“El país volvió a un paradigma represivo en materia de seguridad”

“Observamos una modificación que se ha dado a partir del cambio de gobierno nacional. Si bien las políticas se implementan en distintos grados, más en los espacios municipales, siempre se responde a una línea orgánica que es la nacional”, explicó la referente, y consideró: “Se volvió a un paradigma represivo, siendo que en los últimos años se intentó trabajar desde gestión de la conflictividad social con mecanismos democráticos de participación, multiagencial, interdisciplinario, transversal, y los distintos órganos del Estado estaban al servicio de un conflicto que se generaba vinculado a la seguridad. La respuesta que se daba buscaba un anclaje en lo social, en las causas que lo generaban, pero ahora se volvió a las viejas recetas represivas ante cualquier conflicto”. 

Del mismo modo Oviedo afirmó que se ha avanzado en una “estigmatización de los pibes”, aun cuando son muchas las organizaciones que trabajan para sacar esto a la luz y que los chicos de los barrios más humildes no sean perseguidos. “Uno de los casos recientes en nuestra ciudad ha sido el de Joel Bravo, integrante de la agrupación Los Orillas, que fue detenido y le plantaron un arma, luego de dos meses preso las pericias dieron que el arma no funcionaba”, ejemplificó la referente del foro local, mientras que precisó: “Son hechos que se dan de manera frecuente y que los notamos en el contexto político que estamos viviendo, donde la persecución a los militantes y referentes sociales es constante. Nos sentimos vulnerables y creemos que se debe dar una discusión a fondo sobre cuál debe ser el modelo de seguridad de un Estado que cada vez es más militarizado”. 

En este marco, sostuvo que la presencia y el rol que está tomando Gendarmería Nacional, y que jugó en casos como el de Nahuel Rafael o Santiago Maldonado, “se pone al servicio de intereses corporativos y en detrimento de los trabajadores”, dijo. 

- El informe habla de una criminalización de la protesta social.

- Sí, porque hay una estructura de servicios que funciona para reprimir e identificar a toda la militancia. Lo vemos con agentes que se infiltran en las marchas, con las fotos que nos sacan en manifestaciones, cosas que son moneda corriente y que no sólo suceden en las grandes ciudades. Lo que pasó con la votación a la ley de ajuste a los jubilados es algo lamentable que creíamos que no iba a volver a pasar. Sin embargo, el Gobierno parece no haber sufrido consecuencias graves por esto, en otro contexto la situación hubiese sido muy distinta. En localidades más chicas quizás no vivimos a flor de piel esta represión, pero sí tenemos una persecución constante. Es muy preocupante que no se puedan llevar adelante mecanismos democráticos de protesta social y que no existan agentes que formen parte del Poder Ejecutivo que negocien la paz social, porque más allá de los conflictos el Estado no debe perder de vista que es responsable de la paz social. Hoy vivimos una realidad muy distinta. 

- ¿Es positivo que esta realidad sea denunciada por un ente internacional como AI?

- Que esta situación se denuncie en el informe de Amnistía Internacional es resultado de una presión interna que realizamos desde las organizaciones. La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año pasado fue resultado de lo mismo, algo que el blindaje mediático que tiene el actual Gobierno no permite que nosotros podamos hacer circular de manera masiva alguna información. Sin embargo, en un contexto externo son cosas que se saben, se conoce la corrupción. Es positivo que estos datos se presenten en informes de estas características porque legitiman el trabajo que estamos haciendo en nuestro país.