Ratifican la elevación a juicio contra Mosquera por violencia de género
El exministro de Seguridad de Córdoba está acusado por una serie de delitos, entre ellos abuso sexual reiterado, en el marco de una relación con una mujer policía. La defensa insistió en que se trata de un "asunto privado"
Alfonso Mosquera, exministro de Seguridad de Córdoba, quedó formalmente a un paso del banquillo de los acusados luego de que la Cámara de Acusación confirmara la resolución del fiscal Gerardo Reyes para elevar a juicio la causa en su contra. La denuncia fue presentada en 2023 por una suboficial de la Policía de Córdoba, quien afirmó haber vivido situaciones de abuso sexual, violencia física y psicológica, amenazas y privación de la libertad durante una relación que mantuvo con el exfuncionario entre 2020 y 2022.
La decisión judicial marca un nuevo avance en una causa que está caratulada con las figuras penales de abuso sexual con acceso carnal reiterado, lesiones leves doblemente calificadas (por el vínculo y por violencia de género), amenazas calificadas, hurto y privación ilegítima de la libertad calificada.
La denunciante, de 34 años, relató ante la Justicia haber sido víctima de un ciclo de violencia sostenido por parte de Mosquera, en un contexto de fuerte asimetría de poder dada la posición jerárquica del acusado y su rol institucional en el área de Seguridad. Según consta en el expediente, la mujer debió ser hospitalizada en una clínica privada tras un intento de suicidio, además de presentar lesiones compatibles con las agresiones denunciadas.
La investigación, a cargo del fiscal Gerardo Reyes, avanzó en línea con la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y con estándares internacionales en materia de juzgamiento de delitos sexuales, donde se considera como prueba válida el testimonio de la víctima, en particular cuando los hechos denunciados ocurrieron en ámbitos privados o sin testigos directos.
El proceso judicial, iniciado formalmente a fines de 2023, ya había sido avalado por el Juzgado de Control, que rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa. No obstante, el abogado del exministro, Eduardo Ortiz Pellegrini, apeló la decisión y la causa pasó a revisión de la Cámara de Acusación, que finalmente ratificó el criterio del fiscal.
En comunicación con Puntal, Ortiz Pellegrini señaló: "La defensa no va a hacer declaraciones porque si tuviéramos que decir una sola de las comunicaciones que la denunciante le propone a mi cliente nos pondríamos todos colorados. Este tipo de problemas absolutamente privados deben ser tratados en un ámbito muy cerrado como espero que en su momento se haga. Vamos a meditar el camino judicial a seguir."
La postura del defensor se enmarca en una estrategia que ya había expuesto públicamente en otra nota anterior de este medio, en la que cuestionó el uso de la perspectiva de género en la causa. En aquella oportunidad, Ortiz Pellegrini dijo que “la mirada de género implica una flexibilización del proceso probatorio”, y sostuvo que la acusación se basa únicamente en la palabra de la denunciante. También expresó que, en su opinión, el conflicto debía entenderse como un problema de pareja y no como un hecho penal.
Desde el inicio del proceso, Mosquera negó todas las acusaciones y permanece en libertad, aunque con restricciones como la prohibición de salir del país. La fiscalía, al evaluar las medidas cautelares, consideró que no existía riesgo procesal que justificara una detención preventiva.
El expediente será remitido a una Cámara en lo Criminal y Correccional, donde se desarrollará el juicio oral. La fecha será definida en los próximos meses tras el sorteo correspondiente.
El caso Mosquera ha generado un fuerte impacto público por tratarse de un funcionario de alto rango vinculado a áreas de seguridad y justicia. La denunciante, una agente de la fuerza provincial, sostuvo que durante la relación se sintió constantemente intimidada y limitada en su libertad de acción. Además, indicó que su situación de subordinación laboral fue un elemento central en la dinámica de violencia.
Desde que se presentó la denuncia, la víctima ha contado con acompañamiento legal y contención psicológica, según informó su abogado, Marcelo Touriño. También se dio intervención a organismos de apoyo para víctimas de violencia de género. La querella ha insistido en que los hechos denunciados son graves y que no deben ser relativizados como simples conflictos sentimentales, ya que las conductas imputadas constituyen delitos contra la integridad sexual, la libertad y la integridad física.
Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de violencia por motivos de género, podés comunicarte de manera gratuita y confidencial a la Línea 144, que funciona las 24 horas en todo el país. En la provincia de Córdoba también está disponible el Polo Integral de la Mujer, al 0800 888 9898 o en su sede de Entre Ríos 680, ciudad de Córdoba.