El proyecto de ley del Gobierno que declara "capitales alternas" a 24 ciudades situadas a lo largo de toda la geografía nacional genera grandes expectativas sobre todo en los centros urbanos designados, Río Cuarto entre ellos, pero es preciso que sus objetivos de descentralización y federalización se traduzcan en acciones concretas.
La incorporación en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso del proyecto de ley que declara "capitales alternas" a 24 ciudades situadas a lo largo de toda la geografía nacional confirma la importancia asignada por la administración de Alberto Fernández a una iniciativa que, al contrario de las de mayor difusión en el momento actual, apunta a trascender la coyuntura crítica que se transita para convertirse en eje de una política de largo plazo de objetivos ambiciosos y relevantes. Se trata de una norma que naturalmente genera grandes expectativas sobre todo en los centros urbanos designados, Río Cuarto entre ellos, cuya particular experiencia en la materia puede proporcionar pistas sobre lo que se puede reproducir o mejorar.

En rigor, esto es esperable desde el momento en que ha sido admitido expresamente que la idea se ha inspirado en la iniciativa adoptada por José Manuel de la Sota hace más de veinte años, a una escala diferente pero con objetivos también asociados a los beneficios de la descentralización y de “ver y escuchar in situ los problemas de la gente”. En ese momento, la investidura de Río Cuarto como capital alterna también suscitó expectativas favorables -en particular por la esperanza de que sobreviniera una revalorización de una ciudad y de una región donde estaba generalizado el sentimiento de que habían sido históricamente postergadas desde la capital provincial-, pero también pruritos sobre la posibilidad de que todo fuera una operación de marketing político sin impacto real en el reparto del poder ni en la eficiencia de la administración del Estado.

Más allá de los balances que puedan realizarse al respecto dos décadas más tarde, inevitablemente condicionados por los posicionamientos políticos de sus autores, está claro que el proyecto recién ingresado en el Senado genera hoy similares expectativas y similares suspicacias. Si los objetivos de "profundizar la implementación de políticas de descentralización y federalización”, y “acercar la gestión y los asuntos de gobierno a todo el territorio nacional" incluidos en los fundamentos invitan a lo primero, la larga historia de frustaciones de iniciativas destinadas a poner freno a la “macrocefalia” que caracteriza al país desde sus comienzos como tal -esa cabeza desproporcionada en la ciudad de Buenos Aires y su conurbano, con un raquítico cuerpo obligado a sostenerla- obliga a “abrir el paraguas”.

La obligación que la ley impondría al gobierno nacional de trasladarse una vez por mes a una capital alterna debe servir para “entender verdaderamente la dimensión de los problemas” porque “una cosa es ver estadísticas y otra es ver y escuchar a la gente”, como dijo Fernández al presentar el proyecto en plena campaña electoral, y no quedarse en la mera formalidad de hacer acto de presencia para dejar las cosas exactamente igual una vez concluida la visita. Del mismo modo, la “descentralización” no se debe quedar en el mero enunciado, sino implicar la relocalización de dependencias nacionales vinculadas con las principales actividades de los lugares involucrados, como podría ser Pesca o Turismo en Mar del Plata, Petróleo en Comodoro Rivadavia y, para Río Cuarto, las relacionadas con el sector agropecuario o la alimentación.

Resulta saludable que el Presidente haya dado el primer paso para cumplir con su promesa de campaña, que seguramente será refrendado por el Congreso. Cabe esperar que la aplicación concreta de la ley confirme las expectativas más favorables y disipe las suspicacias, por ahora tan justificadas las unas como las otras.

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