Según explicó Gabriel Escudero, trabajador civil de la base militar, el problema tiene raíz financiera. El déficit estimado de la obra social asciende a 260.000 millones de pesos, una cifra que, según los propios trabajadores, excede cualquier posibilidad de resolución local. "Esta solución debe venir del Gobierno Nacional, directamente", señaló Gabriel, al remarcar que ninguna autoridad de la jefatura regional está en condiciones de revertir la situación.
En Río Cuarto, la cantidad de personas afectadas es significativa. Sumando el personal de la Fuerza Aérea, el Área Material y el Batallón de Arsenales de Holmberg , se estiman unas 3.500 personas entre civiles y militares que quedaron sin acceso a prestaciones de salud. La ironía no pasó desapercibida entre los manifestantes: mientras aviones provenientes de Dinamarca aterrizan en el país y el personal técnico que los atenderá pertenece a la Fuerza Aérea, ese mismo personal no cuenta con cobertura médica vigente.
Ante la falta de atención por parte de la obra social, desde la delegación local de la OSFA se gestionó el acceso de algunos afiliados al hospital público de Río Cuarto. Sin embargo, los trabajadores aclararon que esa no es una solución estructural, ya que muchos efectores públicos no reciben a quienes tienen obra social activa, y los afiliados continúan abonando mensualmente la cuota correspondiente.
Vencimiento de contratos y riesgo de despidos masivos
La crisis tiene además una dimensión laboral urgente. Mañana vencen gran parte de los contratos del personal administrativo de la obra social, lo que pone en riesgo el empleo de trabajadores civiles que se desempeñan en los trece hoteles de las Fuerzas Armadas distribuidos en todo el territorio nacional, así como en las farmacias propias y los centros médicos propios de la institución. En total, se proyecta el despido de unas 600 personas, con el consecuente impacto sobre otras tantas familias.
El gremio ATE viene impulsando acciones de visibilización del conflicto en los distintos centros hoteleros y en las áreas administrativas vinculadas a la cobertura médica. Los trabajadores advierten que, en un contexto de deterioro económico generalizado y alta morosidad, perder el acceso a la salud representa un golpe especialmente duro para quienes dependen de un salario para costear estudios y consultas médicas.
