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El Gobierno prorrogó hasta fin de marzo el congelamiento de los alquileres y los desalojos

De esta manera, se extienden los contratos de locación para vivienda única que hayan vencido desde el 20 de marzo de 2020.

El Gobierno anunció la extensión de la vigencia del decreto que congeló los alquileres y suspendió los desalojos por falta de pago en el país. Si bien en una primera instancia el DNU promulgado por el presidente Alberto Fernández debía finalizar el 30 de septiembre del año pasado, luego se extendió hasta el 31 de enero y ahora, al 31 de marzo. Esto significa que se prorrogarán los contratos de locación que hayan vencido desde el 20 de marzo de 2020. La medida recae sobre los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados. La nueva normativa será publicada en el Boletín Oficial la próxima semana.

La decisión se tomó anteayer durante la reunión del gabinete económico, de la que participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzman; el ministro de Desarrollo Productivo, Martín Kulfas; el titular de la cartera de Trabajo, Claudio Moroni; y el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

También estuvieron presentes la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce. “Esto es terrible, no sólo están perjudicando a los mismos inquilinos, porque se les generará una bola de nieve de deudas, sino también al sector, porque espanta la inversión inmobiliaria de inmuebles destinados a alquilarse como viviendas. Esto va contra al desarrollo del país”, advirtió Enrique Abatti, presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina y miembro de Abatti & Rocca abogados, quien reconoció que el mercado de los alquileres viene golpeado. “La rentabilidad de los inmuebles en Argentina está en los niveles más bajos de los últimos 40 años, ya que actualmente no supera el 2% anual en dólares del valor del inmueble. Es un desastre”, agregó.

Distinta es la postura de Federación de Inquilinos. “Con esta nueva extensión no gana ni pierde nadie. Es un respiro en una situación económica grave, con inquilinos endeudados. Pero lo que hay que hacer es más de fondo: implementar medidas de desendeudamiento, control de ley de alquileres y empezar a discutir los precios de alquileres, que hoy no tienen relación con el valor fiscal; no puede ser que dependa de cuán desesperado llegue un inquilino o inquilina a buscar una vivienda”, relató Gervasio Muñoz, presidente de la entidad.

Por otra parte, esta semana también se dio a conocer una encuesta del Colegio Profesional Inmobiliario (Cucicba), que realizó entre sus socios -las inmobiliarias de la ciudad de Buenos Aires-, que estableció que el 90% de los inquilinos residenciales abonaron su alquiler en diciembre y que sólo el 3 por ciento de los contratos fueron rescindidos. A estos datos se sumó un comunicado del Consejo Federal de los Colegios Inmobiliarios del país, en el que reclamó al Gobierno no prorrogar la vigencia del DNU. “Es una decisión lapidaria para el sector que es clave para el desarrollo de la economía del país a través de la construcción y la generación de puestos de trabajo”, plantea el documento y advierte que “prorrogar la vigencia del decreto transformará al sector en un intervencionismo que profundizará los graves problemas por los que atraviesa, poniendo en jaque puestos de trabajo y a pequeños inversores que ven amenazado su futuro en la Argentina desde hace meses. El peor remedio es el parche sobre el parche”.

La extensión del congelamiento de los valores de los contratos se inserta en un contexto complejo: en junio del año pasado se promulgó la nueva ley de alquileres, que aplicó nuevos cambios en los contratos: por ejemplo, sólo permite la actualización anual y a través de una fórmula de ajuste, que combina inflación y salarios que publica el Banco Central.