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Báez alega ser víctima de una "operación" de la Side y los medios

Los abogados del empresario Lázaro Báez aseguraron ayer que la causa por lavado de dinero denominada "Ruta del Dinero K" fue una investigación armada con "inteligencia estatal y paraestatal", y criticaron tanto a los funcionarios judiciales como a los medios de comunicación.

Al comenzar su alegato ante el Tribunal Oral Federal 4, que desde hace casi dos años viene realizando el juicio, los letrados afirmaron que la causa por supuesto lavado de dinero así como otras por el mismo delito que hay en su contra "fueron una operación de inteligencia estatal y paraestatal, con participación de todos los medios de comunicación".

"Han fracasado los acusadores, no pudieron construir una hipótesis, la acusación estuvo predeterminada desde un principio", según los abogados Juan Villanueva y Elizabeth Gazaro, quienes representan al empresario, a quien se le hallaron 5,5 millones depositados en cuentas bancarias en paraísos fiscales del exterior.

En ese sentido, denunciaron que la causa judicial conlleva "extorsiones a empresarios, filmaciones, escuchas ilegales, amenazas a abogados, y la utilización de agentes orgánicos e inorgánicos de la Secretaría de Inteligencia".

En el comienzo del alegato, para el cual tendrá tres jornadas, los abogados de Báez, que no participó de la audiencia hecha a través de Zoom, tildaron de "mentiroso compulsivo" al arrepentido Leonardo Fariña, quien aportó mucha de la prueba que se utiliza para acusar al empresario en el expediente en el que el fiscal de juicio Abel Córdoba ya reclamó la pena de 12 años de prisión.

El juicio se lleva a cabo de forma remota ante el riesgo de contagio de Covid-19 y porque no hay una sala acorde para garantizar el distanciamiento social en los tribunales de Comodoro Py: el proceso está en su etapa final con alegatos de las defensas, aunque se prevé que termine antes de fin de año.

A casa

Mientras tanto, el Tribunal Oral Federal 4 dispuso ayer la reducción de la fianza que Báez deberá pagar para salir de la cárcel de Ezeiza y acceder a la prisión domiciliaria. El Tribunal fijó la caución en la suma de $ 386.578.500, una cifra que había sido sugerida por el fiscal Abel Córdoba, que había considerado excesiva la inicial de $ 632.500.000.

El fallo del TOF 4 se dio un día después de que la Cámara Federal de Casación Penal le ordenara reducir el número de la fianza que había sido dispuesta el 8 de julio.

La defensa del empresario había cuestionado el monto de la fianza y argumentado que su cliente no contaba con medios propios para pagarla, ya que sus bienes están embargados en las múltiples causas en los que es investigado.