Fondos Reservados de la AFI: una caja de Pandora con $2 mil millones anuales
Todavía no hay precisiones sobre el alcance de lo que será la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, anunciada el martes por Alberto Fernández. Pero hay preocupación lógica por una posible diáspora del personal inorgánico, si eso se concretara. Qué puede pasar con una eventual mano de obra desocupada.
Terminó la fiesta, bajó la espuma. Fueron barridos los papelitos de la Plaza de Mayo y (obviamente) publicadas las fotos de la mugre que dejaron las más de un millón de personas que festejaron la asunción del binomio presidencial.
Pasó el primer día de gestión propiamente dicha de Alberto Fernández y todavía no se conocieron precisiones sobre lo que realmente sucederá con el organismo más polémico bajo la dependencia inmediata del presidente: la Agencia Federal de Inteligencia.
Sólo se sabe lo anunciado en el discurso de asunción: "He decidido que sea intervenida la Agencia Federal de Inteligencia, para impulsar así una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado".
Luego de que se desvaneciera la primera catarata de aplausos que le arrancó a la Asamblea, el presidente redobló la apuesta, y dijo que como paso inmediato derogaría el decreto de Macri que promovía y consagraba "el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado". Y como si no hubiera alcanzado, prometió que esos fondos serían redestinados a los planes contra el hambre.
Qué pasará con los inorgánicos
Claro que cuando bajó la euforia de ese primer día, el análisis más detenido sobre ese anuncio no tardó en sembrar dudas y preguntas:
¿Si se quitan esos fondos reservados, cómo se financiará la inteligencia, necesaria para la seguridad de un estado?
Y otra quizás más importante: ¿Sin fondos reservados, a qué se dedicará todo el vidrioso personal no orgánico, que es el que trabaja en la calle reuniendo la información?
Las preguntas no son menores, menos aún si se tiene en cuenta la cifra que implicaban esos fondos reservados: "Más o menos unos dos mil millones de pesos al año", señaló una fuente muy vinculada con los servicios de inteligencia, ante la consulta de MARCA INFORMATIVA.
Buena parte de esos fondos se utilizan para el pago de este tipo de personal, que de no contar con ellos se correrá el riesgo de que "migren" sus labores hacia otros empleadores. Si no es el Estado (bajo la directiva del presidente y bajo el control del Legislativo), no es difícil inferir hacia dónde podrían orientar los servicios.
"En primer lugar, está claro que la quita de los fondos reservados no afectaría al personal orgánico, porque eso se cubre simplemente con el presupuesto. Pero sin los fondos reservados se va a complicar trabajar con los inorgánicos", dijo la misma fuente, pidiendo estricta reserva de identidad, "habida cuenta de lo sensible que es este tipo de información en este momento".
El problema de los inorgánicos es que no se conoce con precisión cuánto personal es, ni a qué se dedica. Y no se va a tener a un inorgánico concurriendo a la sede de la AFI a reclamar una indemnización. "Controlar a este personal que pudiera quedar disponible dependerá de las tareas de contrainteligencia que va a tener que emprender el organismo, precisamente para que eso no ocurra", argumentó.
La AFI, ex SIDE, se convirtó en un actor clave durante la gestión de Macri, durante la cual se filtraron gran cantidad de escuchas y se montaron operaciones de persecución a opositores.
Cirugía mayor y control durante
Más allá de esta cuestión que no resulta menor, lo concreto es que la afirmación del presidente de acabar con los fondos reservados no se debería tomar de modo categórico. Lo más probable es que estos fondos se reduzcan drásticamente, pero lo central es que dejarán de ser secretos. "Van a tener que empezar a rendir cuenta de eso", dijo la misma persona.
Ese "rendir cuentas" debería ser ante la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. La propuesta que le ha llegado al presidente Fernández es que ese control sea permanente, es decir, mientras se están llevando adelante estas acciones, "y no ex post, es decir, con los hechos consumados, como se lo hizo con Macri". Con ello, la Comisión bicameral va a poder intervenir para saber en qué se están gastando los fondos y cuáles son las operaciones de inteligencia en marcha, tal como actualmente sucede actualmente en Estados Unidos y Alemania.
