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Facundo Trotta: “Quien se oponía a los crímenes era ‘invitado’ a renunciar”
En diálogo con PUNTAL, el letrado analizó el desarrollo del juicio. Indicó que las pruebas documentales son contundentes y que los imputados no tomaron medidas para investigar delitos que les denunciaban

“Mientras estas personas estaban a disposición de la Justicia, los jueces, los secretarios, fiscales y defensores tomaron conocimiento de estas circunstancias y en ningún momento tomaron medidas tendientes a determinar cómo ocurrieron realmente los hechos”, señaló a PUNTAL Facundo Trotta, fiscal en la causa que tiene como imputados a exfuncionarios de la Justicia Federal por su falta de acción ante denuncias durante la última dictadura.

El letrado analizó el avance del Juicio a los Magistrados y destacó que las pruebas contra los acusados son contundentes porque, más allá de la gran cantidad de testimonios en contra de Antonio Sebastián Cornejo, Miguel Ángel Puga, Carlos Otero Álvarez y Ricardo Haro, los expedientes de los operativos son muy claros.

La causa, de la que Trotta participa desde un comienzo junto a Carlos Gonella, luego del apartamiento de varios fiscales federales por un vínculo con los acusados, tuvo la elevación a juicio a cargo del letrado y luego se retomó con el inicio del juicio junto a Gonella.

“Tras haber escuchado a varios testimonios, observamos que todos manifiestan lo que ya habían dicho en la instrucción, sobre el rol que desempeñaron los integrantes de la Justicia Federal en las causas que tramitaban en relación a infracciones a la ley 20.840”, consideró Trotta, y sostuvo que el hecho de que “las víctimas hayan sufrido torturas en los centros clandestinos de detención no es novedad, porque en todos los juicios se viene acreditando esto, no sólo por los testimonios sino por lo que dicen las sentencias”.

Según el fiscal de la causa, “gran parte de los hechos de esta causa también formaron parte de la causa de la UP1 y allí se acreditó que las personas eran retiradas de la unidad penitenciaria, fusiladas, y luego se presentaban esos fusilamientos como supuestos enfrentamientos armados, lo que a primera vista ya se advertía que era una farsa, porque no se podía explicar cómo se retiraba a la persona a prestar declaración a la justicia militar a las 20 hs.”.

En tanto, consideró que en el caso se suma la gran cantidad de denuncias que ponían en conocimiento a las autoridades judiciales las torturas a las que eran sometidos los detenidos en los campos de concentración. “En el caso de Luis ‘Vitín’ Baronetto, en la misma acta donde denuncia las torturas, da cuenta de que tiene una lesión en el ojo y todavía se manifiesta, por lo que quien le tomó declaración en el momento percibía las huellas de la tortura. Sin embargo, ningún juez hizo nada para determinar quién fue el responsable de esas torturas”, explicó Trotta.

- Esta semana fue clave el testimonio del ministro Luis Angulo en el juicio.
- Sí, tuvimos la posibilidad de contar con el testimonio de algunos abogados, incluso de quien actualmente es el Ministro de Justicia de Córdoba, Luis Angulo, quien defendía a Baronetto y a su esposa, Marta González, quien indicó que el plan sistemático de exterminio implementado  desde el 24 de marzo de 1976 necesitaba de un sistema de Justicia que no se opusiera a los objetivos de los militares cuando asumieron el poder.

- ¿Cuánto aportan testimonios de los abogados como voces autorizadas sobre los hechos?
- Es muy importante en este caso, más allá de que los hechos son incuestionables por las pruebas con las que se cuenta. Estas voces dan cuenta de que, aún habiendo una dictadura, se mantenía un Código Procesal y una Constitución que, a pesar de sus limitaciones, imponía la obligación a los funcionarios judiciales a investigar todo hecho delictivo del que tomaban conocimiento durante el ejercicio de sus funciones. Estos testimonios destacaron, además, que no todos los magistrados se comportaron del mismo modo, sino que muchos respondieron, como es el caso de Daniel Pablo Carrera, quien fue destacado por la notable tarea que desempeñó en su resguardo de las garantías constitucionales de las personas en ese momento, quien llegó a integrar la Cámara de Apelaciones y prácticamente lo invitaron a renunciar.

