Reestructuración de la deuda: aún persisten diferencias con los grandes fondos de inversión
El Gobierno prorrogó la vigencia de acuerdos de confidencialidad con los acreedores al menos hasta el viernes próximo, en un intento contra reloj por arribar a un acuerdo en la reestructuración de deuda por unos US$ 66.000 millones, indicaron ayer fuentes cercanas a la negociación. El viernes próximo vence la última extensión del proceso de canje de bonos bajo legislación extranjera, y aún persisten diferencias con los grandes fondos de inversión.
El Ministerio de Economía y los bonistas renovaron esa prórroga bajo la promesa oficial de presentar una nueva propuesta a los acreedores, antes del vencimiento de ese plazo, el 19 de junio.
El acuerdo refleja la intención del Gobierno y de los fondos de inversión de más peso de llegar a un entendimiento que permita limar las diferencias que quedan en fijar el valor de los títulos que entrarán en el canje.
En medios financieros locales trascendió que la diferencia que los separa del acuerdo se mantiene entre la propuesta del Gobierno, que alcanzaría a US$ 49,90 por cada 100 de valor presente neto, mientras que los grandes inversores pretenden entre US$ 53 y 55.
Las negociaciones continúan en medio de un nuevo apoyo a la Argentina de la directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva, quien este martes volvió a presionar por un acuerdo con la condición de que el pago de la deuda sea sustentable y no condicionar el crecimiento económico, posición acordada con el Gobierno.
Georgieva destacó que el presidente Alberto Fernández tiene la voluntad de "hacer lo correcto para el pueblo argentino", así como también para mejorar "el papel que puede jugar el país en la región y en el mundo".
Los grupos de acreedores Ad Hoc Bondholder Group y Exchange Bondholder Group presentaron una nueva propuesta, que aún está lejos de lo que quiere pagar el gobierno.
Pidieron también un bono adicional vinculado al PBI de la Argentina, basado en cifras del Fondo Monetario, en lugar de relacionarlo con la evolución de las exportaciones agropecuarias, como propone Economía.
Si bien se acercaron las posiciones, todavía quedan diferencias, por desacuerdos entre los grupos de acreedores, a los que se suma también los que existen entre los miembros de un mismo comité de bonistas, que dificultan las tratativas.
Por lo pronto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se mostró optimista sobre un posible acuerdo con los acreedores.
En una entrevista con el diario brasileño Folha de Sao Paulo, el funcionario celebró que "hasta el momento ningún acreedor declaró formalmente que la Argentina entró en default", dato que toma como una señal favorable a un acuerdo.
Argentina tendría que haber pagado el 22 de mayo un vencimiento de bonos Globales por 503 millones de dólares, pero decidió no hacerlo porque esos papeles forman parte de la renegociación y los tenedores quedaron en condiciones de pedir que se declare al país en cesación en pagos.
No obstante, el pasado 1° de junio, el Comité de Determinaciones de Derivados de Crédito de las Américas decidió activar los pagos correspondientes a los seguros (CDS, por su siglas en inglés) por unos 1.400 millones de dólares a valor nocional neto, lo que se efectuó el 12 de junio.
En busca de la reactivación
Ahora, Guzmán aseguró que después de cerrar un acuerdo con los acreedores, la Argentina pasará la página para dedicarse a otras áreas de la economía con la reactivación pospandemia como objetivo central.
Entre ellas, se refirió a la relación bilateral con Brasil y reparó en la importancia del Mercosur y en la necesidad de profundizar el vínculo y en una "agenda de cooperación", entre ambas naciones.
Guzmán sostuvo que durante estos seis meses en el cargo aún no se comunicó con su par Paulo Guedes, al igual que Alberto Fernández no ha tenido contacto con el presidente Jair Bolsonaro, en parte también por las complicaciones que derivaron de la pandemia por el nuevo coronavirus.