Por suba de precios y tipo de cambio, aumentó la renta agrícola
La participación del Estado en las utilidades de los agricultores bajó del 74,7% al 71,1%, lo que dejó mayor margen a los productores. El girasol muestra los mejores números.
La participación del Estado en la renta agrícola retrocedió en el tercer trimestre del año con respecto a la medición de junio, según el último informe de la Fundación Fada.
De acuerdo con ese trabajo, el Estado se queda con el 71,1% de la renta de los productores frente al 74,7% anterior. Hace un año, había sido del 65,4%.
Según la explicación de Fada, el incremento de los ingresos por encima de los costos hizo que mejorara la renta y bajara el indicador. El precio disponible en dólares del maíz y la soja subió un 7% y 8% con respecto a junio. Además, el dólar aumentó un 9% mientras que los costos aumentaron un 7,4% en estos tres meses.
En cuanto al aumento que se observa en relación con el 65,4% de hace un año, Fada explicó que los costos de una hectárea promedio subieron un 27,7%, cuando el valor bruto de producción en el país tuvo un incremento del 16,5%.
De manera detallada, los mayores márgenes se dan en el girasol, en el que la participación del Estado alcanza el 52,2%. Un poco más atrás, el maíz, que mejoró significativamente a partir de la quita de retenciones, muestra un 60,3%. En el caso de la soja (que mantiene el 30% de derechos de exportación) y el trigo, que como el maíz fue liberado de retenciones, alcanzan niveles similares: 73,1% y 73,4%, respectivamente.
Por provincias
Mientras el índice Fada muestra una participación del Estado nacional en la renta agrícola del 71,1%, el de Buenos Aires es de 65,7%, el de Córdoba del 68,5% y el de San Luis del 68%, los tres distritos que releva la Fundación.
“Lo que más impacta en esta comparación es que San Luis, por ejemplo, tiene rindes menores y una renta por hectárea menor que las otras dos provincias”, explica el estudio difundido ayer.
En términos absolutos, el impacto de los impuestos es exactamente al revés, una hectárea en Buenos Aires es la que más tributa, y una en San Luis, la que menos.
Los impuestos provinciales presentan divergencias. En el caso de Buenos Aires, significan unos $ 476 por hectárea, de acuerdo con el detalle ofrecido por Fada.
Al mismo tiempo, los partidos cobran sus propias tasas, la mayoría son tasas viales. Estas significan, en promedio, unos $ 95 por hectárea. Así, entre municipales y provinciales, una hectárea promedio en Buenos Aires debe tributar $ 555, representando un 3,3% del valor de la producción, o un 6,2% de la renta. En el caso de Córdoba, representa 1,7% del valor de la producción y 3,4% de la renta, y no existen los impuestos municipales.
Sin embargo, si en lugar de tomar el valor bruto de la producción, se toma el ingreso neto de gastos de transporte de los productores, los impuestos inmobiliarios rurales de Córdoba y Buenos Aires quedan más parejos. Esto es así por la diferencia en los costos de transporte entre una provincia y otra.
Aduanas internas
San Luis tiene un impuesto inmobiliario rural sustancialmente más bajo que las otras dos provincias, sin embargo, tiene una especie de “derecho de exportación interno”: cobra una tasa que incluye “guías de campaña” y “certificados de venta”. Los certificados se pagan tanto para la venta dentro de la provincia como la producción que se dirige fuera de la misma. Por otro lado, se paga la guía, para la producción que se transporta fuera de la provincia.
“Estas tasas se suman a un pago a cuenta de ingresos brutos, y se concentran en el llamado Do.Pro. (documento provincial). Por ejemplo, una tonelada de soja paga $ 7,08 en concepto de guía, más $ 10,63 de certificado, más $ 14,20 de pago a cuenta de Ingresos Brutos, pagando un Do.Pro. por tonelada de $ 31,91”, destacó el informe.
En cuanto a la “renta de la tierra”, que es un arrendamiento promedio menos impuestos, las tres provincias tienen un nivel similar.
De acuerdo con ese trabajo, el Estado se queda con el 71,1% de la renta de los productores frente al 74,7% anterior. Hace un año, había sido del 65,4%.
Según la explicación de Fada, el incremento de los ingresos por encima de los costos hizo que mejorara la renta y bajara el indicador. El precio disponible en dólares del maíz y la soja subió un 7% y 8% con respecto a junio. Además, el dólar aumentó un 9% mientras que los costos aumentaron un 7,4% en estos tres meses.
En cuanto al aumento que se observa en relación con el 65,4% de hace un año, Fada explicó que los costos de una hectárea promedio subieron un 27,7%, cuando el valor bruto de producción en el país tuvo un incremento del 16,5%.
De manera detallada, los mayores márgenes se dan en el girasol, en el que la participación del Estado alcanza el 52,2%. Un poco más atrás, el maíz, que mejoró significativamente a partir de la quita de retenciones, muestra un 60,3%. En el caso de la soja (que mantiene el 30% de derechos de exportación) y el trigo, que como el maíz fue liberado de retenciones, alcanzan niveles similares: 73,1% y 73,4%, respectivamente.
Por provincias
Mientras el índice Fada muestra una participación del Estado nacional en la renta agrícola del 71,1%, el de Buenos Aires es de 65,7%, el de Córdoba del 68,5% y el de San Luis del 68%, los tres distritos que releva la Fundación.
“Lo que más impacta en esta comparación es que San Luis, por ejemplo, tiene rindes menores y una renta por hectárea menor que las otras dos provincias”, explica el estudio difundido ayer.
En términos absolutos, el impacto de los impuestos es exactamente al revés, una hectárea en Buenos Aires es la que más tributa, y una en San Luis, la que menos.
Los impuestos provinciales presentan divergencias. En el caso de Buenos Aires, significan unos $ 476 por hectárea, de acuerdo con el detalle ofrecido por Fada.
Al mismo tiempo, los partidos cobran sus propias tasas, la mayoría son tasas viales. Estas significan, en promedio, unos $ 95 por hectárea. Así, entre municipales y provinciales, una hectárea promedio en Buenos Aires debe tributar $ 555, representando un 3,3% del valor de la producción, o un 6,2% de la renta. En el caso de Córdoba, representa 1,7% del valor de la producción y 3,4% de la renta, y no existen los impuestos municipales.
Sin embargo, si en lugar de tomar el valor bruto de la producción, se toma el ingreso neto de gastos de transporte de los productores, los impuestos inmobiliarios rurales de Córdoba y Buenos Aires quedan más parejos. Esto es así por la diferencia en los costos de transporte entre una provincia y otra.
Aduanas internas
San Luis tiene un impuesto inmobiliario rural sustancialmente más bajo que las otras dos provincias, sin embargo, tiene una especie de “derecho de exportación interno”: cobra una tasa que incluye “guías de campaña” y “certificados de venta”. Los certificados se pagan tanto para la venta dentro de la provincia como la producción que se dirige fuera de la misma. Por otro lado, se paga la guía, para la producción que se transporta fuera de la provincia.
“Estas tasas se suman a un pago a cuenta de ingresos brutos, y se concentran en el llamado Do.Pro. (documento provincial). Por ejemplo, una tonelada de soja paga $ 7,08 en concepto de guía, más $ 10,63 de certificado, más $ 14,20 de pago a cuenta de Ingresos Brutos, pagando un Do.Pro. por tonelada de $ 31,91”, destacó el informe.
En cuanto a la “renta de la tierra”, que es un arrendamiento promedio menos impuestos, las tres provincias tienen un nivel similar.