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Ahora los biocombustibles le rezan al dólar

Las empresas cerraron finalmente un acuerdo por los precios para los cinco primeros meses del año, pero en pesos. Por eso, temen que si se mueve la cotización de la moneda norteamericana o si los granos siguen subiendo, queden otra vez en problemas

Las empresas de biocombustibles de Argentina, tanto biodiésel como etanol, encendieron una vela a las pizarras del dólar, al Banco Central y al ministro Martín Guzmán. Es que luego del sendero de precios que acordaron con la Secretaría de Energía en las últimas semanas, los nuevos valores -que resultaron incrementos importantes para lo que produce esa industria- son fijos y pesificados.

De todos modos, el convenio para el sector fue “lo menos malo”, según explican los empresarios. Porque el escenario de congelamiento de precios que atravesó en 2020 puso a la actividad contra las cuerdas y sin demasiado margen, ante la oferta que finalmente llegó desde la cartera energética que depende directamente de Martín Guzmán, el relojero que intenta coordinar el intrincado mecanismo económico de la Argentina, que avanza por un desfiladero repleto de obstáculos.

Como se recordará, los biocombustibles tuvieron durante 2020 un solo aumento, que fue del 10%, a mitad de octubre. Fue menos de un tercio de la inflación registrada en el año y se ubicó muy lejos de la evolución que mostraron algunas de las materias primas, como soja (para biodiésel) y maíz (etanol). Los granos aceleraron a nivel internacional en el segundo semestre de 2020, y esa tendencia continuó en los primeros días de enero. El impacto en los costos de las empresas fue contundente y llevó a que algunas plantas frenen la producción, especialmente las de biodiésel, que funcionaron sólo un puñado de meses el año pasado. Las plantas de etanol no tuvieron un mejor escenario y fueron alternando paradas con períodos de actividad. Finalmente, algunas de ellas acudieron a la Justicia para reclamar que se aplique la ley vigente. Esa normativa, aprobada en 2006 bajo la gestión de Néstor Kirchner, fijaba una fórmula que “garantizara una rentabilidad razonable al sector”. En el caso del juez federal de Río Cuarto, que actuó ante la presentación de Bio4, y el de San Luis, por la empresa Diaser, atendieron los reclamos y fallaron a favor de ambas etanoleras y obligaron a las petroleras a que les paguen un precio 30% más alto que el que percibían hasta allí.

Sin embargo, el escenario terminó de embarrarse, porque había empresas que por lo mismo cobraban cosas diferentes. Y bastante diferentes. Pero además, al abrir la instancia judicial, se sabía que los canales de diálogo con el Gobierno iban a dificultarse. Y así ocurrió. Cuando finalmente la Secretaría de Energía entendió que era necesario ajustar los valores para evitar que el sector colapse, avanzó sólo con las plantas de biodiésel y etanol a partir de caña de azúcar. Dejó al margen a las que producen con el maíz, entre las cuales estaban las que se presentaron a la Justicia. Con ellas, abrió otra negociación. Y unos días después se conoció que la propuesta consistía en el mismo acuerdo que con los ingenios de Tucumán, Salta y Jujuy, pero a cambio de dejar de lado los planteos judiciales. Sin demasiadas opciones, las etanoleras de maíz aceptaron y firmaron el sendero de precios hasta mayo en pesos. Al observar ese camino de ajuste en los valores, se percibe un aumento importante en los mismos. La resolución dispuso el nuevo sendero de precios a partir del valor vigente hasta el mes pasado de $ 32,789 el litro de bioetanol de maíz, que regía desde el 15 de octubre de 2020 cuando el Gobierno decidió la última actualización.

De esta forma, a partir de enero, el nuevo precio pasa a ser de $ 43,60; para febrero, de $ 47,80; para marzo, de $ 48,70; para abril, de $ 49,60, y para mayo, $ 51,132, lo que completa un ajuste del 55,9%.

Sin embargo, el temor del sector pasa ahora por lo que ocurrirá con el dólar y las cotizaciones de los granos, además de la inflación. De todo eso dependerá la evaluación final sobre la conveniencia de lo firmado.

Porque mientras los valores que pagarán las petroleras están atados a peso, si hay una modificación en el tipo de cambio, tendrá impacto sobre el principal costo que son los granos (soja y maíz), que a su vez mantienen su carrera alcista.

Por eso, en los próximos cuatro meses habrá un seguimiento minucioso de esas variables por parte de las empresas que recuperaron su nivel de actividad en los últimos días y prometen entregar en breve el caudal necesario de biocombustibles para mezclar con naftas, especialmente, las de biodiésel que habían dejado de elaborar.

Pero no sólo esas variables estarán en la mira de las empresas, sino también lo que ocurra la semana próxima cuando en la Cámara de Diputados se trate la prórroga de la ley de promoción de 2006. El Senado ya habilitó esa extensión de 4 años por unanimidad y el tema fue derivado a la Cámara Baja, que lo iba a tratar a fines de diciembre, cosa que finalmente no ocurrió. Ahora, la nueva fecha es el 20 de enero.

También eso puede ser calificado como una solución “menos mala” para el sector, que buscaba originalmente una normativa nueva que avance sobre la que proponía aquella impulsada en la primera gestión Kirchner. Pero el tiempo corrió, los consensos no llegaron, las petroleras hicieron su juego y el riesgo inminente era quedarse sin paraguas, sin una norma que proteja las inversiones realizadas. Por eso, ahora todos esperan que al menos Diputados cumpla y celebrar otro “mal menor”.