De cualquier modo, hasta tanto no se anuncie oficialmente en qué consistirá el nuevo esquema de inteligencia y qué alcance tendrá el concepto de "intervención" que esbozó el presidente, no se podrá saber cómo articularían los diferentes poderes en el control del organismo.
Las diferentes fuentes consultadas sobre el tema, oscilan entre posibilidades de máxima y de mínima. La primera contempla la alternativa de que un interventor ponga en marcha una auditoría general sobre el organismo para estudiar lo que sucedió en los últimos cuatro años, y que en función de ello diagrame una reestructuración. La segunda, simplemente sería el nombramiento de una autoridad por parte del presidente, sin necesidad de contar con el acuerdo del Senado, tal como hoy lo establece la ley. En este último caso, no variaría mucho de lo que sería una simple designación. Pero si fuera el primero, estaríamos hablando de cirugía mayor.
Divorcio con la Justicia
Más allá de eso, el gobierno ya tiene en sus manos una propuesta muy concreta que es la de derogar una frase del artículo 4 de la Ley de Inteligencia. En ese artículo se detalla todas las actividades de inteligencia que tiene prohibidas, y en cuarto punto señala: "Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial".
Lo que allí plasmaba la normativa aprobada en noviembre de 2001, era un control judicial a las tareas de la inteligencia. Pero lo que sucedió en estos años es que le permitió a los jueces y fiscales cargarle a la AFI tareas que no eran inherentes a su función específica. Y así fue como la usó Cambiemos en estos años.
Los resultados de este accionar también fueron puestos a la luz durante el discurso presidencial cuando clamó por un "Nunca Más a una Justicia contaminada por servicios de inteligencia".
Tomándose de ese inciso que ahora que quiere derogar, se logró poner a la inteligencia al servicio de la Justicia, o en algunos casos al revés, cuando en realidad las tareas del organismo son específicamente orientadas a colaborar con la defensa del país y el mantenimiento del orden constitucional y democrático.
Nada de todo eso sucedió en estos últimos años con la AFI, que se convirtió en una usina de operaciones judiciales y mediáticas, y fue un articulador privilegiado para la persecución de opositores.
Fuente: Marca Informativa (por Adolfo Ruiz)
Pasó el primer día de gestión propiamente dicha de Alberto Fernández y todavía no se conocieron precisiones sobre lo que realmente sucederá con el organismo más polémico bajo la dependencia inmediata del presidente: la Agencia Federal de Inteligencia.
Sólo se sabe lo anunciado en el discurso de asunción: "He decidido que sea intervenida la Agencia Federal de Inteligencia, para impulsar así una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado".
Luego de que se desvaneciera la primera catarata de aplausos que le arrancó a la Asamblea, el presidente redobló la apuesta, y dijo que como paso inmediato derogaría el decreto de Macri que promovía y consagraba "el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado". Y como si no hubiera alcanzado, prometió que esos fondos serían redestinados a los planes contra el hambre.
Qué pasará con los inorgánicos
Claro que cuando bajó la euforia de ese primer día, el análisis más detenido sobre ese anuncio no tardó en sembrar dudas y preguntas:
¿Si se quitan esos fondos reservados, cómo se financiará la inteligencia, necesaria para la seguridad de un estado?
Y otra quizás más importante: ¿Sin fondos reservados, a qué se dedicará todo el vidrioso personal no orgánico, que es el que trabaja en la calle reuniendo la información?
Las preguntas no son menores, menos aún si se tiene en cuenta la cifra que implicaban esos fondos reservados: "Más o menos unos dos mil millones de pesos al año", señaló una fuente muy vinculada con los servicios de inteligencia, ante la consulta de MARCA INFORMATIVA.
Buena parte de esos fondos se utilizan para el pago de este tipo de personal, que de no contar con ellos se correrá el riesgo de que "migren" sus labores hacia otros empleadores. Si no es el Estado (bajo la directiva del presidente y bajo el control del Legislativo), no es difícil inferir hacia dónde podrían orientar los servicios.
