El gobierno nacional se mostró incapaz de conectar con los efectos de la crisis económica pero ensayó un discurso peligroso para generar empatía con un sector de la sociedad. Por Marcos Jure
Suele ocurrir con los gobernantes. El poder va desconectándolos de la realidad y haciéndolos habitar en un mundo paralelo, propio, menos hostil. Y si existe una crisis, como la actual, ese fenómeno se intensifica o, al menos, se hace más ostensible.   

En 2007, cuando gobernaba España, José Luis Rodríguez Zapatero se sometió a un programa que se llamaba “Tengo una pregunta para usted”, en el que ciudadanos comunes interrogaban a figuras de la política. Esa noche, para su desgracia, un ciudadano se levantó y quiso saber: “Dígame, presidente, ¿cuánto cuesta un café en la calle?”. En su respuesta, Zapatero se equivocó olímpicamente y en los días siguientes no se habló de nada más en la política española que de la desconexión del gobernante con la vida cotidiana de los ciudadanos.

Durante las horas que pasó en Río Cuarto, en su segunda visita en 40 días, Mauricio Macri también fue un presidente desconectado. No por desinformado sino por ajeno. En su discurso, principalmente en las respuestas que ensayó ante la prensa en la Sociedad Rural, siempre arrancaba con una fórmula que decía “sé más que nadie que son momentos difíciles para la gente” pero su gesto y sus formas decían lo contrario. Porque, además, ofreció una imagen optimista de la realidad actual y la de los próximos meses pero que es negada continuamente por los datos objetivos. “Que se queden tranquilos”, recomendó el Presidente a quienes sufren la crisis. Un certificado de insensibilidad política, a pesar de que los equipos de comunicación, con Durán Barba a la cabeza, parecen haberle inculcado que un gobernante debe mostrar algún grado de empatía con los ciudadanos cuando están sumidos en la incertidumbre.

La agenda de gestión que Macri desarrolló en Río Cuarto fue casi una impostura; el sentido de la visita fue eminentemente político y anclado en el objetivo de iniciar el terreno de la recuperación, aún en plena crisis, en la tierra donde Cambiemos ganó con más del 70% de los votos. “Vuelvo a mi provincia”, remarcó el líder del Pro, con el gobernador Juan Schiaretti como expectador de privilegio.  En una fuerza política caracterizada por los discursos de corte motivacional, no es extraño que sondee la reconstrucción en un territorio cargado de simbolismo: “Aquí es dónde el cambio se inició”, suele recitar Macri.

Los oficialismos acostumbran a hacer política asentados en la gestión. Pero, por razones obvias, el Presidente llegó a Río Cuarto casi con las manos vacías: sin buenas noticias, sin anuncios de obras, sin reparto de recursos a los intendentes de la zona. Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, ya ni se esforzó en generar expectativa, por ejemplo, con la fecha de inicio de la autovía a Holmberg.

En medio del ajuste y de la inflación, la conferencia de Macri fue un muestrario de contradicciones para las que ni siquiera fue capaz de esbozar una explicación. La más flagrante fue su prédica contra la presión fiscal asfixiante que tiene Argentina y su práctica centrada en aumentar los impuestos.

Pero si la economía no da razones para ser feliz, un gobierno necesita ensayar una conexión diferente, anclada en otros temas. Por lo menos, para sostener la identificación con la porción del electorado más afín. Y eso precisamente es lo que está haciendo la gestión macrista. Tanto el Presidente como sus ministros pusieron el eje en dos debates controvertidos y que, por eso mismo, contribuyen a distraer la mirada de los problemas más perentorios de la economía: la política migratoria y la de seguridad. 

Es una acción válida ese intento por consolidar la empatía política con un sector de la sociedad; lo grave del gobierno de Macri es que lo hace apelando a la exacerbación de los peores instintos de la sociedad, en este caso la violencia y la xenofobia.

El Presidente y su equipo se muestran altamente incapaces de conectar con los padecimientos económicos de la gente pero no con los sentimientos menos elevados de una franja numerosa.

En conferencia de prensa Macri reiteró su criterio de endurecer las leyes migratorias, una pretensión que en tiempos de crisis suele interpretarse como una asignación de culpas: los argentinos no tienen trabajo porque los extranjeros se lo quitan.

Con esa postura coincidió, por supuesto, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, quien anunció el envío de un proyecto de ley para modificar el régimen migratorio. 

Bullrich fue, además, la protagonista de un episodio que recorrió el país y tuvo amplia repercusión. La noche del miércoles, después de comer en Doña Pancha, la ministra no sólo defendió la política de seguridad del gobierno, justificó al policía Chocobar por ejecutar a un ladrón por la espalda, sino que, además, declaró: “El que quiera andar armado, que ande armado. Argentina es un país libre”.

Como si la libertad pudiera ejercerse a través del uso de armas.

Varios de sus críticos repararon en la dicción trabajosa de la ministra y señalaron que cuando declaró lo que declaró estaba borracha. Más allá de si tomó o no algún vino de más que puede haber relajado sus frenos inhibitorios, las palabras de Bullrich expresaron con ferocidad una concepción gubernamental que parece surgir como una respuesta a las encuestas.

Bullrich obvió que la ley no permite andar armado así sin más; pero, incluso prescindiendo de las consideraciones jurídicas, el planteo político contiene un alto componente de peligrosidad. 

No se puede soslayar que su prédica por la liberación armamentista se produce en medio de un contexto de tensión social y de estrechez económica que sólo genera que la violencia viboree en la superficie, se olfatee siempre latente. Sus palabras pueden interpretarse como una apelación al sálvese quien pueda, como una incitación a fracturar aún más a una sociedad a través de la lógica del todos contra todos. 

Es, además, una admisión de que su política de seguridad, la que defendió con tanta vehemencia a la salida de Doña Pancha, es ineficaz porque comprende la posibilidad de que un sector de la población, contrariando el principio de que el uso de la fuerza debe concentrarse en el Estado, actúe por sí mismo.

Nadie del gobierno negó a Bullrich. Nadie la desmintió. Ella misma corrigió mínimamente lo que había dicho. Como para atenuar en algo su brutalidad.

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