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Casi ocho meses después, la Justicia activó el caso Simón

El fiscal Pizarro convocó a los integrantes del partido Respeto para que ratifiquen la denuncia contra el extribuno de Cuentas por la contratación de una empresa vinculada a él. Piden que se cite a declarar al exfuncionario

Pasaron casi ocho meses desde que se presentó la denuncia contra Emilio Simón, quien entonces era presidente del Tribunal de Cuentas, por incompatibilidad y mal desempeño en el ejercicio de la función pública. Y recién ayer la investigación se activó.

El caso explotó en julio del año pasado, cuando se descubrió que el restobar Barcelona le había facturado a la Municipalidad más de 271 mil pesos por servicios de catering. El reproche principal era que ese comercio había sido propiedad de Simón hasta poco tiempo antes de ingresar a la función pública y que el entonces tribuno realizó una transferencia de las acciones a su novia, con quien tiene una hija en común. Así, podría ser funcionario y proveedor a la vez.

La polémica terminó provocando la salida de Simón del Municipio, después de que el intendente Juan Manuel Llamosas le pidiera que se tomara una licencia de 15 días, al término de la cual, como el escándalo no se atenuaba, se le solicitó que diera un paso al costado.

En medio de la polémica, el partido Respeto presentó una denuncia en la Justicia provincial para que se investigara si Simón había incurrido en un delito. El caso está en manos del fiscal Luis Pizarro. Pero como a juicio de los denunciantes no había ocurrido nada desde julio a esta fecha, su abogado, Miguel Martínez, presentó la semana pasada una nota en la que reclamó que se citara a declarar al propio Simón y al secretario de Gobierno, Mauricio Dova.

La decisión del fiscal fue, primero, convocar a los dos denunciantes, Pablo Carrizo (exconcejal) y Alejandro Saffadi (actual tribuno de Cuentas), para que ratificaran el contenido de la denuncia.

Ayer fue el turno de Saffadi, quien estuvo ante el fiscal durante casi dos horas. En los próximos días, comparecerá Carrizo.

Martínez, el abogado de Respeto, manifestó que espera que la semana próxima sean convocados quienes fueron mencionados en la denuncia.

En su declaración de ayer, Saffadi expuso principalmente sobre el circuito administrativo que deben seguir los gastos municipales para cumplir con los requisitos formales y legales.

El tribuno de la oposición señaló que los gastos de catering están incluidos en las partidas destinadas a ceremonial y protocolo y que, por lo tanto, no deben recibir visación previa del Tribunal de Cuentas, como sí ocurre con la gran mayoría de las demás erogaciones.

Los trámites

Saffadi detalló cuándo debe hacerse una licitación, cuándo es necesario un concurso de precios y en qué casos es posible realizar una compra directa. En las contrataciones que se hicieron al restobar Barcelona, el gobierno tuvo la facultad legal de realizar la contratación por vía directa sin tener que recurrir a ninguno de los tres instrumentos que habitualmente se usan en las compras.

“Para esos gastos, se convoca a quienes están en el registro de proveedores para servicios de catering y se les compra directamente. Incluso, no hay un límite establecido para el monto del gasto porque es una facultad del intendente. El único tope es la partida propiamente dicha para protocolo y que está establecida en el presupuesto anual”, planteó Saffadi.

El tribuno de Respeto agregó que el caso Simón no surgió por una actuación del Tribunal de Cuentas, que Simón presidía entonces, sino por una investigación periodística. De hecho, el órgano de control nunca se expidió sobre las contrataciones a Barcelona. Incluso, ayer Saffadi presentó una nota ante el presidente del Tribunal de Cuentas, Ariel Bathauer, para que esas facturas, que deben ser revisadas recién después de que el gasto se autoriza y se ejecuta, sean tratadas y analizadas.

“Nosotros creemos que el delito es la incompatibilidad. Emilio nunca se contrató a sí mismo pero no podemos ser ingenuos y negar que hay una relación entre él y la empresa. Públicamente negaba ser parte del negocio pero se lo había transferido a su mujer. Uno puede concluir que fue premeditado el traspaso de las acciones. Pero, al final, la plata que le cobraban al Municipio iba a la misma casa. Por eso planteamos la incompatibilidad”, dijo Saffadi.