Lo hizo ayer en el comienzo de la sesión del Consejo Superior. La Universidad no logró todavía comenzar con el dictado de clases del segundo cuatrimestre por las medidas de fuerza de los docentes
Poco después de que finalizara la protesta docente en la plaza Roca por la falta de acuerdo salarial con el Gobierno, el rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Roberto Rovere, expresó ante el Consejo Superior su “profunda preocupación por la ausencia de predisposición de las autoridades ministeriales en la búsqueda de instancias de superación de las adversidades que ponen al sistema universitario en un estado de alerta” y pidió a los funcionarios que “solucionen en forma inmediata la situación salarial de los trabajadores que componen las instituciones universitarias del sistema público” y que “se garantice el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución del Presupuesto Ley 2018”, así como también que el Estado nacional asegure el diálogo “como instrumento para dirimir los conflictos en democracia”.

La máxima autoridad universitaria local se pronunció en estos términos ante los consejeros superiores, en el marco de la sesión ordinaria realizada ayer. Luego, el cuerpo colegiado hizo propia esta postura, algo que decidió luego en votación unánime.

Rovere enfatizó que “el Estado debe garantizar el financiamiento de la educación pública en todos sus niveles, generando las condiciones necesarias de sustentabilidad”. Dijo que “la dignidad del trabajo docente y no docente supone salarios justos”; al tiempo que sostuvo que “los legítimos reclamos salariales, acuerdos paritarios y su cumplimiento, son derechos irrenunciables de los trabajadores y se constituyen en actos de educación ciudadana”. Y remarcó: “Hoy nos encontramos con una propuesta que insiste en un techo salarial de tan sólo el 15 por ciento para ambos sectores de trabajadores, valor que dista mucho de la inflación proyectada para el año en curso”.

El rector recordó que “la Universidad Nacional de Río Cuarto en su estatuto sostiene que es una entidad de derecho público, una institución académica, una comunidad de trabajo que integra el sistema nacional de educación pública en el nivel superior y que afirma a la educación como un derecho social tácito a fin de garantizar una ciudadanía plena en el marco de una democracia social”.

“La Conferencia Regional de Educación Superior 2018 (CRES 2018) reafirmó que la educación superior es un bien público y social, un derecho humano y un deber de los estados. En su declaración final sostuvo que estos principios se fundan en la convicción profunda de que el acceso, uso y democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico, esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración social solidaria latinoamericana y caribeña”, agregó el rector al leer un documento.

Y remarcó que el Consejo Superior, por resolución 073 del 29 de marzo de 2017, expresó que “garantizar el derecho a una educación de calidad para todos y todas es fundamento y condición de la vida en democracia”.

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