A media mañana, personal de la subcomisaría Banda Norte y del Ministerio Público Fiscal verificaron las instalaciones del establecimiento educativo privado para niños de hasta tres años, ubicado en calle Francisco Muñiz al 1850.
Docentes y un grupo de padres realizaron una denuncia en la Unidad Judicial N°3 por agresiones verbales y físicas, pero que no habrían dejado marcas en los niños, como golpes en la cabeza, manos y en la cara.
Ni bien ingresó la denuncia, el fiscal comunicó la novedad a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia, corriendo vista al área competente de la Municipalidad.
Mientras avanza el proceso judicial, el Municipio ordenó la clausura preventiva de la guardería por espacio de 60 días, a partir de una investigación paralela que se lleva adelante en las Subsecretarías de Educación y Culto y la de Género, Niñez, Adolescencia y Familia.
La causa que investiga la Fiscalía de Instrucción de Río Cuarto cuenta con la recepción de varios testimonios de docentes y padres de alumnos del jardín maternal.
Por el momento no hay imputaciones hacia la directora del centro educativo, precisaron en Tribunales.
En la mañana de ayer se realizó una inspección del edificio, con la realización de la planimetría correspondiente y la verificación de las distintas salas y se confirmó que no hay cámaras de vigilancia en la institución.
En el lugar trabajaron dos efectivos de policiales de Banda Norte y dos integrantes del Ministerio Público Fiscal.
Al finalizar el allanamiento, el personal del Edecom procedió a colocar nuevamente la faja de clausura, que había sido retirada por segunda vez.
Un allegado a la directora fue el encargado de abrir las puertas del predio, argumentando que la responsable “estaba de viaje en el exterior”.
El personal que realizó el procedimiento en la casona de Muñiz al 1800 secuestró el registro de alumnos y otra documentación que sería de importancia para el proceso.
También se trata de verificar si la directora cuenta con el título habilitante, como exige la legislación municipal. Una versión señaló que es recibida de enfermera, mientras que la ordenanza que regula el funcionamiento de los jardines maternales establece que debe poseer título docente con reconocimiento oficial en educación preescolar.
En los últimos días declararon ante el fiscal Miralles tres docentes y dos madres, mientras que en la próxima semana serán citados más padres.
La causa se inició a fines del mes de mayo.
