Mientras el inicio de las sesiones extraordinarias, previsto para el 2 de febrero, comienza a acercarse a mayor velocidad, en la agenda claramente hay dos temas centrales que se destacan por su potencia política y su relevancia económica. El primero tiene que ver con un viejo anhelo del Gobierno nacional: la reforma laboral, que con el correr del tiempo denominó “modernización laboral” y ubicó allí, como carta de presentación, la necesidad irrefutable de actualizar el marco normativo del trabajo en Argentina luego de que la tecnología haya transformado mucho de lo que se hacía apenas 5 o 10 años atrás. El plexo legal en materia de empleo cumple 50 años, más allá de algunas actualizaciones que se fueron aplicando en el camino. Desde allí parece inobjetable el deseo del Gobierno. Pero detrás de la fachada hay mucha tela para cortar y allí comenzaron a existir tensiones: algunas esperadas, como con los sindicatos y sectores de la oposición; y otras menos imaginadas, como la de algunos gobernadores que advirtieron que, así como está el proyecto del Gobierno, incluye un costo fiscal para las provincias de alta magnitud. En el caso de la Región Centro, estiman que resignaría más de $240 mil millones. Por eso, el capítulo impositivo asociado a la reforma laboral está hoy en veremos. Hay allí una negociación abierta y el Gobierno dio algunas señales de estar dispuesto a negociarlo con tal de avanzar en el grueso de la propuesta.
El agro cordobés también le pone fichas a la reforma laboral y mira de reojo a Llaryora
Buena parte del empresariado provincial comulga con la necesidad de avanzar en cambios estructurales en temas sensibles, como el mercado del trabajo o los impuestos. Creen que impulsarán el crecimiento