Los profesionales nucleados en la Federación Argentina de Colegios de Abogados le pidieron a la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, que se den por finalizadas las ferias judiciales y asuetos que se dictaron a lo largo del país, en sintonía con la cuarentena que instauró el gobierno nacional para prevenir la expansión del coronavirus.
“Sin soslayar la magnitud de la pandemia desatada y la obligación de actuar en consecuencia, estimamos que cabe en estas horas analizar la necesidad imprescindible de volver al pleno funcionamiento del servicio de Justicia”, señala el comunicado al que tuvo acceso Puntal.
Junto con esa demanda, Faca solicitó que se les permita a los abogados libre circulación hacia sus lugares de trabajo.
“Lo que pedimos es que se reactive tanto la Justicia federal como la Justicia provincial, porque en definitiva el Tribunal Superior se está escudando en el decreto de aislamiento para no habilitar la Justicia provincial. Hablamos de una actividad esencial que debe ser restablecida, como así también la circulación de los abogados para poder llevar a la práctica el acceso a la Justicia”, recalcó Facundo Carranza, delegado riocuartense en Faca.
Carranza no cree que en Río Cuarto genere algún inconveniente que la Justicia amplíe los servicios mínimos que está cubriendo estas semanas.
“Por ejemplo, en la faz provincial con el edificio que tenemos perfectamente se podría restablecer el funcionamiento porque hay espacio suficiente para que los trabajadores del Poder Judicial respeten el aislamiento y hay medios electrónicos que permiten evitar la afluencia masiva de los abogados a Tribunales”, sugirió Carranza.
Sobre el impacto que los 450 empleados y funcionarios judiciales podrían tener en el transporte público, Carranza recalcó que son muy pocos los empleados que utilizan esa vía de transporte: “La mayoría se moviliza en auto y todo eso atenúa los riesgos de contagio”.
El comunicado de Faca se suma al reclamo formal que los colegios de abogados de la provincia formularon al Tribunal Superior de Justicia para que se implementen medidas que permitan a los jueces y funcionarios tramitar, causar y resolver fallos desde sus domicilios.
Sobre este punto, desde el TSJ se dio amplia difusión al primer juicio penal que se cumplió el martes en Córdoba bajo la modalidad de videollamada. Se trata de la condena a un año de prisión para un hombre acusado un hecho de violencia familiar.
Para Carranza, el teletrabajo o el trabajo desde el domicilio de los funcionarios es apenas un paliativo que no resuelve la dificultad que hoy tienen los abogados para ejercer su profesión.
“Eso está bien pero es un paliativo, no alcanza a contrarrestar el parate y no alcanza para poner en movimiento a la Justica”, opinó.
El comunicado de Faca sostiene que “tampoco escapará al elevado criterio de las autoridades nacionales que, con las medidas aquí requeridas, también contribuirá a la vuelta al trabajo de miles de abogados, que a la fecha se encuentran impedidos de ejercer su profesión y por ende a subvenir a sus necesidades alimentarias, propias de toda persona humana”.
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