Con la absolución de los cinco médicos imputados por el delito de “homicidio culposo”, finalizó en horas de la tarde de ayer, pasadas las 18, el juicio oral y público en la Cámara del Crimen de Tribunales de Villa María, audiencia que dio inicio el lunes 22 de agosto y que constó de cuatro sesiones consecutivas, finalizando este jueves con los alegatos de todas las partes involucradas y el veredicto, que, como se mencionó, resultó a favor de los encartados.
Caso Lucrecia Ñañez: absolución para los médicos imputados
La jueza determinó que no había motivos para condenar a los facultativos juzgados por la supuesta mala praxis de una joven en 2017. La querella había pedido 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer por 5 años
Durante cuatro días, el Ministerio Público Fiscal, representado en la figura del fiscal de Cámara, Francisco Márquez; la abogada querellante, Analía Nicolli; los abogados defensores de los acusados, Felipe Trucco y Federico Ferrer Vieira, y ocho testigos pusieron en consideración del máximo tribunal, representado por la doctora Edith Lezama de Pereyra, los hechos ocurridos entre el 31 de mayo y el 6 de junio de 2017 en el Hospital Pasteur, hasta donde llegó la joven de 15 años Lucrecia Jackeline Ñañez, transitando un aborto espontáneo. El estado de salud de la menor fue desmejorando con el correr de las horas y los días y precisamente ese 6 de junio falleció. La autopsia arrojó que la causa fue un shock séptico multiorgánico.
Tras la muerte, el fiscal de Instrucción del Tercer Turno de Villa María, René Bosio, actuó de oficio y puso en marcha una investigación con el foco puesto en la institución pública que asistió durante sus últimos días a la quinceañera. Sobre la base de la prueba que fue recolectando, avanzó en la imputación de varios médicos, al menos ocho en una primera instancia. Durante la audiencia, se habló que más de 20 profesionales de la salud trataron a Lucrecia directa o indirectamente.
Finalmente, a juicio llegaron cinco facultativos, dos hombres y tres mujeres, todos imputados por homicidio culposo. En efecto, fueron juzgados Cristian Fabián Ferres, Eduardo Hugo Bufadossi, Natalia del Valle Godoy, Melisa Andrea Méndez y Carla Malvina Beltramo.
Cuatro días de audiencia
Al tratarse de un juicio en el que la temática central fue la atención médica brindada por los profesionales de la salud, el foco, en gran parte, estuvo puesto en los resultados que arrojaron las pericias ordenadas por la Justicia. Hubo dos instancias periciales: la primera se llevó a cabo al poco tiempo de haberse consumado la muerte de Lucrecia y la última, por pedido de la defensa, en los meses previos al juicio.
Hubo una marcada diferencia entre una pericia y otra. Por un lado, el primer grupo de forenses estableció que los imputados actuaron con negligencia, conclusión que permitió avanzar en la imputación por mala praxis. Pero, por otro lado, la segunda tanda de profesionales consideró que los encartados habían actuado correctamente y de acuerdo con los protocolos que rigen para llevar adelante la práctica profesional.
En total, comparecieron en el juicio cinco peritos: dos que ratificaron la postura acusatoria, Pascual Alberto Rousse y Gabriela Cepeda, y tres que consensuaron en el buen obrar de los acusados, Dante Alberto Pesenti, José Crespo Roca y Raúl Alfredo Ruiz Córdoba.
La audiencia también tuvo en cuenta los testimonios de la madre, la abuela y el novio de la víctima, Carina Gianinetto (querellante particular), María Rosa Ramos Ñañez y Federico Cepeda, respectivamente, quienes acompañaron a Lucrecia durante sus últimos días de vida y pudieron dar cuenta de cómo se fueron dando los hechos que desencadenaron la muerte.
Ayer, antes de que la secretaria Gabriela Sanz diera lectura a la sentencia, tuvieron lugar los alegatos del fiscal Márquez, la abogada querellante Nicolli y los defensores Ferrer Vieira y Trucco, quienes ante la jueza expusieron las razones para condenar o absolver a los acusados. Al finalizar su discurso, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la absolución de todos los médicos, pedido que coincidió con el de la defensa. En tanto, la querella requirió la pena de tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación por cinco años para ejercer la práctica médica.