Por Gonzalo Dal Bianco
No todo puede ser ajuste. Eso reclamaron muchos sectores políticos, sociales y sindicales en los últimos meses cuando el Gobierno anunció que iba tras la búsqueda de un mayor equilibrio en sus cuentas para tratar de reducir el abultado déficit fiscal que lo llevó a tener serias dificultades en el manejo de la inflación y luego en el tipo de cambio por la corrida del dólar desatada a fines de abril. El rojo, que primero tuvo una estrategia de fuerte financiamiento externo acompañado por un nivel de emisión algo menor qu el que venía teniendo el país hasta 2015, se convirtió en un gran escollo cuando los mercados mundiales se cerraron y dejaron de prestarle a la Argentina. De allí la decisión de recurrir al FMI.

En el programa comprometido con el organismo internacional hay un objetivo de alcanzar un déficit del 2,7% para este año, que sería cumplible de acuerdo a las proyecciones; pero que se reduce fuertemente en 2019 hasta llegar al 1,3%. Esa meta hoy no está clara. Para alcanzar los objetivos Mauricio Macri diseñó una batería de medidas que apuntan a ajustar en casi todas las áreas del Gobierno, aun sabiendo que eso es sinónimo de conflicto. Comenzó con un recorte profundo de los subsidios, pero sólo con eso no iba a alcanzar.

Ayer, de pronto, hubo un giro inesperado por el sentido en el que se direcciona y también por el origen. El Fondo Monetario “sugirió” al Gobierno no sólo mirar los gastos, sino también prestarles atención a los ingresos. ¿Qué hay allí?

En ese punto hay un razonamiento elemental: si no se mejoran los ingresos y sus proyecciones, será necesario entonces profundizar más aún los recortes para alcanzar el equilibrio. Las posiciones de los platos se tienen que parecer, pese a los costos, para sostener el acuerdo con el FMI.

Por eso la indicación del organismo fue prestarles atención a los impuestos. Y allí posaron la mirada sobre las retenciones a la soja, un tema controvertido.

No habría que perder de vista que algunas semanas atrás la revisión sobre la quita gradual que se viene aplicando de 0,5% mensual sobre la oleaginosa y sus derivados fue un rumor que por momentos cobró mucha fuerza y parecía lanzado desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas, que conduce Nicolás Dujovne, el funcionario que mantiene un vínculo cercano con Christine Lagarde, la directora ejecutiva del Fondo. ¿Fue casual que después de aquellos rumores lleguen estas recomendaciones?

Cuando la revisión se instaló como posibilidad las entidades del campo salieron con virulencia a plantear el rechazo a cualquier modificación. Y recordaron que ya hubo cambios sobre los anuncios originales del Gobierno.

Es que a fines de 2015, cuando asumió Macri, se dispuso eliminar las retenciones a todas las exportaciones salvo a la soja y sus derivados, sobre los que se dispuso una quita del 5% por año. Al segundo año, en 2017, eso se suspendió porque el Gobierno entendió que el costo fiscal era muy elevado. En su lugar ideó el plan de quita mensual de medio punto porcentual que se viene aplicando desde enero de este año y que el Fondo sugiere ahora frenar.

La propuesta es detenerlas en 25,5%. Hoy, con las quitas aplicadas hasta aquí, son del 26,5%, lo que implica que en septiembre se haría efectiva la suspensión si se siguen “los consejos” del equipo de Lagarde. La fecha tampoco debería pasar inadvertida: es el momento de definiciones de la nueva campaña gruesa. A esa altura hay muchos planteos resueltos, que ahora podrían ingresar en la incertidumbre.

Al parecer no estaría en análisis la reinstauración de las retenciones a los demás granos, especialmente a maíz y trigo. Sería un despropósito porque en el caso de las gramíneas hubo una reacción demasiado importante en cuanto a crecimiento de hectáreas sembradas y niveles de producción, más allá de la contingencia de la sequía. Y eso implica que hay un sistema más sustentable por la rotación de cultivos y la mayor apuesta de gramíneas frente a las extractivas oleaginosas. De ese modo, el mayor volumen de granos, el consecuente aumento en los ingresos y el cuidado del máximo capital que tiene el sector agropecuario, como es el suelo, recomendarían no dar marcha atrás en este punto.

¿Qué hace posible el cambio en la soja? La necesidad. Las estimaciones económicas muestran que, suspendiendo el recorte en septiembre, el Gobierno podría garantizarse ingresos adicionales de unos 1.650 millones de dólares hasta fines de 2019 que en principio era la fecha dispuesta en el cronograma de retenciones. En el cierre del año próximo los derechos de exportación de la soja debía llegar al 18%. Si se transforman los dólares a pesos, la cifra rondaría los 46.200 millones de pesos, casi el 25% de los 200 mil millones que el Gobierno debe achicar como déficit para alcanzar las metas comprometidas.

Hay un plano político que es necesario incorporar. Al interior de la coalición de gobierno crecen las advertencias sobre el impacto del ajuste en las clases más vulnerables, más allá de que la Casa Rosada promociona que el gasto social está en su máximo nivel histórico. En todo caso la necesidad es la contracara de ese despliegue de recursos. Frente a eso, está la lectura, reflejada en numerosas encuestas de opinión, de que el mayor costo del ajuste cae sobre sectores de ingresos fijos, clase media, media baja y baja. El cambio en las retenciones iría en otra dirección; claro que no deja de llamar la atención que sea el propio FMI el que acerque la receta.

¿Y si el Fondo actúa políticamente para quitarle el costo al Gobierno frente a un aliado fuerte de Macri como fue el campo desde la campaña electoral hasta hoy? ¿Si la sugerencia busca allanarle al anuncio del freno a la quita de retenciones para que sea presentado como “exigencia del FMI” cuando en realidad era algo que estaba en carpeta y se había filtrado en rumores? El triángulo Macri, Dujovne y Lagarde guarda la respuesta.

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