"En primer lugar, está claro que la quita de los fondos reservados no afectaría al personal orgánico, porque eso se cubre simplemente con el presupuesto. Pero sin los fondos reservados se va a complicar trabajar con los inorgánicos", dijo la misma fuente, pidiendo estricta reserva de identidad, "habida cuenta de lo sensible que es este tipo de información en este momento".
El problema de los inorgánicos es que no se conoce con precisión cuánto personal es, ni a qué se dedica. Y no se va a tener a un inorgánico concurriendo a la sede de la AFI a reclamar una indemnización. "Controlar a este personal que pudiera quedar disponible dependerá de las tareas de contrainteligencia que va a tener que emprender el organismo, precisamente para que eso no ocurra", argumentó.
La AFI, ex SIDE, se convirtó en un actor clave durante la gestión de Macri, durante la cual se filtraron gran cantidad de escuchas y se montaron operaciones de persecución a opositores.
Cirugía mayor y control durante
Más allá de esta cuestión que no resulta menor, lo concreto es que la afirmación del presidente de acabar con los fondos reservados no se debería tomar de modo categórico. Lo más probable es que estos fondos se reduzcan drásticamente, pero lo central es que dejarán de ser secretos. "Van a tener que empezar a rendir cuenta de eso", dijo la misma persona.
Ese "rendir cuentas" debería ser ante la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. La propuesta que le ha llegado al presidente Fernández es que ese control sea permanente, es decir, mientras se están llevando adelante estas acciones, "y no ex post, es decir, con los hechos consumados, como se lo hizo con Macri". Con ello, la Comisión bicameral va a poder intervenir para saber en qué se están gastando los fondos y cuáles son las operaciones de inteligencia en marcha, tal como actualmente sucede actualmente en Estados Unidos y Alemania.
De cualquier modo, hasta tanto no se anuncie oficialmente en qué consistirá el nuevo esquema de inteligencia y qué alcance tendrá el concepto de "intervención" que esbozó el presidente, no se podrá saber cómo articularían los diferentes poderes en el control del organismo.
Las diferentes fuentes consultadas sobre el tema, oscilan entre posibilidades de máxima y de mínima. La primera contempla la alternativa de que un interventor ponga en marcha una auditoría general sobre el organismo para estudiar lo que sucedió en los últimos cuatro años, y que en función de ello diagrame una reestructuración. La segunda, simplemente sería el nombramiento de una autoridad por parte del presidente, sin necesidad de contar con el acuerdo del Senado, tal como hoy lo establece la ley. En este último caso, no variaría mucho de lo que sería una simple designación. Pero si fuera el primero, estaríamos hablando de cirugía mayor.
Divorcio con la Justicia
Más allá de eso, el gobierno ya tiene en sus manos una propuesta muy concreta que es la de derogar una frase del artículo 4 de la Ley de Inteligencia. En ese artículo se detalla todas las actividades de inteligencia que tiene prohibidas, y en cuarto punto señala: "Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial".
Lo que allí plasmaba la normativa aprobada en noviembre de 2001, era un control judicial a las tareas de la inteligencia. Pero lo que sucedió en estos años es que le permitió a los jueces y fiscales cargarle a la AFI tareas que no eran inherentes a su función específica. Y así fue como la usó Cambiemos en estos años.
Los resultados de este accionar también fueron puestos a la luz durante el discurso presidencial cuando clamó por un "Nunca Más a una Justicia contaminada por servicios de inteligencia".
Tomándose de ese inciso que ahora que quiere derogar, se logró poner a la inteligencia al servicio de la Justicia, o en algunos casos al revés, cuando en realidad las tareas del organismo son específicamente orientadas a colaborar con la defensa del país y el mantenimiento del orden constitucional y democrático.
Nada de todo eso sucedió en estos últimos años con la AFI, que se convirtió en una usina de operaciones judiciales y mediáticas, y fue un articulador privilegiado para la persecución de opositores.
Fuente: Marca Informativa (por Adolfo Ruiz)