas a pagar algo que el sector público no estaba dispuesto a realizar y que dejaba afuera del beneficio a sus propios empleados.

Esto limita considerablemente el alcance de la medida, ya que en la Argentina hay poco más de 6,2 millones de asalariados del sector privado en el Sistema Integrado de Previsión Argentino (Sipa). Prácticamente no hubo crecimiento de esa cifra desde 2014, lo que muestra la incapacidad de la economía argentina de generar puestos de trabajo en los últimos cinco años.

En el universo de trabajadores hay 12,2 millones de personas, según los últimos registros de agosto. Eso implica que la mitad permanecerá afuera del alcance del plus de fin de año. Al margen quedarán unos 3,1 millones de empleados públicos, tanto de Nación como de provincias y municipios; los 489 mil de casas particulares, los 392 mil autónomos, los 346 mil monotributistas sociales y el 1,5 millón de monotributistas, que conforman el tercer aglomerado más importante de trabajadores en el país.

Pero el recorte de beneficiarios podría continuar porque las cámaras industriales, comerciales y de servicios de todos los niveles salieron rápidamente a advertir una obviedad, que es que no todas las empresas podrán hacer frente a este bono. La explicación fue simple: el momento económico muestra un derrumbe importante en las ventas y la actividad económica sigue sin encontrar piso. Especialmente muchas pymes están hoy enfocadas en sostenerse y evitar la caída. Hay que recordar que las pequeñas y medianas empresas son las responsables del 70% de los puestos de trabajo privado en la Argentina. Y es el sector más castigado por la crisis. Sobre eso, claramente hay realidades muy distintas dependiendo la rama de actividad, el tamaño, la zona geográfica en la que está radicada y si su producción está destinada al mercado interno o se fundamenta en las expotaciones.

Después de que la UIA disparara sobre el bono y cuestionara la obligatoriedad, al tiempo que advertía que más de la mitad de las industrias no lo iba a poder afrontar, ayer la Unión Industrial de Córdoba se plegó a las críticas. La central fabril de la provincia apuntó contra el bono y la obligación de informar a una repartición laboral 10 días antes de efectuar un despido. En el Cecis creen que el monto que deberían afrontar las empresas, que sería en dos tramos de 2.500 pesos cada uno por cada trabajador, podría financiarse con una prórroga de impuestos para evitar que muchas firmas recurran al mercado financiero a solicitar dinero a un costo demasiado elevado por las altas tasas de interés reinantes. El titular de la UIC, Marcelo Uribarren, dijo ayer que “ir a un banco a pedir plata para pagar el bono es una locura que va a terminar de agravarles la situación a las empresas, que no necesitan más dificultades”.

Lo cierto es que, ante el cuestionamiento, lo que parecía inminente comenzó a demorarse. Solamente hubo rumores imprecisos que fueron sumando confusión. Cerró la semana y tan sólo hubo trazos gruesos del decreto.

Mientras los sindicatos y las empresas esperaban conocer detalles de la disposición oficial trascendió que finalmente se resolvería un bono voluntario, que paguen aquellas firmas que están en condiciones de hacerlo, lo que llevaría a un magro éxito de la medida. También se mencionó la posibilidad de que el plus sea tomado a cuenta de futuros aumentos. Eso lógicamente fue cuestionado de plano por los gremios, ya que de esa manera no sería un refuerzo lo que recibirían para compensar la pérdida de los salarios, sino un adelanto de próximos ingresos. La naturaleza del plus cambiaría considerablemente.

La semana vuelve a dejar como conclusión que el Gobierno se apresuró otra vez con un anuncio que daba la sensación de estar cerrado y que luego entró en una penumbra interminable. Eso genera, nuevamente, mayor incertidumbre a la que ya provocan las condiciones económicas.

Hoy, ni los trabajadores ni las empresas tienen en claro en qué va terminar el decreto que la Casa Rosada está preparando.

Hay sí algunas certezas sobre lo que provocó este globo de ensayo: que la CGT desactive la medida de fuerza de 36 horas que estaba prevista para fin de mes, en simultáneo a lo que será la cumbre del G20. El Gobierno estaba interesado en ese objetivo para descomprimir la calle en un momento en el que van a abundar las movilizaciones contra la reunión de las principales potencias del mundo. Los líderes de la central obrera Héctor Daer y Carlos Acuña apuraron el paso para anticipar que “si hay bono, no hay protesta”. Eso les valió abundantes críticas de sectores más duros del sindicalismo, que juega su propia interna.