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El reclamo por la liberación de Sala sigue vigente, dicen enviados de la ONU
Se reunieron con la dirigente en el penal de Jujuy

Tras finalizar la misión en el país, el Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria ratificó ayer que "sigue vigente" su reclamo al gobierno nacional por la liberación de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, que está presa en Jujuy desde enero de 2016.

En conferencia de prensa, los expertos en derechos humanos Elina Steinerte y Sètondji Roland Adjovi aclararon que la visita a la Argentina respondió a una invitación del gobierno de Mauricio Macri y no tuvo como punto central la detención de Sala,  sobre la que se expidieron el año pasado y catalogaron de "arbitraria".

Sin embargo, ante las reiteradas preguntas sobre el caso de la dirigente social, Roland Adjovi explicó que si la liberación no se produce, se "va a reflejar en el informe anual (del grupo) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU".

"Y veremos cómo el gobierno argentino podría cumplir con el mandato", subrayó el experto oriundo de Benín, que junto a su colega se entrevistó con Sala la semana pasada en el penal de Alto Comedero, en Jujuy, donde la dirigente tiene prisión preventiva, aunque no dieron detalles del encuentro.

A la vez, sobre el informe de las condiciones de detención del país, Roland Adjovi evaluó que la "invitación del Gobierno tiene un compromiso" del Poder Ejecutivo de acompañar sus recomendaciones y "tomar decisiones en ese sentido".

"Creemos que el Gobierno tenía intenciones de escuchar y no hay motivo para pensar que eso no va a pasar", subrayó el integrante del grupo.

A la conferencia que brindaron en la sede local de la ONU, en Junín 1940, de la Capital Federal, asistieron colaboradores de Milagro Sala y del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, interesados en los resultados de la misión.

Los enviados de la ONU también se entrevistaron con Morales la semana pasada, antes de revelar los datos preliminares de su informe.

La líder de la Tupac Amaru, que se encuentra de detenida desde el 16 de enero de 2016 en el penal de Alto Comedero, enfrenta varias causas judiciales relacionadas con "defraudación a la administración pública" -por el manejo de fondos para la construcción de viviendas- y "daños" -por un escrache a Morales en 2009-, entre otros cargos.

El grupo de trabajo de la ONU calificó el año pasado de "arbitraria" su detención y ese pronunciamiento se sumó a los pedidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la Organización de Estados Americanos (OEA) a favor de la liberación de la dirigente social hasta que quede firme alguna sentencia en su contra.

El gobierno nacional, en tanto, consideró que se trataba de una cuestión netamente judicial, por lo que evitó interceder.

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