Trotta señaló que Pablo Carrera, hijo del juez, fue llamado para que se incorporara como un nuevo testigo en la causa, a partir de una entrevista que le realizó el periodista cordobés Tomás Méndez, en la que precisó que su padre fue obligado a renunciar porque no se había adaptado al proceso de reorganización nacional. “Es un indicador de que quienes no eran invitados a renunciar eran los que resultaban facilitadores y hacían la vista gorda a los crímenes que se cometían”, aseguró al respecto el fiscal de la causa.

Muchas pruebas

“A diferencia de los otros juicios, donde la mayoría de las pruebas son testimoniales, nosotros tenemos todo documentado, los magistrados firmaban las actas, por lo que es imposible que pudieran desconocer que eso se dijo en el expediente”, explicó el fiscal Trotta, quien subrayó que “aún cuando se advierte en alguna estrategia defensiva donde pretenden hacer referencia a que Otero Álvarez no firmaba y lo hacía otro empleado, esto es algo que puede haber sucedido en una o dos actas, pero no en todos los expedientes donde consta su firma”.

El fiscal de la causa de los Magistrados consideró que los hechos en sí “no se pueden desconocer, lo que sí se puede discutir es si ellos tenían el deber, o no, y si estaban en condiciones de realizar las investigaciones frente a los crímenes teniendo en cuenta que estábamos en una dictadura militar. De todas formas, muchos de los hechos ocurrieron en el año 1975, durante un gobierno democrático”.

- Hasta el momento el juicio se desarrolló con normalidad. ¿Qué balance se hace del proceso?
- Es una causa que tiene buen desarrollo, aunque es un proceso complejo porque se integra un tribunal con jueces de tres lugares, y cada uno en su ciudad tiene otros juicios, por lo que hay que buscar días para realizar las audiencias, aunque hemos podido armar un buen cronograma. Va a llevar un tiempo pero creo que para octubre podremos ir concluyendo las audiencias, siempre y cuando se siga con el ritmo que tenemos, de dos o tres testimonios en cada fecha, de acuerdo a su duración.

- ¿Qué testimonios se esperan para las próximas audiencias?
- La mayoría de los testigos que declararán en las próximas audiencias son personas que estuvieron a disposición de la Justicia y ya prestaron declaración testimonial en la instrucción. En general son personas que pasaron por el Departamento de Informaciones del D2, y en esa situación fueron sometidos a salvajes situaciones de tortura, hechos que fueron denunciados y que no se investigaron. También hay hechos vinculados a detenciones y allanamientos ilegales, que demuestran cómo realizaba los procedimientos el personal del D2, y los homicidios que ya han sido juzgados en otras causas como la de la UP1.

- La mayoría de los testimonios apuntan contra Otero Álvarez, ¿qué se habló en las audiencias sobre los otros imputados?
- A Cornejo los testigos no lo recuerdan, su participación se da por la intervención en los expedientes con su firma. Algo similar a Puga, aunque a él sí lo mencionan en varios testimonios. La responsabilidad de Puga, de todas formas, está vinculada a los homicidios de los que tomó conocimiento y algunas torturas que denunciaron y no actuó.

- Sobre Ricardo Haro se hizo referencia a su intervención y sus cargos dentro de la Justicia Federal.
- Sí, sobre Haro es cuestionable lo que se indica que hacía presentaciones sobre las personas detenidas y que esto resultaba molesto, porque cuando lo cambian de lugar pasa de ser defensor oficial a vocal de la Cámara de Apelaciones, la que declara la nulidad de los procedimientos, la que hace el control de la actuación del juez federal, si hubiera sido una molestia lo hubieran invitado a renunciar como hicieron con Carrera, no se lo deja en un tribunal de contralor de instancias de recusación sobre las definiciones tomadas por un juez.


Luis Schlossberg

 

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