El escándalo estalló frente a tres jueces penales. En pleno juicio por la muerte de Soledad Correa, quedó al descubierto una gravísima irregularidad en el funcionamiento de la Caminera.
Cinco policías que se desempeñan en esa repartición o trabajaban allí cuando la chica que viajaba desde Holmberg fue atropellada admitieron que la jefatura de la Caminera los presionaba para que labraran una determinada cantidad de actas por día en el puesto enclavado en Santa Catalina.
Dijeron que antes de salir a hacer los operativos eran conminados por la jefatura a cumplir con un cierto cupo de multas -algunos hablaron de cien por día- y si no cumplían ese objetivo se exponían a fuertes sanciones, como recargos horarios y hasta arrestos. Los agentes Erika Albaretras, Patricio Correa, Pablo Obed y Juan Carlos González declararon como testigos y ratificaron la existencia del método que, más que apuntar a la seguridad de los ciudadanos, tenía un claro fin recaudatorio.
Un exjefe de la Caminera de Holmberg, el subcomisario Víctor Martoccio, lo aceptó a regañadientes. Cuando el juez Andruet y el fiscal Miralles lo interrogaron, admitió: “Y, sí, recibíamos presiones para llegar a cierta cantidad de multas”. Ayer la Justicia envió los antecedentes a un fiscal de Instrucción para desentrañar cómo funciona dicha fuerza.