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La abogada y empresaria riocuartense está acusada de haber integrado una asociación ilícita que utilizaba a indigentes para evadir. Entre los principales sospechosos está el productor agropecuario Atilio Mengo.
Después del fallido requerimiento de juicio de 2014, ahora sí la causa que investiga a una supuesta asociación ilícita para la evasión impositiva parece estar encaminada. El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba (TOF1) fijó el 17 de febrero como fecha de inicio.

La abogada y empresaria riocuartense María Pía Cardoso es una de las principales acusadas en la investigación que llevó adelante el juez Federal Carlos Ochoa.

Además de Cardoso, serán juzgadas otras 13 personas, entre las que se menciona al productor agropecuario Atilio Mengo como uno de los posibles líderes de la organización investigada desde hace más de doce años.

De acuerdo con lo actuado por la Justicia Federal de Río Cuarto, la banda “reclutaba” personas indigentes con la promesa de beneficios económicos o previsionales y luego los utilizaban para evadir.

Junto a Pía Cardoso y Atilio Mengo, entre los acusados que irán al banquillo están los hijos del productor, Francina Evelin y Luisina Sol Mengo; Eduardo Meta y sus hijos Diego y Gabriel Meta; Claudio Fabián Giles, Hugo Alfredo Agüero, Vanesa Romina Moyano, Sebastián Guillermo Barreiro, Sergio Raúl Bertoni, Leonardo Fabián Petitti y Gabriel Alberto Ludueña, consignó diario Perfil a través de una publicación.

El tribunal será presidido por la jueza Carolina Prado e integrado por Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci. Mientras que el fiscal será Carlos Gonella.

La fecha quedó establecida, pese a que hay recursos presentados por los abogados defensores, que fundamentalmente están planteando nulidades de la causa, que ya cumplió más de una década.



Anulado en 2014



Cabe recordar que el TOF1 en 2014 había anulado la requisitoria de elevación a juicio por considerar que contenía “severos vicios”.

Entre las irregularidades, señalaban que no estaban aclarados los roles que podrían haber tenido cada uno de los procesados en la organización delictiva, como tampoco incorporaba detalladamente el modus operandi.

Ahora, entre los reproches de los defensores, afirman que el juez Ochoa resolvió elevar la causa a juicio sin haber concluido la investigación y sin el requerimiento de la Fiscalía.

Otros de los recursos plantean a dilucidar si no hay delitos prescriptos entre los adjudicados a algunos de los investigados.

Los primeros días de febrero, con el regreso a la plena actividad de los Tribunales, serán claves para determinar si la causa que tuvo alta repercusión en toda la provincia llega finalmente a su juicio.

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