Entre el interventor y la votación con el virus

Argentina entrará en la cuarta etapa de su cuarentena y sobrepasará así el tiempo implícito en el término. Cuando concluya la nueva extensión decretada hasta el 10 de mayo se habrán acumulado 51 días de confinamiento pero nadie puede pronosticar a esta altura, ni podrá hacerlo entonces, cuántas horas de anormalidad quedarán todavía por soportar ni qué forma adoptarán los períodos que vienen por delante.

Roberto Chuit, exministro de Salud de Córdoba y director del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas, declaró que las estrategias de ahora en más deberán ser más focalizadas pero que habrá que olvidarse de la idea de normalidad tal como la concebimos y la practicamos hasta ahora, al menos en el plano social.

Esa estrategia focalizada contempla el espacio geográfico. Es decir, habilita las flexibilizaciones en las zonas en que el virus no ha aparecido o no circula comunitariamente. Río Cuarto tiene, en ese punto, un aspecto a favor. La ciudad no ha registrado ningún caso positivo desde el 3 de abril y, si continúa así, estará en condiciones de ser considerada “zona limpia”.

La situación epidemiológica, entonces, muestra síntomas alentadores. Aunque, según remarcan los especialistas, no da ni para el festejo ni para el descuido de ahora en más. Recomiendan, por ejemplo, cuidados extremos en los geriátricos, que han sido calificados por el Pami como “una bomba de tiempo”. Una bomba de tiempo para la que, otra vez, el Estado promete un relevamiento que parece ser una de las tareas más ímprobas del mundo porque en Río Cuarto jamás se termina.

Por el momento, el aspecto sanitario evoluciona favorablemente. Pero, a la par, la inactividad de la cuarentena provoca que sigan deteriorándose los indicadores económicos y sociales. En la Municipalidad, Juan Manuel Llamosas y sus funcionarios se la han pasado recibiendo a distintos sectores que, al borde de la asfixia, van en busca de algún auxilio o de la esperanza de una flexibilización. En la mayoría de las ocasiones, las reuniones sirven para hacer catarsis pero no para mucho más.

Por dos razones principales. Porque el jefe comunal decidió desde el inicio escaparle a cualquier audacia en el manejo de la pandemia: sigue al pie de la letra las instrucciones que descienden de la Nación o la Provincia y sólo flexibilizará si existe antes una disposición superior que lo avale. Pero, además, porque cuando los funcionarios han intentado gestionar ayudas económicas se han encontrado con un alto índice de informalidad, lo que imposibilita iniciar los trámites. El Municipio tampoco dispone de demasiadas herramientas; al contrario: la recaudación cayó el 50% por la inactividad y, hasta ahora, no han aparecido los fondos prometidos por la Nación para afrontar la epidemia.

Y en ese contexto de dificultades extremas en la economía y de vigilancia en la salud, la política escribe sus propios capítulos en Río Cuarto. Uno se hizo público, el otro corre subterráneo. Ninguno de los dos permite el elogio.

Primero, la Anses. Hasta la semana pasada, el gobierno de Alberto Fernández había dejado vacantes gran parte de las jefaturas de la Administración de la Seguridad Social en el interior del país. Lo desacertado de ese vacío quedó de manifiesto cuando el coronavirus obligó al Estado a salir en rescate de millones de familias.

En el loteo de áreas, la Anses quedó en Córdoba para el sector que lidera Carlos Caserio y que en Río Cuarto representa Marcos Farina. La primera alternativa del exlegislador fue Alejandro Storello, pero el nombramiento se cayó por una denuncia previa de violencia de género. Al final, el elegido fue Darío Peralta, de extensa trayectoria en la política pero de notoriedad vinculada más a los escándalos que a las virtudes. En 2018, el abogado era delegado del Ministerio de Justicia de la Provincia y salió eyectado de su cargo cuando Puntal publicó que el funcionario era además abogado defensor de una pareja que se dedicaba a traficar drogas. Peralta argumentó ante sus jefes que sus dos facetas no eran incompatibles pero, a juzgar por los resultados, no logró convencerlos.

Antes, en 2010, el ahora designado jefe de Anses había quedado envuelto en otra polémica cuando se descubrió que, a pesar de su alto cargo en la Provincia, se había inscripto para recibir en Castelli un terreno a precio subsidiado que el Municipio había puesto a disposición de las familias que no podían acceder a una casa. A Peralta le terminaron quitando el lote.

