La labor de los fiscales de Instrucción, los funcionarios que deben ocuparse de investigar las causas penales que se registran en todo el territorio provincial, no ha dejado de incrementarse en los últimos años.
Así lo reveló un informe del Centro de Estudios y Proyectos del Tribunal Superior de Justicia que arrojó un total de 54.245 causas penales en el año 2016.
Esa cifra sería aún mayor si incluyera las causas iniciadas por contravenciones al Código de Convivencia, los procesos tramitados en el Fuero Penal Juvenil, las acciones de amparo, los habeas corpus y los controles jurisdiccionales efectuados por los Juzgados de Control.
El relevamiento judicial abarca desde el 1° de enero de 2016 al 31 de diciembre de ese año y arrojó una cifra que supera en 2.616 causas a las que se habían registrado el año precedente.
En 2015 se abrieron 51.629 expedientes en la Justicia cordobesa, lo que implicó una tasa de litigiosidad del 1,447. A ese número se llega cotejando la cantidad de causas cada 100.000 habitantes.
La última estadística oficial reflejó que el índice de litigiosidad trepó a 1,504.
El incremento de la actividad judicial no siempre va de la mano del aumento de recursos humanos. Los Tribunales riocuartenses son un reflejo de esa situación.
Por ejemplo, una de las cuatro fiscalías de Instrucción de la ciudad desde hace meses quedó en manos de un fiscal interino -Luis Pizarro-, con el agravante de que ese funcionario debe ocuparse también de las causas por narcomenudeo de dos circunscripciones diferentes.
El panorama es más crítico aún en las asesorías letradas, una de las trincheras de la Justicia, pues allí trabajan los abogados que defienden a las personas sin recursos económicos. Hoy hay sólo dos asesores multifueros -Pablo Demaría y Santiago Camogli- para una población cada vez mayor.
Ese panorama se agudizará aún más, en breve, pues Camogli acaba de ser ascendido a juez camarista y dejará sus función de asesor letrado.
Los juicios
El informe desglosó además los hechos que han sido enviados a juicio y los procesos que concretamente se realizaron en las cámaras del crimen de la provincia.
En el período 2016, las cámaras criminales y juzgados correccionales receptaron 7.194 causas elevadas a juicio; llevaron a cabo 1.860 audiencias de debate; y dictaron 3.180 sentencias.
En dicho período, las Cámaras del Crimen de la provincia recibieron 105 causas cuyo juzgamiento requiere la integración del tribunal con jurados populares, la mayoría se tramitaron en la Primera Circunscripción Judicial (Córdoba capital) con 90 causas, en tanto que en los Tribunales de Río Cuarto se hicieron 6 juicios por jurado popular.
Un aspecto revelador del informe elaborado por el Poder Judicial de la provincia lo aporta el incremento de los juicios abreviados. El año pasado, más de la mitad de los juicios (el 57 por ciento) se resolvió con esa modalidad que implica la confesión de un acusado y la aplicación de una pena atenuada. El 37 por ciento de los debates se realizaron como juicios ordinarios y el 6 por ciento restante fueron juicios con la presencia de jurados populares.
Esa cifra sería aún mayor si incluyera las causas iniciadas por contravenciones al Código de Convivencia, los procesos tramitados en el Fuero Penal Juvenil, las acciones de amparo, los habeas corpus y los controles jurisdiccionales efectuados por los Juzgados de Control.
El relevamiento judicial abarca desde el 1° de enero de 2016 al 31 de diciembre de ese año y arrojó una cifra que supera en 2.616 causas a las que se habían registrado el año precedente.
En 2015 se abrieron 51.629 expedientes en la Justicia cordobesa, lo que implicó una tasa de litigiosidad del 1,447. A ese número se llega cotejando la cantidad de causas cada 100.000 habitantes.
La última estadística oficial reflejó que el índice de litigiosidad trepó a 1,504.
El incremento de la actividad judicial no siempre va de la mano del aumento de recursos humanos. Los Tribunales riocuartenses son un reflejo de esa situación.
Por ejemplo, una de las cuatro fiscalías de Instrucción de la ciudad desde hace meses quedó en manos de un fiscal interino -Luis Pizarro-, con el agravante de que ese funcionario debe ocuparse también de las causas por narcomenudeo de dos circunscripciones diferentes.
El panorama es más crítico aún en las asesorías letradas, una de las trincheras de la Justicia, pues allí trabajan los abogados que defienden a las personas sin recursos económicos. Hoy hay sólo dos asesores multifueros -Pablo Demaría y Santiago Camogli- para una población cada vez mayor.
Ese panorama se agudizará aún más, en breve, pues Camogli acaba de ser ascendido a juez camarista y dejará sus función de asesor letrado.
Los juicios
El informe desglosó además los hechos que han sido enviados a juicio y los procesos que concretamente se realizaron en las cámaras del crimen de la provincia.
En el período 2016, las cámaras criminales y juzgados correccionales receptaron 7.194 causas elevadas a juicio; llevaron a cabo 1.860 audiencias de debate; y dictaron 3.180 sentencias.
En dicho período, las Cámaras del Crimen de la provincia recibieron 105 causas cuyo juzgamiento requiere la integración del tribunal con jurados populares, la mayoría se tramitaron en la Primera Circunscripción Judicial (Córdoba capital) con 90 causas, en tanto que en los Tribunales de Río Cuarto se hicieron 6 juicios por jurado popular.
Un aspecto revelador del informe elaborado por el Poder Judicial de la provincia lo aporta el incremento de los juicios abreviados. El año pasado, más de la mitad de los juicios (el 57 por ciento) se resolvió con esa modalidad que implica la confesión de un acusado y la aplicación de una pena atenuada. El 37 por ciento de los debates se realizaron como juicios ordinarios y el 6 por ciento restante fueron juicios con la presencia de jurados populares.