El caso registró un importante movimiento en los últimos días. Por disposición de la Fiscalía General de la Provincia, se resolvió unificar cuatro de las denuncias existentes en una sola dependencia. De este modo, el expediente quedó concentrado en la Fiscalía de Instrucción N° 3 de Villa Carlos Paz, bajo la conducción de la fiscal Jorgelina Gómez.
El pasado martes, un numeroso grupo de padres y madres encabezó una marcha pública para visibilizar el reclamo y exigir respuestas concretas a la Justicia. En declaraciones brindadas a Noticiero Doce, las familias denunciantes centraron su reclamo en una medida que consideran indispensable para garantizar la seguridad de los menores: la inmediata imputación del cura párroco de la institución.
“Se han unificado cuatro denuncias, estamos esperando pericias para que se retome la causa. El reclamo es que queremos la imputación de esta persona porque las cuatro víctimas hablan de lo mismo y de la misma persona”, manifestó una de las madres afectadas.
La mayor indignación de las familias radica en que, a pesar de que el nombre del religioso figura en la causa judicial desde hace al menos un mes, no se han tomado medidas preventivas eficaces dentro del ámbito escolar. “Es cura y sigue actualmente en el jardín. Los chicos han dado su nombre, lo han señalado en fotos, las psicólogas lo han corroborado; se han hecho las denuncias con nombre y apellido”, apuntó la mujer, quien además advirtió: “Esta persona sigue en la institución, va curso por curso a ver a niños del jardín, siendo que hay chicos que siguen ahí y han tenido situaciones el año pasado”.
El malestar de los padres no solo está dirigido al ritmo de los tiempos judiciales, sino también a la falta de empatía y de reflejos por parte de las autoridades del Jardín Niño Dios ante las primeras señales de alerta.
“Si se hubieran escuchado a los niños... Fuimos a hablar varias veces a la institución, di muchas oportunidades antes de denunciar para que tomen cartas en el asunto para esclarecer esto, pero no hubo respuestas favorables”, reclamó una de las denunciantes.
La respuesta del arzobispado cordobés
Por su parte, la “Junta Arquidiocesana de Educación Católica (JAEC), en su carácter de órgano educativo y pastoral del Arzobispado de Córdoba, expresa que en todas sus instituciones se asume con la máxima seriedad y responsabilidad cualquier situación o denuncia que involucre a niños, niñas y adolescentes”.
“El cuidado de los menores es prioridad absoluta. El Arzobispado de Córdoba dispone de protocolos específicos de prevención y actuación dirigidos a todas las personas que desarrollan tareas con menores y adultos vulnerables”, continúa el escrito.
El texto se refirió a la Oficina de Prevención de Abusos y Cuidado de Víctimas, que fue “debidamente informada de la situación e interviene conforme a sus competencias”, mientras que “el establecimiento educativo cumplió con los protocolos e indicaciones que existen en el tema”.
Además, la entidad expresó “preocupación porque algunos de los hechos mencionados llevan un año sin esclarecerse judicialmente” y enfatizó: “El colegio, sus representantes, autoridades y colaboradores docentes y no docentes, así como los padres, en general, que envían sus hijos e hijas a la institución, estuvieron y están siempre a disposición del Ministerio Público Fiscal y de los magistrados que actúan en los casos”.__IP__
En tanto, se detalló: “A la fecha, ni el colegio ni la JAEC han recibido notificación por parte de la autoridad judicial competente respecto de la existencia de personas formalmente sospechadas o imputadas en las causas obrantes ante el Ministerio Público Fiscal y la Justicia en general”.
“Finalmente, se reafirma el compromiso permanente con el cuidado, la dignidad y el bienestar integral de todas las personas y de la comunidad educativa, e insta a que, a la mayor brevedad, por el bien de la comunidad, puedan quedar esclarecidos los temas sometidos a consideración de la Justicia”, cerró.
