El Concejo aprobará la regulación de las fiestas privadas y los afters
El proyecto podría tratarse en la sesión de mañana. La iniciativa contempla multas que superan los $ 250 mil. Los organizadores deberán solicitar autorización ante la Secretaría de Gobierno de Dova.
El Concejo Deliberante está en condiciones de aprobar el proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo para regular las fiestas privadas y los afters. El expediente, que ingresó al Legislativo en diciembre del año pasado, tiene despacho de las comisiones de Gobierno y Educación, por lo que podría ser votado en la sesión de mañana.
Aunque eso no fue confirmado por el oficialismo, el texto en cuestión lleva la firma de 7 de los 10 concejales de Unión por Córdoba. Esto implica que, aunque la oposición no se exprese a favor, el peronismo tiene los avales necesarios para avanzar unilateralmente.
El proyecto de ordenanza hace responsable por lo que suceda en este tipo de eventos a los propietarios y organizadores (sean personas físicas o jurídicas) de las fiestas en casas particulares, quintas y cualquier otro espacio similar, más allá de que se proyecten de manera eventual o esporádica y de que se cobre entrada o no para ingresar.
Al mismo tiempo, se excluye a las fiestas de carácter familiar o de fin de año que, por sus características, no conlleven riesgo alguno para la integridad de los espacios públicos, la convivencia entre los ciudadanos y la seguridad común.
Los interesados en organizar fiestas privadas o afters deberán pedir autorización ante la Secretaría de Gobierno (liderada por Mauricio Dova) del Municipio con una antelación no menor a 10 días con respecto a la fecha del evento.
En los casos en los que se detecten irregularidades, el dueño del inmueble u organizador del evento recibirá una multa que oscilará entre las 50 y las 300 unidades de multa, lo que en términos económicos implica una sanción que irá entre los $ 42.500 y los $ 255.000.
Para determinar la cantidad de unidades de multa, las autoridades se fijarán en las dimensiones y la ubicación del predio en el que se desarrolló la fiesta, la cantidad de personas que hubo en el lugar, la presencia o no de menores, las molestias generadas a los vecinos, el cobro o no de entrada, la venta o no de bebidas alcohólicas, entre otras cuestiones.
Otro aspecto importante, planteado en el artículo 5 del proyecto, advierte que, ante la reincidencia en la infracción, el dueño u organizador recibirá una multa equivalente al doble de la primera.
En otro orden, la propuesta que será votada autoriza a los inspectores del Edecom a tomar fotografías y a hacer filmaciones para probar que un inmueble privado ha sido utilizado para desarrollar una fiesta o after.
Desalojo
En su artículo 6, el proyecto señala que, en caso de que la fiesta conlleve riesgos para la integridad de los espacios públicos, la convivencia entre los ciudadanos y la seguridad común, la Secretaría de Gobierno, con la colaboración de la Policía, procederá a desalojar el lugar donde se esté desarrollando la celebración.
Los inspectores municipales serán los encargados de realizar las tareas de verificación del inmueble donde se realizará el evento. En caso de que no reciban la autorización del propietario para constatar la situación, se considerará que la fiesta no cumple con los requisitos fijados por la normativa.
A propósito del tema, desde la oposición aseguraron que todavía no tienen una postura definida en cuanto a cómo votarán cuando el expediente llegue al recinto.
“Nosotros planteamos que se tengan en cuenta algunos cambios que sugerimos. No sabemos si antes de la aprobación el bloque oficialista va a abrir el debate para que sean incluidos”, afirmó un concejal de la bancada de Cambiemos.
Reclamo
El proyecto que se votará en breve en el Concejo es uno de los dos que el gobierno de Llamosas envió al Legislativo para regular las actividades de recreación nocturna.
La segunda de las iniciativas, que aún no tiene fecha de tratamiento, deberá incluir al menos parte de los planteos que los adolescentes y jóvenes realizaron en las dos audiencias públicas que tuvieron lugar este año.
