Al iniciar el juicio, reprocharon la conducta de los policías amotinados
“Córdoba se había convertido en la ciudad del vale todo”, describió el fiscal Carlos Antuña sobre la protesta que derivó en una ola de saqueos. El enjuiciamiento se desarrolla contra 56 efectivos
El comienzo del debate oral en los Tribunales II de la ciudad de Córdoba recordó las dos jornadas de caos y tensión que mantuvieron en vilo a toda la provincia.
Desde ayer a la mañana, la Cámara 12ª del Crimen, con la participación de jurados populares, puso en marcha el juicio contra 56 efectivos policiales que, el 3 y 4 de diciembre de 2013, se acuartelaron por reclamos salariales.
Además de los ciudadanos comunes, los jueces técnicos que integran el Tribunal son Gustavo Reinaldi, Gabriela Bella y Mario Capdevila.
Al transcurrir la primera audiencia se escucharon las acusaciones que pesan sobre los uniformados que promovieron la revuelta. En ese marco, uno de los fiscales, Carlos Antuña, reprochó la conducta asumida entonces por los policías.
Además se recordó que la protesta derivó en una ola de saqueos, principalmente en la ciudad de Córdoba, donde además hubo un muerto y centenares de heridos.
La sublevación originada en la base del Comando de Acción Preventiva (CAP), en barrio Ampliación Cerveceros, terminó expandiéndose al interior provincial. En Río Cuarto, los efectivos tomaron la sede de la Patrulla Preventiva, medida que motivó a los jefes de la Departamental a salir a patrullar las calles de la ciudad para frenar a los vándalos.
Acusaciones
La mayoría de los policías sentados en el banquillo están imputados de aplicación indebida de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público por la utilización de patrulleros y elementos de uso para el desempeño en la fuerza.
Otro grupo se encuentra acusado por desobediencia a la autoridad e instigación a cometer delitos.
Entre los fundamentos de las acusaciones se destaca que el amotinamiento policial generó el “cese de la actividad preventiva”, ante lo cual Córdoba quedó liberada para la sucesión de “hechos delictivos que empezaban a perpetrarse” en distintos puntos de la capital provincial.
"La no operatividad y el quite de colaboración de los móviles y de las redes de comunicaciones policiales fueron acciones de inconmensurable falta de responsabilidad funcional”, se señaló.
“Decidieron no cumplir con su función policial”, recalcó el fiscal Carlos Antuña. Y agregó: “Córdoba se había convertido en la ciudad del vale todo, pero no todo vale”.
El también fiscal en este proceso, Raúl Garzón, quien tuvo a cargo la etapa de instrucción de la causa, no descartó la posibilidad de que surjan otros responsables con el avance del juicio oral.
Podría declarar De la Sota
Se espera que declaren alrededor de 60 testigos, entre ellos José Manuel de la Sota, quien fuera gobernador en el momento de la protesta policial.
También están citados Oscar González, que en ese momento estaba a cargo del Ejecutivo, y la exministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, además de exjefes policiales.
En la oportunidad, De la Sota se hallaba en Panamá y el caos desatado en la provincia obligó a adelantar su regreso al país en medio de reclamos al gobierno de Cristina Kirchner para que enviara a Gendarmería.
Un joven muerto
El conflicto provocó la muerte de Javier Rodríguez -de 20 años-, quien fue alcanzado por un balazo durante los desmanes en Villa Ciudad Evita, y además se registraron más de 200 heridos, así como numerosos comercios y viviendas particulares saqueadas por el vandalismo oportunista.
No obstante, en el juicio que comenzó ayer solo se ventilará la conducta de los policías.
Las audiencias se realizarán de lunes a miércoles. Estiman que el debate podría extenderse durante dos o tres meses, considerando la complejidad del caso.
Desde ayer a la mañana, la Cámara 12ª del Crimen, con la participación de jurados populares, puso en marcha el juicio contra 56 efectivos policiales que, el 3 y 4 de diciembre de 2013, se acuartelaron por reclamos salariales.
Además de los ciudadanos comunes, los jueces técnicos que integran el Tribunal son Gustavo Reinaldi, Gabriela Bella y Mario Capdevila.
Al transcurrir la primera audiencia se escucharon las acusaciones que pesan sobre los uniformados que promovieron la revuelta. En ese marco, uno de los fiscales, Carlos Antuña, reprochó la conducta asumida entonces por los policías.
Además se recordó que la protesta derivó en una ola de saqueos, principalmente en la ciudad de Córdoba, donde además hubo un muerto y centenares de heridos.
La sublevación originada en la base del Comando de Acción Preventiva (CAP), en barrio Ampliación Cerveceros, terminó expandiéndose al interior provincial. En Río Cuarto, los efectivos tomaron la sede de la Patrulla Preventiva, medida que motivó a los jefes de la Departamental a salir a patrullar las calles de la ciudad para frenar a los vándalos.
Acusaciones
La mayoría de los policías sentados en el banquillo están imputados de aplicación indebida de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público por la utilización de patrulleros y elementos de uso para el desempeño en la fuerza.
Otro grupo se encuentra acusado por desobediencia a la autoridad e instigación a cometer delitos.
Entre los fundamentos de las acusaciones se destaca que el amotinamiento policial generó el “cese de la actividad preventiva”, ante lo cual Córdoba quedó liberada para la sucesión de “hechos delictivos que empezaban a perpetrarse” en distintos puntos de la capital provincial.
"La no operatividad y el quite de colaboración de los móviles y de las redes de comunicaciones policiales fueron acciones de inconmensurable falta de responsabilidad funcional”, se señaló.
“Decidieron no cumplir con su función policial”, recalcó el fiscal Carlos Antuña. Y agregó: “Córdoba se había convertido en la ciudad del vale todo, pero no todo vale”.
El también fiscal en este proceso, Raúl Garzón, quien tuvo a cargo la etapa de instrucción de la causa, no descartó la posibilidad de que surjan otros responsables con el avance del juicio oral.
Podría declarar De la Sota
Se espera que declaren alrededor de 60 testigos, entre ellos José Manuel de la Sota, quien fuera gobernador en el momento de la protesta policial.
También están citados Oscar González, que en ese momento estaba a cargo del Ejecutivo, y la exministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, además de exjefes policiales.
En la oportunidad, De la Sota se hallaba en Panamá y el caos desatado en la provincia obligó a adelantar su regreso al país en medio de reclamos al gobierno de Cristina Kirchner para que enviara a Gendarmería.
Un joven muerto
El conflicto provocó la muerte de Javier Rodríguez -de 20 años-, quien fue alcanzado por un balazo durante los desmanes en Villa Ciudad Evita, y además se registraron más de 200 heridos, así como numerosos comercios y viviendas particulares saqueadas por el vandalismo oportunista.
No obstante, en el juicio que comenzó ayer solo se ventilará la conducta de los policías.
Las audiencias se realizarán de lunes a miércoles. Estiman que el debate podría extenderse durante dos o tres meses, considerando la complejidad del caso.