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Una prueba que complica a Miguel Ángel Puga

En el marco del Juicio por la Verdad, que se desarrolló entre 1998 y 1999, por pedido de la Corte Interamericana para que las víctimas de la dictadura pudieran saber lo que ocurrió en sus casos, numerosos testimonios se prestaron en la Cámara Federal de La Plata.

El procedimiento tenía como objetivo averiguar qué pasó con los desaparecidos durante la última dictadura y descubrir quiénes fueron los responsables del genocidio. La investigación tuvo más de 2.200 expedientes y declararon más de 900 víctimas.

Si bien se prestaron declaraciones clave como la de Miguel Ángel Pérez, quien disparó en la UP1 contra Raúl Bauducco, no sirvieron para su condena, sino que luego se debió demostrar nuevamente el hecho en otro juicio.

En este marco, Miguel Ángel Puga se negó a declarar y, en cambio, presentó un extenso escrito que ahora sirve como documento para la actual causa. En el mismo se refiere a todos los hechos en los que estuvo vinculado y da indicaciones sobre qué juzgados trataron cada caso, incluso con nombres de quiénes estuvieron a cargo.

“La obligación de indagar sobre los hechos ocurridos, para reconstruir la verdad histórica, obliga a formularnos preguntas que hacen al protagonismo asumido por los magistrados intervinientes, fiscales y abogados defensores en cada caso”, señaló Puga en aquel documento presentado al Tribunal.

Luego agrega: “¿Cómo se explica que la eliminación de treinta detenidos, que se encontraban a disposición de la Justicia Federal y/o el PEN, ocurridas en el curso del año 1976, recién comienzan a ser investigadas en el año 1983?”.
Entre los fundamentos que presenta en su documento, Puga sostiene que si alguien desea saber cuál fue su “conocimiento” de los hechos investigados, debería consultar los expedientes judiciales de la época, “donde cada parte estuvo representada y patrocinada jurídicamente”, precisa uno de los imputados sobre su desempeño como exjuez federal.

“Los fallos que dicté como juez hace aproximadamente 23 años han pasado en autoridad de cosa juzgada y, como tal, ha adquirido inimputabilidad”, dice Miguel Ángel Puga, quien concluye: “No puede ser cuestionada ni sometida a nueva decisión admisiblemente, cualquiera que fuere el sentido de este, ni en el mismo ni en distinto proceso”.

 

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