El escenario es muy complejo, más allá de la tranquilidad que logró el cepo en el mercado cambiario durante esta semana. El billete verde cerró 6% abajo con respecto al viernes anterior. Crujen las cuentas de provincias y municipios. Por Gonzalo Dal Bianco
La calma que logró el Gobierno en la cotización del tipo de cambio esta semana inaugural del regreso del cepo asoma frágil en medio de una turbulencia que se percibe debajo de la superficie.

El torniquete que aplicó el ministro Hernán Lacunza recortó los caminos de salida del dólar. El esquema soportó la tensión del lunes y martes, cuando los ahorristas, de la mano de un déja vu, llegaron a los bancos para retirar sus depósitos. El sistema estaba en condiciones de tolerarlo porque la liquidez era real, pero siempre depende de la prolongación en el tiempo de esa demanda. Las dos jornadas no pusieron en peligro el equilibrio, pero desde los despachos monitoreaban la situación y respiraron cuando comenzó a descomprimirse a partir del miércoles. Colaboró para eso la estabilización del dólar. Por eso hay un empeño fuerte por contener el tipo de cambio, casi como el único objetivo que tiene el Gobierno de aquí para adelante. Si logra que el valor se mantenga sin saltos, habrá comprado cierta calma. De todos modos, el impacto de la última corrida cambiaria está en marcha. El primer dato saldrá a la luz cuando se conozca el porcentaje de la inflación de agosto que el Indec publicará el próximo jueves a las 16. Romperá la tendencia a la baja que traía desde el pico de marzo. Y comenzará nuevamente una carrera ascendente que se intensificará durante este mes. Los precios de la economía se corrigen al dólar y eso inevitablemente entonces llega a las góndolas.

Por eso es de esperar además que nuevamente haya un crecimiento de la pobreza, que terminará con un nivel muy por encima del que encontró la actual gestión cuando llegó a la Casa Rosada en 2015, que no era el de Alemania pero que rondaba el 29%, de acuerdo a los datos que la UCA dio en aquel momento. Al observar la inercia actual es posible que termine casi 10 puntos porcentuales por encima de aquella marca. Tal vez sea el número más doloroso de la gestión Macri, que es la traducción social del desmanejo económico. Esto llevó en las últimas horas a plantear a la Iglesia, que tiene el termómetro puesto en los barrios con cada capilla a lo largo y ancho del país, a pedir la emergencia alimentaria. Se sumó así al planteo de Roberto Lavagna y Consenso Federal, que lo presentó formalmente este miércoles con un grupo de diputados en el Congreso.

Más allá de la viabilidad de las propuestas es innegable a esta altura que la situación de un segmento de la sociedad requiere de una atención urgente. El Gobierno pareció advertir esto recién con el cachetazo que recibió el 11 de agosto. En aquel momento, Macri remarcó que había interpretado el resultado de las urnas y que había entendido el esfuerzo y el impacto que la economía estaba causando en las capas medias, medias bajas y bajas.

La corrida de 2018 fue letal para las aspiraciones electorales del Gobierno. Hasta ese momento, después de acomodar el rumbo de 2016, que había sido malo a partir de la devaluación inicial y el salto inflacionario, 2017 le había regalado un resultado positivo, con crecimiento del PBI y coronado con triunfo electoral de medio término. En ese momento se daba por descontado que Macri se encaminaba a la reelección. Pero la brújula comenzó a fallar nuevamente y el año pasado fue lapidario. En abril empezó el fuerte temblor que mantuvo las réplicas, por momentos más intensas, hasta ahora. Agosto volvió a mostrar un alto valor en la escala de Richter y se llevó buena parte -casi todas en realidad- de las chances electorales del oficialismo. Para el Gobierno, lamentablemente, la economía fue prioridad para el electorado y entonces el resultado pareció lógico, más allá de lo que plantearon las consultoras hasta el último minuto.

Pero las consecuencias no sólo llegan a los barrios. Tan preocupante como eso resulta la situación de las provincias y los municipios, que en buena medida tienen el rol de intentar amortiguar los efectos de la crisis entre los más vulnerables. Y si quienes deben aplicar la medicina carecen de los remedios, el cuadro se complica un poco más. Y es eso lo que observan los gobernadores. 

En realidad, a esta altura casi ninguno duda de que la crisis va profundizándose y esperan efectos más nocivos en los próximos meses. Lo admitió el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano. Quien maneja las cuentas del gobierno de Juan Schiaretti afirmó que espera un agravamiento y alertó sobre las cuentas de la administración provincial, porque los ingresos caen en términos reales desde hace 14 meses. Y este mes se abrirá la paritaria con los estatales de Córdoba, que encontrarán del otro lado esta realidad.

El municipio, por su parte, también padece los efectos de una coparticipación a la baja, extraña el Fondo Sojero y observa cómo la recaudación propia se desmorona de la mano de la crisis. “Entre las primeras cosas que deja de pagar el vecino aparecen sus obligaciones con el Estado, y eso se ve claramente”, explican desde el Palacio de Mójica, sin ocultar la preocupación. Como medida inmediata, tanto la Provincia como los intendentes decidieron cortar de cuajo el inicio de cualquier nueva obra. Todo está apuntado a tratar de contener la ola social y esperar a que la marea finalmente baje.



Gonzalo Dal Bianco.  Redacción Puntal

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