Su designación en Anses cayó como una bomba. No sólo por su historial sino porque los albertistas recién se desayunan ahora con la meteórica conversión de Peralta al campo nacional y popular. Hasta hace poco era más bien todo lo contrario.

Golpeado y cuestionado, el nuevo jefe de Anses debería asumir debilitado y conducir en esas condiciones una delegación tan abarcativa en geografía y población como la de Río Cuarto. Su nombre no le hace precisamente un favor al gobierno nacional.

El otro capítulo de la política en cuarentena se está cocinando por lo bajo. Pocos parecen acordarse pero, cuando estalló la pandemia, Río Cuarto tenía en marcha un proceso electoral. El 29 de marzo debía elegir intendente, concejales y tribunos de Cuentas. Ese proceso fue interrumpido y la fecha presumible de las elecciones pasó al 27 de septiembre.

Públicamente, los ocho candidatos a intendente señalaron que estaban de acuerdo en posponer la elección y en extenderle a Llamosas su mandato, a pesar de que la prórroga no está contemplada en la Carta Orgánica.

La falta de legalidad se supliría con un acuerdo político general.

Sin embargo, esa manifestación pública de buena voluntad hoy está envuelta en dudas. Un dato es irrevocable: el 2 de julio la ciudad se queda sin intendente, sin concejales, sin órgano de control. Si no existe una solución, habrá acefalía.

Hasta ahora, un mes después de la fecha fijada para la elección, no ha habido contactos oficiales entre los partidos. Apenas un par de charlas informales. Si no se producen avances, Río Cuarto estará ante un problema no menor.

Por historia y por caudal electoral, el foco está puesto en la chance de entendimiento entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, liderado por el radicalismo. En ese partido opositor se debaten dos tendencias. Una, la acuerdista, que sostiene que hay que otorgarle la prórroga a Llamosas y no especular en medio de una crisis tan grave. Se inclinan por dar una señal de responsabilidad institucional porque, además, creen que se exponen a la posibilidad de un castigo del electorado.

La otra vertiente, más cercana al candidato Gabriel Abrile, puntualiza que la Carta Orgánica es elocuente: que el 2 de julio vencen los mandatos porque hasta ese día los eligió el pueblo. Esa postura llevada al extremo derivaría en una intervención. No descartan de plano el acuerdo político pero sólo lo admiten a regañadientes.

En el peronismo saben que la negociación no será un trámite y que la UCR se dispone a poner condiciones. Después de estar a días de una derrota casi segura y de jugar en terreno sumamente desfavorable, ahora puede ser su oportunidad de poner algunas reglas.

El oficialismo ya ensaya respuestas. Primero, señala un antecedente que la Universidad de Río Cuarto acaba de producir hace días: sobre la base de un dictamen de Hugo Abrahan, director de Asuntos Jurídicos de la UNRC y apoderado del PJ, el Consejo Superior decidió por unanimidad extender los mandatos de los decanos y los consejeros. El núcleo argumental es que una situación extraordinaria como la actual requiere decisiones también excepcionales que, en vez de atentar contra las formas democráticas, las resguardan.

Pero sospechan que el sector menos acuerdista de la UCR pretende empujarlos a una intervención. En ese caso, sostienen que Hacemos por Córdoba dispone de los dos tercios en la Unicameral para nombrar al propio Llamosas como interventor. Aunque es una opción que no convence: ese cargo dispone de facultades acotadas y significaría condenar a Llamosas a manejar una pandemia con las manos atadas, expuesto a un peligroso desgaste.

La alternativa que se baraja con mayor fuerza es la de reflotar la elección si el acuerdo se hace inviable. Razonan que no deberían cumplirse los 90 días de plazo para la convocatoria porque, en realidad, esa instancia ya se produjo y sólo se interrumpió por razones de fuerza mayor. Es decir, aseguran que podrían llamar a votar con sólo 15 días de anticipación -incluso 30- y que la ciudad, en ese caso, debería ir a las urnas a mediados de junio. ¿Cuál será el cuadro epidemiológico en esa época? Ahí está la incertidumbre y, a la vez, el riesgo.

Esa es la pelea que hoy se ha desatado. No hay ninguna certeza de que, en plena pandemia, con la ciudad paralizada y sufriente, sus dirigentes políticos lleguen a una solución consensuada. Sería una conclusión penosa justo cuando la realidad los pone a prueba.