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La Cámara de Apelaciones confirmó el fallo de primera instancia del tribunal de Villa María. Es por los 28 cesanteados
La sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, integrada por los doctores Eduardo Ávalos, Ignacio Vélez Funes y Graciela Montesi, rechazó el pedido de reincorporación de 24 de los 28 despedidos de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos.

Así, la Cámara confirmó el fallo de primera instancia del juez Roque Rebak y no dio lugar a la acción de amparo interpuesta por los cesanteados del mes de diciembre. Sin embargo, abrió la posibilidad para que reclamen una indemnización “por la vía que corresponda”. 

El abogado patrocinante de los despedidos, Carlos De Falco, contó  que analizan presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir las resoluciones de primera y segunda instancia.

“No me sorprende el fallo, pero sí los argumentos. Hay una relación de desigualdad entre trabajadores y patrones, y más cuando es el Estado. Hay trabajadores contratados con más de 15 años que hacían tareas regulares, no temporales como marca la legislación en materia de contratos”, explicó el letrado.



La sentencia



En su sentencia, y contradiciendo la posición de los demandantes, en este caso los trabajadores de la Fábrica Militar, los jueces resolvieron que en virtud del marco legal aplicable, “se observa que el mismo le permite al organismo demandado renovar o no los contratos formulados, ello, a pesar de que la evidente contratación de algunos de los accionantes por largo tiempo pudo haber generado en ellos una legítima expectativa de permanencia laboral que mereciera -a su entender- protección contra el despido ocurrido al finalizar la fecha del contrato -esto es, 31 de diciembre de 2017-”.

“No obstante ello -continúa el fallo en otro de sus párrafos-, ni la índole de las tareas, ni la prolongación del desempeño de las actividades dentro de la fábrica, pueden ser considerados extremos suficientes para entender arbitrario o ilegítimo el accionar de la Dirección General de Fabricaciones Militares al momento de definir la no renovación de los contratos”.

Por eso, la Cámara de Apelaciones de Córdoba consideró que “no se encuentra configurada la manifiesta ilegalidad requerida para la procedencia de la acción de amparo deducida”.

Incluso señalaron que si bien los accionantes pretenden ampararse en la doctrina del precedente ‘Ramos José Luis contra el Estado Nacional’, “el mismo no resulta aplicable al caso en concreto, atento a que si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que en dicha causa existía una evidente desviación de poder en la contratación de servicios por tiempo determinado, con el objeto de encubrir vinculaciones laborales de carácter permanente, tal temperamento estaba vinculado al reclamo indemnizatorio efectuado por el actor en virtud del despido sufrido y no vinculado con la reincorporación a su puesto de trabajo, condición que no resulta ser materia de reclamo por los actores, sino su reincorporación”.

Es decir, la Cámara rechazó la reincorporación de los 24 cesanteados, pero abrió una puerta al reclamo de una indemnización (De Falco contó que algunos trabajadores ya han iniciado esta demanda). 

En este sentido, la Cámara remarcó que los despedidos deberán acudir “por la vía que corresponda” para que se reconozca eventualmente su derecho a una indemnización.



Martín Alanis.  Redacción Puntal Villa María

 

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