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El Gobierno admite que recortó mal “algunas” pensiones por invalidez
Tras un nuevo fallo adverso a la apelación del Ministerio de Desarrollo Social, Germán Garavano dijo que “ahora el desafío es distinguirlas con un trabajo muy fino” de las que consideró eran un “abuso”

Tras el fallo que ordenó al Gobierno a restituir 170 mil pensiones por invalidez, el ministro de Justicia, Germán Garavano, reconoció ayer que algunas "estuvieron mal recortadas", pero aclaró que hay que hacer "un trabajo muy fino" para distinguirlas de otras a las que consideró como "abusos".

"Algunas de las pensiones estuvieron aparentemente mal recortadas, pero otras eran abusos. El desafío es distinguirlas con un trabajo muy fino. Si apelamos o no, lo decidirán los abogados del área", explicó al respecto el funcionario nacional en declaraciones radiales.

Ayer, la Sala II de la Cámara Nacional de la Seguridad Social resolvió rechazar la apelación interpuesta por el Ministerio de Desarrollo Social, que dirige Carolina Stanley, contra una medida cautelar que ordenaba restablecer las cerca de 170 mil pensiones por invalidez que habían sido eliminadas en marzo pasado.

En septiembre, cuando salió un fallo de la Cámara, desde Desarrollo Social aseguraban que las pensiones dadas de baja habían sido 9.728 y ya habían sido restablecidas.

Garavano resaltó que acatar la medida de la Justicia o apelar la decisión "es algo que tiene que evaluar" la cartera que conduce Carolina Stanley y que él no tiene "intervención directa".

"Supongo que evaluarán en cuántos casos correspondían y en cuántos no correspondían y a partir de eso tomarán una decisión", precisó.


Restitución total


En la sentencia de la Cámara Nacional, los jueces Nora Carmen Dorado y Luis René Herrero aseguraron que por tratarse de "derechos alimentarios e irrenunciables" de las personas con discapacidad, ese beneficio debía ser restituido.

La medida incluye a todos los afectados a nivel nacional cuyas prestaciones hayan sido "dadas de baja o suspendidas, sin mediar resolución fundada previa en un proceso que garantice el debido proceso".

Los jueces consideraron que la suspensión de las pensiones "vulnera derechos a la vida autónoma, la salud, la vivienda, la educación y la dignidad inherente a la persona humana".

El Gobierno había dado de baja unas 170 mil pensiones por invalidez tras haber endurecido las condiciones para acceder a ese beneficio.
Guillermo Badino, el extitular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), había afirmado en su momento que una persona con cierto grado de discapacidad, como alguien con síndrome de Down, "puede trabajar si lo desea o quizás le pueda caber la Asignación Universal por Hijo".

En octubre de este año la cartera que conduce Stanley había sido intimada a que en un plazo máximo de diez días cumpliera con la cautelar que ordena restablecer las pensiones suspendidas o eliminadas.

En el fallo de la jueza federal de la Seguridad Social Adriana Cammarata se incluyeron también aquellas coberturas que el Gobierno decidió eliminar en los casos en que los beneficiarios no se hubieran presentado a recibirlas en los últimos tres meses, sin considerar que esas ausencias podían deberse justamente a los mismos problemas de salud por los cuales se recibían las asignaciones.
 

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