Los efectos del ajuste están llegando a las administraciones provinciales y municipales. La quita de subsidios al transporte será para Llamosas un desafío; para Schiaretti, una oportunidad. Por Marcos Jure
El ajuste lo ocupa todo. Argentina ha vuelto a ser un país monotemático, centrado exclusivamente en esa crisis que, como un virus, va esparciendo sus efectos sobre una superficie cada vez mayor.     

Ahora, no sólo la gente comenzó a sentir en carne propia que ya no se trata de una abstracción sino de efectos concretos sobre su propia vida; además, se está produciendo la transferencia de complicaciones a los Estados provinciales y municipales. 

Cuando anunció su paquete de medidas, que combinó recorte de gastos con nuevos impuestos, Nicolás Dujovne sabía que, a la vez, estaba repartiendo algunas bombas que les explotarían a gobernadores e intendentes. 

Hoy, los gobiernos padecen la inflación tanto como las familias. En Río Cuarto, por ejemplo, las empresas de servicios públicos están ejerciendo una fuerte presión sobre el gasto por los pedidos de actualización de contratos que son multimillonarios. Pero, además de los rigores presupuestarios, habrá desafíos políticos.

En la semana que pasó comenzó a manifestarse la crítica situación en que quedará el transporte ahora que la Nación decidió dejar de subsidiarlo y atribuirles esa responsabilidad a las provincias. Córdoba perdería, según las primeras estimaciones, al menos 2.600 millones de pesos al año, de los cuales la gobernación decidió hacerse cargo de la mitad. Pero no con subsidios a las empresas sino con asistencia a los pasajeros que tengan problemas económicos.

Para la Provincia es una oportunidad; para el gobierno de Juan Manuel Llamosas es la posibilidad de un conflicto. Porque una de las decisiones que tomó Juan Schiaretti, junto con el subsidio a los usuarios, es que se sinceren los precios del transporte. Es decir, que vayan hasta donde tengan que ir para cubrir la pérdida de los aportes de la Nación.

Según las empresas nucleadas en la Fetap, ese “sinceramiento” -uno de los eufemismos que legará la era Macri- implicará llevar el boleto urbano de 18 a un mínimo de 35 pesos; de lo contrario, el sistema colapsará. Existe ahí un problema político para el Municipio.

Río Cuarto arrastra una historia que transforma cada aumento del transporte con episodio virulento. Suelen desatarse movilizaciones frente al Concejo, sesiones violentas, declaraciones de alto voltaje. Hubo trompadas y roturas cuando se aplicó una suba de 1,10 peso.

Si ahora el punto a discutir pasa  no por un 12 por ciento de ajuste, como aquella vez, sino por una duplicación del precio del boleto, el conflicto potencial es considerablemente mayor. Ante ese panorama, el gobierno de Llamosas tiene tres opciones: subsidiar a la empresa, una alternativa ya descartada de plano por el intendente; seguir la línea trazada por la Provincia y habilitar políticamente el fuerte incremento en la tarifa; o correr el riesgo de un desfinanciamiento de la empresa y la posibilidad de una crisis en un plazo no lejano.

Desde la gobernación dan algunos indicios de cómo debería actuarse. “Es necesario sincerar el boleto pero también las empresas deberán hacer un esfuerzo. Que sean competitivas. Se acostumbraron demasiado a la comodidad del subsidio”, deslizaron desde Córdoba.

Hasta ahora, el gobierno de Llamosas no ha dado pistas sobre qué hará. En parte lo alivió la confirmación de que el recorte de subsidios se aplicará recién desde 2019, un cronograma que le permite ganar tiempo. Pero, además, ronda la idea de no aprobar ningún aumento en el semestre y avanzar en tándem con la Provincia en un esquema para el año próximo.

El Municipio podrá transferir responsabilidades y culpar a la administración de Macri por la quita de los subsidios, pero cualquiera de los caminos que elija lo obligará a actuar con firmeza política, algo que no ha sido capaz de hacer hasta el momento en lo referido al transporte. 

Para Schiaretti, en cambio, es una oportunidad. A un costo presupuestario alto, pero una oportunidad política al fin. Justo en la recta hacia el año electoral y hacia su proyecto de reelección.

El discurso oficial reza que la Provincia ya no subsidiará a las empresas, una modalidad que adoptó el kirchnerismo, sino directamente a los usuarios porque así garantizará eficiencia en el gasto y justicia en la asistencia. Sin embargo, existe también un componente especulativo. Del aporte al sistema no se entera nadie más que los empresarios, mientras que en el subsidio a la demanda es un gobierno da, obsequia, le entrega a la gente viajes gratuitos.

Ese asistencialismo, no con un bolsón como instrumento sino con un pasaje, puede redundar en votos. A un costo de 1.300 millones de pesos en medio de la crisis, es verdad, pero la Provincia cree que podrá compensar ese desembolso de alguna manera, en medio de la negociación que mantiene con el gobierno de Macri por el  presupuesto 2019.

En el schiarettismo están convencidos de que los gobernadores finalmente firmarán con el Presidente un texto consensuado de medidas que detallarán la modalidad del ajuste del año próximo. Creen que, a contrapelo de lo que venía ocurriendo hasta el boom del dólar, ahora Macri lo necesita: la formalización del ajuste y el acompañamiento de la oposición, al menos de una parte, es una imposición del FMI  y del “mercado”.

Una de las exigencias fundamentales que están planteando los gobernadores es que se archive, así como ocurrió con el compromiso de no volver a reinstaurar las defenestradas retenciones, la baja de Ingresos Brutos que aparece en el Pacto Fiscal. Dicen que aquella pretensión de reducir la carga impositiva pertenece a un país que ya no existe. Esa suspensión le permitirá a Schiaretti contar con recursos que iba a perder.    

Por eso, en la Provincia también existe ansiedad porque se cierre el acuerdo del presupuesto. Porque el gobernador quiere contar con fondos garantizados para encarar el año electoral que se avecina. No quiere que nada entorpezca la negociación con la Casa Rosada; de ahí, su ausencia en las reuniones que los otros mandatarios peronistas hacen para rechazar el ajuste. 

Existe una suerte de pacto de convivencia. Schiaretti no fogonea el armado opositor y el gobierno de Macri no ha vuelto a invadir el territorio del gobernador. Una pauta lo da la elección de hoy en Marcos Juárez, que anticipa el calendario electoral. Ahí, donde hace cuatro años empezó a construirse el triunfo arrasador de Cambiemos cuando se nacionalizó una mera elección municipal, esta vez escasearon los ministros y los enviados de Buenos Aires.  

Tal vez sea un anticipo de lo que vendrá.

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