Una de las cuestiones más reclamadas en ambas instancias tiene que ver con la creación de espacios para que los menores de 16 y 17 años puedan salir a divertirse, ya que actualmente tienen que recurrir a boliches de localidades de la zona donde no se les pide que sean mayores de 18 años para poder ingresar.
Aunque eso no fue confirmado por el oficialismo, el texto en cuestión lleva la firma de 7 de los 10 concejales de Unión por Córdoba. Esto implica que, aunque la oposición no se exprese a favor, el peronismo tiene los avales necesarios para avanzar unilateralmente.
El proyecto de ordenanza hace responsable por lo que suceda en este tipo de eventos a los propietarios y organizadores (sean personas físicas o jurídicas) de las fiestas en casas particulares, quintas y cualquier otro espacio similar, más allá de que se proyecten de manera eventual o esporádica y de que se cobre entrada o no para ingresar.
Al mismo tiempo, se excluye a las fiestas de carácter familiar o de fin de año que, por sus características, no conlleven riesgo alguno para la integridad de los espacios públicos, la convivencia entre los ciudadanos y la seguridad común.
Los interesados en organizar fiestas privadas o afters deberán pedir autorización ante la Secretaría de Gobierno (liderada por Mauricio Dova) del Municipio con una antelación no menor a 10 días con respecto a la fecha del evento.
En los casos en los que se detecten irregularidades, el dueño del inmueble u organizador del evento recibirá una multa que oscilará entre las 50 y las 300 unidades de multa, lo que en términos económicos implica una sanción que irá entre los $ 42.500 y los $ 255.000.
Para determinar la cantidad de unidades de multa, las autoridades se fijarán en las dimensiones y la ubicación del predio en el que se desarrolló la fiesta, la cantidad de personas que hubo en el lugar, la presencia o no de menores, las molestias generadas a los vecinos, el cobro o no de entrada, la venta o no de bebidas alcohólicas, entre otras cuestiones.
Otro aspecto importante, planteado en el artículo 5 del proyecto, advierte que, ante la reincidencia en la infracción, el dueño u organizador recibirá una multa equivalente al doble de la primera.
En otro orden, la propuesta que será votada autoriza a los inspectores del Edecom a tomar fotografías y a hacer filmaciones para probar que un inmueble privado ha sido utilizado para desarrollar una fiesta o after.
Desalojo
En su artículo 6, el proyecto señala que, en caso de que la fiesta conlleve riesgos para la integridad de los espacios públicos, la convivencia entre los ciudadanos y la seguridad común, la Secretaría de Gobierno, con la colaboración de la Policía, procederá a desalojar el lugar donde se esté desarrollando la celebración.
Los inspectores municipales serán los encargados de realizar las tareas de verificación del inmueble donde se realizará el evento. En caso de que no reciban la autorización del propietario para constatar la situación, se considerará que la fiesta no cumple con los requisitos fijados por la normativa.
A propósito del tema, desde la oposición aseguraron que todavía no tienen una postura definida en cuanto a cómo votarán cuando el expediente llegue al recinto.
“Nosotros planteamos que se tengan en cuenta algunos cambios que sugerimos. No sabemos si antes de la aprobación el bloque oficialista va a abrir el debate para que sean incluidos”, afirmó un concejal de la bancada de Cambiemos.
Reclamo
El proyecto que se votará en breve en el Concejo es uno de los dos que el gobierno de Llamosas envió al Legislativo para regular las actividades de recreación nocturna.
La segunda de las iniciativas, que aún no tiene fecha de tratamiento, deberá incluir al menos parte de los planteos que los adolescentes y jóvenes realizaron en las dos audiencias públicas que tuvieron lugar este año.
Una de las cuestiones más reclamadas en ambas instancias tiene que ver con la creación de espacios para que los menores de 16 y 17 años puedan salir a divertirse, ya que actualmente tienen que recurrir a boliches de localidades de la zona donde no se les pide que sean mayores de 18 años para poder ingresar.