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Certezas para los gastos, dudas en el financiamiento

El plan de Fernández apunta a inyectar recursos a trabajadores, beneficiarios de planes y asignaciones y también para jubilados. Además, ofrecer líneas de crédito blandas para pymes. La obtención de los fondos es el principal desafío.  Por Gonzalo Dal Bianco

Si bien parece cada vez mayor la incógnita en torno a quién será el próximo ministro de Economía de la Nación, algunas medidas que impulsaría el gobierno de Alberto Fernández comenzaron a tomar forma en la última semana: aumento de salarios privados -primero se pensó por decreto emulando lo de Néstor Kirchner en 2003 pero esa opción comenzó a perder fuerza-, incremento de jubilaciones por encima de lo previsto en la ley de movilidad, y créditos blandos para pequeñas y medianas empresas aparecen como la punta del iceberg que tiene previsto llevar adelante el presidente electo rápidamente a partir del 10 de diciembre, en poco más de 15 días. También habría refuerzos para las asignaciones. La intención reiterada por Fernández es “poner en marcha la economía”.

El cómo es parte de la incógnita. La suba de los salarios, que se encargó de confirmar el dirigente cegetista Omar Viviani, tendría alguna compensación tributaria o de aportes para las empresas. Eso implica que al menos una parte será soportada por las arcas del Estado, que dejará de recaudar fondos por esa vía. Habrá que ver después si una parte lo puede recuperar por mayor ingreso vía aumento de consumo. Hay margen para pensar que, si se vuelcan más pesos al mercado, se puede mover la rueda porque ante el bloqueo en el mercado cambiario y la falta de incentivos que muestra el ahorro en moneda nacional, la adquisición de bienes y servicios es una opción de alta probabilidad. Claro que hay voces que alertan que eso puede generar un recalentamiento de los precios que se sumaría a la alta tasa de inflación actual, que podría cerrar el año cerca del 60%. El agregado monetario deberá entonces ser controlado con extrema precaución, en un terreno económico adverso como el que asumirá su mandato, para evitar la espiralización inflacionaria.

Hay algo que es claro, los salarios necesitan con extrema urgencia recuperar poder adquisitivo. Pero justamente lo que requieren es eso: mejorar su poder de compra, no aumentar su nominalidad y que cada vez rindan menos como viene ocurriendo en los últimos años por su persistente derrota frente a la inflación. En los bolsillos de los trabajadores hay más billetes, pero cubren menos gastos. Esto llevó a que muchos, aun cuando tienen un empleo formal, hayan caído debajo de la línea de la pobreza engrosando lo que a esta altura del año conforma el 40% de la población según las últimas estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El caso de las jubilaciones es similar. Claramente los pasivos perdieron mucho terreno, especialmente entre 2018 y 2019 y Fernández anticipó que inyectará recursos por encima de lo que establece la normativa, que fijó el haber mínimo en $ 14.068. Este año, los aumentos para los jubilados y pensionados fueron del 11,83% en marzo, 10,74% en junio, 12,22% en septiembre y 8,74% en diciembre. En total alcanzarán el 51,12% en el año, por debajo a la inflación estimada para este año. Pero a diferencia de lo que ocurre con los trabajadores aquí el esfuerzo de recursos será exclusivamente del Estado, al igual que en el plan de créditos blandos, que podría llegar bajo la modalidad de tasas subsidiadas, o también en las asignaciones.

¿Estará el gobierno en condiciones de ampliar su gasto sin compensación alguna? Claramente no. El déficit fiscal es uno de los problemas centrales que arrastra la Nación y que la gestión de Mauricio Macri no terminó de erradicar, aún cuando contrajo un nivel de deuda récord que en principio iba a tener como destino la obra pública y el equilibrio de las cuentas.

Los números se mantienen en rojo y el peso de la deuda será uno de los problemas troncales para la administración a punto de asumir.

En ese contexto poner en marcha la expansión del gasto obliga a pensar en las fuentes de financiamiento. Claro que para el grueso de los sectores el incremento de la presión tributaria no es viable, ante una carga que se volvió insorportable. Trabajadores con Ganancias o monotributistas que fueron saltando de categoría y de cuota mensual sin mejorar su situación real no son un objetivo posible. Las pymes están ahogadas entre la escalada de costos y el derrumbe de las ventas. Y entonces se vuelve la mirada al agro.

Parece una verdad a gritos que se vendrán cambios en retenciones. El punto de partida es la decisión que tomó el gobierno de Macri de reinstalarlas ante la urgencia de la crisis pero hacerlo con un valor fijo en pesos por dólar exportado. Cuando el billete norteamericano saltó de manera consecutiva licuó esos aportes, que ya parecían minúsculos en el comienzo. El ajuste implicaría volver a un esquema de porcentajes fijos. Eso abrió rápidamente una grieta en la Mesa de Enlace. Mientras Federación Agraria admitió que es necesario hacer un esfuerzo, como pidió el presidente electo, y sugirió la segmentación por tamaño de producción para que los pequeños productores paguen menos; CRA salió a calificar de “nefasto” cualquier incremento en los derechos de exportación. Sin embargo, habrá que recordar que Dardo Chiesa, su presidente, estuvo en la mesa del hambre y tiene estrechos vínculos con hombres cercanos a Fernández. Pero para el campo, la mala noticia es que las necesidades son de peso y las opciones para obtener recursos, muy limitadas.



Gonzalo Dal Bianco.  Redacción Puntal