La designación de Andrés Vázquez en la Dirección General de Aduana (DGA) y Andrés Velis, en la Dirección General Impositiva (DGI), había generado un cortocircuito con su conducción. La Oficina del Presidente explicó en un comunicado que su salida se debió a una modificación “inconsulta” en el régimen tributario de streamers e influencers, a los que pretendía aplicarles un impuesto.
“El Presidente de la Nación tomó la decisión de echar a la titular de Arca y a dos funcionarios por la modificación al régimen de streamers e influencers. Juan Pazo asumirá como nuevo titular de Arca y Pablo Quirno asumirá el rol de secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina. Fin”. Así escribió el vocero presidencial Manuel Adorni en su cuenta de la red social X.
Vázquez y Velis son dos históricos del área, con lazos con los servicios de inteligencia, y entraron con pie fuerte en el organismo recaudador, que fue reestructurado con la nueva sigla Arca tras la desaparición de la vieja Afip. El desembarco fue de la mano del asesor Santiago Caputo, quien quedó como uno de los ganadores de la movida.
Curiosamente, este tema encontró al asesor en una vereda diferente de su tío, el ministro de Economía, Luis Caputo, quien era el que venía sosteniendo a Misrahi. Sin embargo, el funcionario no puede darse como perdedor, ya que Pazo, el reemplazante, es un hombre de su confianza que venía trabajando con él.
La situación de Misrahi ya había quedado muy frágil desde la constitución de Arca. Ella había hecho trascender que había asumido con un esquema y que la alteración de ese modelo la dejaba con funciones acotadas. De hecho, estuvo abocada íntegramente al programa de blanqueo de capitales e inmediatamente después se produjo el desembarco de “los andreses”. Así apodan al binomio Vázquez - Velis.
La incomodidad de Misrahi quedó en evidencia al negarse a firmar las resoluciones para los nombramientos de Vázquez y de Velis. Si bien argumentó motivos protocolares, lo cierto es que no quiso refrendar los nombramientos de dos funcionarios que no habían sido consensuados con ella.
Cuando se produjo esta fricción, el Gobierno dejó trascender que esperaba que ella presentara voluntariamente la renuncia, pero no lo atribuyó a los problemas internos, sino a la decisión que había adoptado el presidente Javier Milei de recortar los sueldos de toda el área. En ese marco, filtraron que Misrahi cobraba $35 millones mensuales. Ella no retrucó en público pero en reserva decía que percibía una cifra inferior.
Desde entonces la situación se mantuvo en una enorme precariedad, con el Gobierno esperando su salida y la funcionaria tratando de resistir.
El detonante de la salida de Misrahi se produjo por impulsar una resolución, publicada en el Boletín Oficial, para cobrarles impuestos a influencers y youtubers, así como a otros sujetos que crean o difunden contenido audiovisual en redes y plataformas digitales, que deberían inscribirse en los impuestos, a nivel nacional y provincial, y empezar a pagarlos, junto con el aporte jubilatorio.
Este es un segmento particularmente sensible para Milei, quien no sólo ha construido su carrera política a partir de la difusión de sus mensajes e ideas en las plataformas digitales, sino que auspicia una militancia virtual como fundamento de construcción política.
La creación de Arca, además de la controversia por los altos salarios de sus principales funcionarios, trajo aparejada la decisión de realizar un ajuste de la estructura interna con la amenaza de más de 3.100 despidos.
