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Reuniones sociales en Huinca: 30 infractores deberán pagar $ 900 mil

Tras denuncias, la Policía intervino en dos juntadas y quienes participaban fueron sancionados. Los involucrados tienen entre 18 y 24 años y cada uno deberá abonar alrededor de $ 30 mil. Descargo y pedido de una madre

Dos reuniones sociales fueron desactivadas por la Policía el fin de semana pasado en Huinca Renancó; en ambos casos, fue por la denuncia de vecinos que advirtieron sobre estas situaciones.

A pocas horas de ser notificados los participantes de las reuniones -la mayoría, jóvenes de entre 18 y 24 años-, recibieron a través de la página de Rentas de la Provincia de Córdoba la multa, con descuento incluido, de $ 30 mil que deberá pagar cada uno de los asistentes.

Así, serán unos $ 900 mil que componen el monto final.

La cifra sorprendió por lo elevada, como así también por la rapidez con la que llegaron las sanciones. La madre de una de las jóvenes sancionadas se expresó vía redes, asumiendo la responsabilidad pero reclamando que el dinero vuelva en obras para el sur provincial.

Durante la emergencia sanitaria los procedimientos policiales en reuniones sociales se hicieron cada vez más frecuentes. La mayoría de las actuaciones se inician por denuncias previas de vecinos que alertan sobre la realización de encuentros de varias personas con música y bebidas alcohólicas.

Los últimos dos casos hicieron ruido en las redes sociales, donde hubo reclamos de todo tipo: algunos por los montos a pagar y otros por la metodología implementada.

Las sanciones, en la mayoría de los casos, fueron de $ 100 mil pesos por participar de una reunión social no habilitada, pero con el descuento que prevé la Provincia si se abona antes del 15 de diciembre la multa queda en $ 30 mil pesos.

Si se tiene en cuenta que en Huinca y sólo este fin de semana fueron alrededor de 30 los infractores, Rentas tendría que cobrar alrededor de $ 900 mil en concepto de las multas, si es que todos pagan a término. De lo contrario, las multas ascienden a $ 100 mil cada una.

La sanción

En cuanto a la sanción propiamente dicha, se trata de un régimen por incumplimientos en las disposiciones sanitarias vigentes en la provincia de Córdoba, tanto para personas humanas como jurídicas, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, el cual se encuentra establecido en la Ley 10.702.

Existe un derecho a descargo para el infractor una vez que se haya notificado el Acta de Constatación. Y, siempre que el infractor no hubiera optado por el pago voluntario, tendrá 10 días hábiles para presentar el descargo formal mediante correo electrónico.

Está previsto para quienes incumplan las medidas de prevención con relación a reuniones familiares o de cualquier otro tipo: serán sancionadas con multa de entre $ 10 mil y $ 100 mil.

El encargado de juzgar estas multas que se originen en el territorio del departamento Roca es el Juzgado Provincial de Faltas Río Cuarto.

“Quiero que el dinero vuelva a mi ciudad”

Al enterarse de que su hija había sido una de las sancionadas, una vecina huinquense realizó un descargo en las redes sociales, en el que asumió la responsabilidad pero pidió que el dinero vuelva al pueblo.

"Esta madrugada a las 5, mi hija se encontraba en una reunión con amigos, en infracción por las prohibiciones de público conocimiento. La Policía le tomó su datos. A las pocas horas corroboro que tiene una multa de $ 30 mil. Felicitaciones al sistema informático de la provincia de Córdoba por la rapidez”, expone la mujer.

Al tiempo que agrega que pagará la multa: “Somos una familia respetuosa de la ley. Pero quiero que el dinero recaudado vuelva a mi ciudad”.

“Rentas ha comenzado una caza de brujas cobrando lo que pueda para recaudar. El departamento General Roca es el tercero que más aporta a la provincia y hace décadas que está abandonado a su suerte", señaló.

“La provincia nos ha visto humillados de rodillas pidiendo por favor entrar a La Pampa por salud, salud, ya ni nos acordamos del gas (que lo inauguraron como en tres elecciones y todavía seguimos con el tubo o la garrafa), pedimos salud. No he escuchado al señor gobernador sacar la cara por nosotros. Basta gente despertemos y exijamos como ellos nos exigen", concluye.

Intendentes, preocupados por fiestas clandestinas

Las fiestas clandestinas y juntadas se reiteran cada fin de semana en la región y generan preocupación en las autoridades municipales y policiales, que arbitran distintas medidas a los fines de evitarlas.

En Sampacho, General Cabrera y Vicuña Mackenna hubo hechos que generaron malestar en las autoridades, que instan a los vecinos a ser responsables y cumplir las normativas.

Roberto Casari, el intendente de Vicuña Mackenna, expresó que junto con sus pares está tratando de encontrar una salida prolija a esta problemática que se reitera en todas las comunidades.

“A esta situación la venimos hablando a nivel intendentes y a nivel gobierno de la Provincia, elevando la problemática de nuestra localidad, para que la Provincia sepa que cada ciudad grande o pueblo pequeño tienen su propia idiosincrasia”.

Asimismo, mencionó: “Desde el Foro de Intendentes Radicales estamos preocupados y buscando una alternativa en conjunto para terminar con las fiestas clandestinas y, teniendo en cuenta que se viene el verano, poder brindarles a los jóvenes una alternativa para su esparcimiento en lugares controlados y seguros”, expresó Casari a medios locales.

"Debemos pensar cómo se van a habilitar esos espacios, sabiendo que el virus está presente, es comunitario y los lugares de esparcimientos deben estar con el distanciamiento social y preventivo", subrayó el intendente Roberto Casari.

Mientras aún no se define la reapertura de boliches o la realización de fiestas de egreso, los jóvenes buscan alternativas de esparcimiento y es ahí cuando incurren en violaciones a las normativas vigentes.

Desde casas de familias, quintas, campos y hasta parques o paseos públicos que han convertido en lugares de juntadas masivas que terminan con intervenciones policiales y abultadas sanciones.