Antes de que iniciara el debate en la Cámara de Senadores, ya se sabía que la voluntad de la mayoría de los representantes de las provincias argentinas era votar en contra del proyecto.
Sin embargo, la efusividad de los manifestantes de los sectores que apoyan y también de los que rechazan la propuesta se vivía a flor de piel en las calles.
Las personas consultadas estaban confiadas en que el resultado iba a ser como ellas deseaban. La única realidad se iba a conocer a la madrugada, con los números en la pantalla.
La discusión del aborto legal valió la pena. Porque puso al descubierto una situación que parecía no importar demasiado: las mujeres en Argentina abortan y un porcentaje muere por hacerlo en situaciones de clandestinidad.
Entonces, más allá de que la ley no salga, con lo cual deberá esperarse un año hasta volver a plantear el tema en el Congreso, surge el interrogante: ¿qué acciones se tomarán para abordar la problemática del aborto inseguro?
Uno de los acuerdos tácitos que estableció la discusión del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo es que hace falta que la Ley de Educación Sexual Integral, sancionada hace 12 años en nuestro país, se aplique en todos los establecimientos educativos de una vez.
En los diálogos con los manifestantes que acudieron ayer a la Plaza del Congreso también surgió el tema en reiteradas ocasiones cuando se argumentaba por qué el aborto no es una salida.
Lo paradójico es que quienes ante la inminente aprobación de la ley de aborto legal se opusieron con el argumento de que hace falta tomar medidas previas, tales como la ESI, son los que históricamente la negaron y vienen obturando todas esas acciones que hoy pregonan como solución.
Incluso, el protocolo de aborto no punible al que podrían acceder mujeres que hayan sido violadas no es efectivo en la mayoría de las provincias argentinas, por recursos judiciales impuestos por algunos sectores más conservadores y vinculados a la Iglesia.
¿Hará falta esperar otro año?
Las personas consultadas estaban confiadas en que el resultado iba a ser como ellas deseaban. La única realidad se iba a conocer a la madrugada, con los números en la pantalla.
La discusión del aborto legal valió la pena. Porque puso al descubierto una situación que parecía no importar demasiado: las mujeres en Argentina abortan y un porcentaje muere por hacerlo en situaciones de clandestinidad.
Entonces, más allá de que la ley no salga, con lo cual deberá esperarse un año hasta volver a plantear el tema en el Congreso, surge el interrogante: ¿qué acciones se tomarán para abordar la problemática del aborto inseguro?
Uno de los acuerdos tácitos que estableció la discusión del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo es que hace falta que la Ley de Educación Sexual Integral, sancionada hace 12 años en nuestro país, se aplique en todos los establecimientos educativos de una vez.
En los diálogos con los manifestantes que acudieron ayer a la Plaza del Congreso también surgió el tema en reiteradas ocasiones cuando se argumentaba por qué el aborto no es una salida.
Lo paradójico es que quienes ante la inminente aprobación de la ley de aborto legal se opusieron con el argumento de que hace falta tomar medidas previas, tales como la ESI, son los que históricamente la negaron y vienen obturando todas esas acciones que hoy pregonan como solución.
Incluso, el protocolo de aborto no punible al que podrían acceder mujeres que hayan sido violadas no es efectivo en la mayoría de las provincias argentinas, por recursos judiciales impuestos por algunos sectores más conservadores y vinculados a la Iglesia.
¿Hará falta esperar otro año?
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