El eje central del descargo, firmado por el abogado Matías Ledesma, gira en torno a ocho billeteras virtuales de autocustodia que habrían generado un total de 591.544,61 dólares. Según la presentación, esas direcciones de Bitcoin registraron actividad exclusivamente entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018, y actualmente no conservan saldo. La defensa utilizó ese dato para argumentar que el patrimonio vinculado a esas inversiones se acumuló varios años antes de que Adorni asumiera un cargo público.
Billeteras sin titular registrado
Las primeras compras de Bitcoin, según el escrito, se realizaron en 2014 por un monto de 1.897,20 dólares, mientras que el grueso de la inversión se concentró en 2017, cuando destinó 199.883,20 dólares. La liquidación se habría concretado entre 2017 y 2018 mediante reuniones físicas: Adorni entregaba los Bitcoin y recibía dólares en efectivo de compradores particulares, sin intervención de bancos ni exchanges.
El punto más delicado de esta justificación es la titularidad de las billeteras. Al tratarse de carteras de autocustodia, no cuentan con datos de identidad ni nombre y apellido asociado. Para intentar acreditar que son suyas, Adorni certificó ante un escribano que posee las claves privadas necesarias para operar esas cuentas, y entregó a su abogado esas claves en un sobre cerrado y lacrado, a disposición de la investigación. Verificar esa titularidad será uno de los puntos clave para lo que sigue en la causa.
La disputa por los 245.000 dólares de la obra
Con los 591.544,61 dólares obtenidos, la defensa reconstruyó un flujo de fondos que explicaría los gastos del matrimonio desde que Adorni llegó al poder. Entre esas erogaciones figuran la compra del lote 380 en el country Indio Cuá, financiada con un préstamo hipotecario de 100.000 dólares sobre el inmueble de la calle Asamblea y 20.000 dólares en efectivo; las refacciones de esa vivienda; y la adquisición de un departamento en la calle Miró al 550, en el barrio porteño de Caballito, donde se abonaron 30.000 dólares en efectivo.
Uno de los puntos más controvertidos es el costo de la remodelación en Indio Cuá. El contratista Matías Tabar declaró haber recibido 245.000 dólares en efectivo por las obras, pero Adorni rechazó esa cifra y sostuvo que el gasto real fue de 175.000 dólares. La defensa cuestionó las planillas del constructor, señaló diferencias entre documentos, gastos sin comprobantes y materiales enviados a domicilios distintos, y presentó un informe técnico de un arquitecto de parte que calculó el valor de mercado de la refacción en 174.954,58 dólares.
La fiscalía también había apuntado a dos deudas que Adorni declaró en su presentación ante la Oficina Anticorrupción de 2023: una personal por 6.429.000 pesos y otra de su cónyuge por 3.903.000 pesos, ambas con el Banco de Galicia, que dejaron de figurar en ejercicios posteriores. La defensa calificó esas deudas de inexistentes y atribuyó su inclusión a un error material de carga, corregido mediante declaraciones rectificativas presentadas el 10 de junio de 2026.
Préstamos familiares sin documentación formal
Otro flanco abierto son los préstamos privados con Silvia Pais, madre de Adorni, y Norma Zuccolo, utilizados como fuentes de financiamiento en sus declaraciones patrimoniales. La defensa admitió que no existen documentos escritos, transferencias bancarias ni registros de fecha cierta que prueben la entrega del dinero, y argumentó que los contratos de mutuo entre particulares no requieren formalidades solemnes según el Código Civil y Comercial.
Con el descargo presentado, el fiscal Pollicita debe evaluar si las explicaciones y la documentación cierran las inconsistencias detectadas, que según el análisis económico incorporado al expediente incluyen una diferencia de aproximadamente 43 millones de pesos entre ingresos y gastos, más desembolsos en dólares por 402.578 dólares. Si las justificaciones no resultan suficientes, el expediente podría avanzar hacia la citación de Adorni a declaración indagatoria ante el juez Lijo.
