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Crisis del transporte: la liga de intendentes y el mensaje a Nación

Comenzó a tomar forma una rebelión de las principales ciudades del interior contra el reparto inequitativo de subsidios a los colectivos que sigue priorizando el AMBA y postergando al resto del país. Se sumarán legisladores nacionales al planteo

El número que alertó a los intendentes fue el de 85 a 15. Esa es la relación que hay en el reparto de subsidios al transporte entre el AMBA y el interior del país. Cada 100 pesos que reparte la Nación, 85 se quedan en Capital Federal y el Gran Buenos Aires y los otros 15 se reparten entre todos los distritos del país. La enorme asimetría que años atrás se discutía, sobre el segundo mandato de Cristina Fernández, sigue tan vigente como entonces.

El gobierno de Mauricio Macri, con Guillermo Dietrich a la cabeza, prometió terminar con esas desigualdades pero terminó su gestión casi sin tocar esa distribución. Y el gobierno de Alberto Fernández, que tiene escaso rodaje aún y una parte colonizada por la pandemia del coronavirus, también inició su gestión con un mensaje claro del Presidente al actual ministro de Transporte, Mario Meoni, para equilibrar esos recursos que se fueron distorsionando con el timpo. Lo que nació como una necesidad para sostener el empleo, las empresas y no aumentar tarifas, a comienzos de la presidencia de Néstor Kirchner, se terminó convirtiendo en un enorme privilegio para el principal conglomerado del país.

Y hoy, el tema vuelve a irrumpir fuerte desde el interior del país. Y no es casualidad que así sea. Es el interior el que atraviesa una parálisis total del servicio de transporte de colectivos en sus distintas variantes. Ya de por sí, el interior sólo tiene ese medio de transporte público, a diferencia de lo que ocurre en el AMBA, donde se suman trenes y subtes como alternativas.

El parate en el interior comenzó cuando las empresas perdieron una de sus tres patas de ingresos: la del boleto o pasajeros. En ese momento empezó el problema para que pudieran afrontar el pago de salarios. Los coches, en medio de la cuarentena estricta, circulaban por ser un servicio esencial, pero iban vacíos. Y eso terminó agravando la situación porque mantenían el gasto de combustible y operativo en general sin ingresos compensatorios. Quedaron dependiendo exclusivamente de los subsidios que la Nación o las provincias aportaban. Pero esos recursos eran insuficientes y finalmente llegó el final más obvio: no pudieron completar salarios de marzo, tampoco de abril, y los choferes decidieron iniciar medidas de fuerza que se multiplicaron en todo el interior. Curiosamente en el AMBA el servicio siguió prestándose.

La Federación Argentina de Transporte de Pasajeros (Fatap) estimó en las últimas horas que las empresas del interior perdieron ingresos por 10 mil millones de pesos en dos meses de pandemia. Tienen, en total, 13.581 colectivos circulando en las 23 provincias. Y recordaron que el sector emplea a 40 mil trabajadores, con una masa salarial de 4 mil millones de pesos, y que muchas de las empresas llegaron concursadas a las puertas de la pandemia.

Frente a ese escenario de falta de servicio en las principales ciudades del interior, empezó a motorizarse una “Liga de Indentendes” en reclamo de un reparto más igualitario de fondos nacionales. El planteo tiene dos pilares centrales: que el 85 a 15 debe corregirse y a su vez, que de esa manera el acceso para cualquier argentino sea igual en términos monetarios y no que en Buenos Aires el pasaje urbano cueste 18 pesos y en Bariloche $ 38. Y en dos reuniones, los intendentes lograron ampliar el cupo de invitados: se sumaron el de Córdoba, Martín Llaryora; el de Rosario, Pablo Javkin; Adán Bahl de Paraná, Gustavo Genusso de Bariloche y Bettina Romero de Salta. A ese grupo se plegarían legisladores nacionales de distintas provincias para empezar a impulsar una ley que ponga equidad en el reparto de fondos. Si bien no se sumó a ese planteo aún, el intendente riocuartense Juan Manuel Llamosas admitió ayer en este diario que “la Nación debe hacer más aportes que los que viene realizando” y destacó que “el sistema va a necesitar mucha más plata para compensar la falta de pasajeros”. Eso deja de lado algún cuestionamiento que había desde algunos despachos del Municipio contra la empresa local por la parálisis y abre el enfoque al planteo de los otros intendentes.

Sin embargo, no debería pasar por alto que en el caso de Córdoba, el transporte abrió otra vez una disputa silenciosa al interior del PJ cordobés. A comienzos de la semana pasada, los cuatro diputados de Córdoba Federal, que responden al gobernador Juan Schiaretti, presentaron en el Congreso un planteo pidiendo la intervención nacional en el conflicto que había en el servicio en todo el interior del país. Llevaba la firma de Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Paulo Cassinerio y Claudia Márquez. A las 24 horas comenzaron las reuniones virtuales de intendentes, con Llaryora a la cabeza. No hay que olvidar que buena parte del Ministerio de Transporte de la Nación está en manos de cordobeses, como el secretario de la cartera, Walter Saieg, y el subsecretario Gabriel Bermúdez. Ambos llegaron allí de la mano del senador Carlos Caserio que ayer cruzó al intendente capitalino con dureza a través de la cuenta de Twitter: “Existen vías democráticas e institucionales. Me parece poco serio que el intendente, de la ciudad más importante del interior, esté llamando a la huelga como método de solución y no asumiéndose parte del problema”, escribió Caserio, quien, como senador, es representante de la provincia de Córdoba y sus intereses.

Hoy, en tanto, una nueva reunión entre representantes del Ministerio de Trabajo, empresas y Aoita buscará pulir el acuerdo del viernes que espera despejar la incógnita de cómo harán las empresas para cancelar la totalidad de los salarios de marzo, cubrir el 75% de los haberes de abril y el mismo porcentaje de mayo antes del jueves a la medianoche, en que se vence el plazo establecido.

Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal