Por Marcos Jure
Mauricio Macri, que llegó con la promesa de que la lluvia de inversiones que provocaría su gobierno derivaría en un impulso de la economía y en una notable reducción de la pobreza, hoy está dedicado a distribuir no la riqueza sino la escasez. Para el año que viene, el ajuste comprometido con el FMI llegará a 200.000 millones de pesos, más otros 100.000 millones que deberán aportar las provincias.

Y, según trascendió después de las reuniones que los ministros nacionales mantuvieron con los jefes de finanzas provinciales, será el propio Presidente el que acordará en un mano a mano con cada gobernador la magnitud y el perfil de los recortes. 

Mientras tanto, el macrismo fue ofreciendo esbozos del ajuste que desea. A las gobernaciones llegó la información de primera mano de que la Casa Rosada pretende podar para 2019 fundamentalmente las partidas que llegan para obras y educación. En paralelo, a los cuarteles de bomberos de todo el país les comunicaron que el año próximo el fondo que reciben, que se compone con el 5 por mil de las pólizas de seguros contra incendio, pasará a integrarse sólo con el 3,9 por mil. Una merma del 22 por ciento.

Como contrapartida, Macri dio la semana pasada una conferencia de prensa, que careció de repreguntas y se alejó de la senda del realismo, que no considera que las retenciones sean un impuesto inteligente; así insinuó que no frenará el esquema de quita gradual que está en marcha.

Curioso concepto de inteligencia gubernamental tiene internalizado el líder de Cambiemos si en su escala de prioridades son recortables y prescindibles los recursos para educación pero intocable el compromiso con el campo, a pesar de que es un sector que estará en condiciones, ya sin perspectivas de sequía y con un dólar por encima de los 28 pesos, de resignar temporariamente ingresos mientras la enorme mayoría de la sociedad padece los efectos de la recesión y la pérdida de poder adquisitivo.

Los ajustes pueden ser más o menos crueles de acuerdo al criterio y la cosmovisión que guía a quien maneja la tijera. 

Lo que se está produciendo en el país -y se intensificará en las próximas semanas- es una disputa de la pérdida: quiénes sufrirán con mayor profundidad los recortes.

Ese tironeo no se limitará al ámbito nacional sino que se trasladará también a los territorios provinciales y municipales. Y, como siempre ocurre, en ese contexto pueden adquirir todavía más preeminencia quienes disponen de recursos para distribuir. Es decir, los gobiernos centrales, si no se encuentran débiles, están en condiciones de dejar a las administraciones  inferiores más expuestas a sus decisiones.

Hay, por lo tanto, más espacio para la política y la especulación.

Juan Schiaretti acaba de ensayar un movimiento que descolocó a sus principales opositores y que derivó en un intenso cruce de declaraciones.

A grandes rasgos, la Provincia propone un nuevo pacto fiscal con los intendentes, que implicará transferir a los municipios 1.200 millones de pesos del Fondo de Desarrollo Urbano. La principal modificación es que esas partidas hasta ahora debían devolverse y, con el acuerdo, pasarán a ser no reintegrables. La condición impuesta a los intendentes es que abandonen los juicios en contra de la gobernación por la distribución de la coparticipación. 

Ese requisito está direccionado. Sólo Ramón Mestre, el intendente capitalino que pretende enfrentar a Schiaretti el año próximo por la gobernación, y Oscar Tamis, el macrista intendente de Oliva, mantienen en los tribunales un litigio contra la Provincia.

El gobernador decidió realizar la propuesta del pacto fiscal como una salida para evitar que los municipios ingresen en una zona de profunda turbulencia financiera. Los planteos que han venido haciendo los jefes comunales en las últimas semanas son alarmantes en algunos casos, y la gestión de Unión por Córdoba ideó esa transferencia de 1.200 millones -más un fondo de asistencia financiera de 500 millones de pesos- como una manera de aliviar las castigadas cuentas municipales, que lo estarán aún más en los próximos meses.

Cambiemos venía planteando que la gestión schiarettista retiene fondos que, en realidad, tendrían que depositarse a los intendentes. De ahí que Mestre y Tamis hayan ido a la Justicia. 

La decisión de entregar 1.200 millones de pesos desemboca, principalmente, en dos efectos políticos. Por un lado, a pesar de los argumentos de que es una medida para solventar las necesidades financieras de los intendente, implica una admisión de que la oposición tenía al menos parte de razón en su reclamo por los fondos. 

En esos términos se ha expresado el Foro de Intendentes Radicales en un comunicado, en el que además exige que no se trate de una ayuda puntual y extraordinaria sino de una transferencia permanente a través de la coparticipación.

Pero, a la vez, la Provincia dejó a Mestre en una posición incómoda, que busca aislarlo o, al menos, mostrarlo hacia afuera casi en soledad.

Por un lado, si pretende recibir los recursos que le corresponderían, el radical debería desistir de la demanda que presentó en contra del gobierno provincial, una herramienta que pergeñó no sólo para incrementar los ingresos para su administración municipal sino para instalarse como el principal antagonista del actual gobernador.

Pero la principal motivación política del pacto fiscal apunta a resquebrajar el abroquelamiento que en algunos momentos, y sobre todo en la pelea por los recursos, mostraron los intendentes opositores. En un panorama de falta de fondos, caída de la recaudación y la coparticipación, suba de los costos fijos y la demanda social, en el Centro Cívico especulan con que la mayoría de los jefes comunales, acuciados por sus necesidades administrativas, firmarán gustosos el acuerdo para recibir una porción de los 1.200 millones de pesos.

En ese contexto, Mestre quedaría, según esta especulación, vociferando sin nadie alrededor y se debilitaría su estrategia de confrontación permanente, que se asienta en los reproches de centralismo y antifederalismo que le hace al gobernador.

Para evitar la lectura de la contradicción interna, en Cambiemos avanza la idea de dejar a los intendentes en libertad de acción. Si quieren firmar, que firmen, en resumen.

En paralelo, Schiaretti voló a París para conseguir en la tierra de los campeones del mundo un financiamiento de 150 millones de euros que destinaría a obras, el gran eje sobre el que pivotea su proyecto de reelección.

La movida política del gobernador con los intendentes demuestra a la vez un cambio de clima que se fue desencadenando a partir de la crisis nacional y la debacle de Macri en las encuestas. El oficialismo provincial, que había quedado golpeado y a la defensiva después del cachetazo electoral que padeció en las legislativas del año pasado, se siente ahora con la fuerza necesaria o, lo que es casi lo mismo, comprueba la suficiente debilidad del adversario como para tomar la iniciativa y pasar a la ofensiva.

Esa mutación habilita la interpretación de que Schiaretti está decidido a ir por otro mandato y que ha quedado archivado, al menos por el momento, cualquier ensayo de proyección nacional, como llegó a especularse en los meses anteriores.

Quien no entierra sus pretensiones presidenciales, y que ha insinuado en las redes sociales que podría ser un presidente de transición en un país que se descascara, es José Manuel de la Sota. El exgobernador, que se encuentra de viaje en el exterior, será el orador principal en un encuentro que la Federación Argentina de Municipios (FAM) prepara para fines de agosto en Córdoba capital. Esa entidad es comandada por la intendenta kirchnerista de La Matanza, Verónica Magario, con quien De la Sota ha mantenido una serie de contactos en los últimos meses.

En el esquema que tiene pensado el exgobernador, ese cónclave de la FAM debería ser el trampolín desde el que, de abajo hacia arriba, comience a construirse su nuevo, el tercero, intento de llegar a lo más alto del poder nacional.

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