La legitimidad que la comunidad universitaria había logrado del conjunto de la población se había manifestado con un acompañamiento amplio y diverso. La ocupación del campus modificó el perfil de la protesta y restó apoyos. Por Gonzalo Dal Bianco
La toma de la Universidad Nacional cumple hoy su noveno día y posiblemente sea el último. A las 14, una asamblea de los jóvenes que desde el jueves de la semana pasada a las 23 decidieron ocupar el campus y bloquear los ingresos y egresos daría por finalizada la protesta.

Anoche, los líderes del extenso reclamo aseguraban que los objetivos estaban cumplidos y que además el acuerdo nacional de los docentes universitarios precipitaba el final. “Este fue el hecho político del año”, se entusiasmaban. 

La mañana comenzará con un debate sobre el contexto, alrededor de las 10, para luego desembocar en la asamblea que decretaría el levantamiento de la medida de fueza.

Sin embargo, las más de 200 horas de toma dejarán ganadores y perdedores, dentro y fuera del predio universitario.

Para recopilar los capítulos hay que remontarse a febrero, cuando los docentes, antes del inicio del ciclo lectivo, recibían el último ajuste salarial por cláusula gatillo correspondiente a la paritaria 2017. A partir de allí comenzó una negociación por la recomposición para este año que se fue extendiendo hasta que, a fines de abril, la corrida cambiaria removió el tablero sobre el cual se proyectaban los porcentajes de aumento y todo se hizo difuso. El gobierno nacional se empecinó en un insólito 15% de incremento sin ajuste por inflación, que fue rechazado en varias oportunidades por los gremios, que volvían a las reuniones con los funcionarios y escuchaban siempre la misma oferta. Por momentos parecía provocativo.

Llegaron las vacaciones de invierno y el acuerdo seguía esperando, mientras la inflación proyectada ya se ubicaba por encima del 30%. Después del receso, los docentes riocuartenses decidieron no iniciar el segundo cuatrimestre y compartieron esa primera semana de huelga con todas las universidades del país. Después continuaron solos porque su federación -Conadu- tensó y aflojó la protesta en varias oportunidades, hasta que finalmente ayer terminó firmando el acuerdo con los funcionarios por una suba salarial de entre el 24 y el 26 por ciento por 8 meses y dos revisiones bimestrales. El gremio local había pedido rechazar esa oferta también.

Lo cierto es que ayer cerró la quinta semana consecutiva de paro en la Universidad Nacional de Río Cuarto, una de las medidas de fuerza más extensas de las que se tenga registro.

Pero aquella protesta de docentes fue sumando acompañamiento de los alumnos. Y el planteo salarial mutó a uno más amplio: por el financiamiento del sistema universitario luego de que se registraran interminables demoras en el giro de fondos a la UNRC. Hasta las autoridades hicieron planteos formales por recursos para funcionamiento. En medio de eso, también se anunciaron recortes para obra pública que estaba licitada y que esperaba la última firma para comenzar, tal como ocurrió en el campus con una batería de 16 aulas que quedó en la nebulosa. Cayó en un recorte de 3 mil millones de pesos que desde Jujuy el Ministerio de Educación le informó al conjunto de los rectores.

El Gobierno hizo mucho para que las universidades sean protagonistas de las protestas en los últimos seis meses.

En Río Cuarto hubo además un proceso de acumulación de legitimidad de los reclamos que llegó hasta la semana pasada. Incluso con un abrazo a la Universidad que rompió los límites de la ciudad y trascendió a nivel nacional, con participación de actores sociales, sindicales y políticos de diferente pertenencia. Allí también participaron las autoridades universitarias. Pocos días después se organizó una gran movilización que sumó al intendente Juan Manuel Llamosas, que reivindicó la importancia de la Universidad para la ciudad, la región y toda la provincia. Esa era la prenda de  unidad. La Universidad tiene una enorme estima en la población y había cierta certeza de que las políticas nacionales la estaban poniendo en jaque. Y la reacción llenó las calles.

Pero el quiebre llegó con la toma. La decisión de bloquear el ingreso y egreso del campus encerró el conflicto lejos de quienes venían apoyando desde afuera de la comunidad universitaria. Terminó con la simpatía extendida en la población y dividió todo lo que hasta allí venía junto.

La romántica toma del predio fue una herramienta de protesta extrema que enamoró a sus protagonistas y obligó a tomar distancia a muchos otros que, además de observar la ilegalidad y arbitrariedad del reclamo, tuvieron la claridad de anticipar el desenlace. Las autoridades de la institución dudaron y nunca pudieron mostrar certeza en su accionar. Intentaron abrir canales de diálogo con los responsables de la toma, pero no encontraron interlocutores válidos. La asamblea que funcionó en el campus era una rara avis. Nació de alumnos y luego mutó hacia una “asamblea social” que borró identidad y terminó confirmando que la Universidad estaba tomada por sectores externos a esa comunidad educativa. No faltaron los rótulos puestos desde afuera y errores propios que facilitaron las críticas. La última, el desembarco este miércoles a la noche de la diputada del Frente para la Victoria Gabriela Estévez, que permitió machacar sobre la idea de que era una toma política fogoneada por sectores de izquierda y el kirchnerismo. El genuino y fresco reclamo del inicio ya se había embarrado y los originales motivos de la protesta habían quedado lejos.

 

Comentá esta nota

Noticias Relacionadas