Esta semana, el gobierno de Javier Milei marcó un hito en la política exterior argentina al comunicar la decisión de retirar al país de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La medida, fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni y será ejecutada por el canciller Gerardo Werthein, pone bajo la lupa la efectividad de la agencia sanitaria internacional y redefine la estrategia de salud pública del país.
El trasfondo de esta decisión se basa en fuertes críticas a la gestión de la OMS durante la pandemia de COVID-19, alineándose con posturas como la del expresidente estadounidense Donald Trump. Según el comunicado oficial, el Gobierno considera que el organismo promovió confinamientos sin sustento científico suficiente, ocasionando graves perjuicios económicos y sociales.
Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, defendió la postura en sus redes sociales: “Para reordenar el sistema sanitario tenemos que revertir más de 70 años de fracaso. Queremos que el dinero de los argentinos llegue a los servicios de salud y no se pierda en intermediarios”.
El argumento central del Ejecutivo es el cuestionamiento a las recomendaciones de la OMS durante la crisis sanitaria del 2020. La Oficina del Presidente señaló que el organismo respaldó políticas que llevaron al cierre de escuelas y comercios, asegurando que sus recetas "son el resultado de la influencia política y no basadas en la ciencia".
Asimismo, Adorni aclaró que la salida no implica pérdida de recursos, ya que la OMS no financia directamente la gestión local.
Pese a la ruptura, el Ministerio de Salud garantizó la continuidad del Calendario Nacional de Vacunación. Mario Lugones precisó que Argentina seguirá vinculada a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ente dependiente de la OEA que opera de forma independiente a la OMS. “Salir de OMS no significa salir de OPS. El acceso a información epidemiológica e insumos a menor costo está asegurado”, afirmó el funcionario.
En contraste, voces de la oposición como el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtieron que la medida podría reducir la capacidad de respuesta ante enfermedades como el dengue, VIH o tuberculosis al perder apoyo financiero y técnico.
Al dejar la OMS, Argentina prescinde de sus certificaciones y normativas para la industria farmacéutica. Si bien la ANMAT mantiene su autonomía para aprobar medicamentos, el país deberá buscar nuevas alianzas con agencias regulatorias de referencia como la FDA (EE.UU.) o la EMA (Europa). La viceministra Cecilia Loccisano reforzó esta idea: “Vamos a seguir coordinando con otros países para resolver las situaciones que tengamos que enfrentar”.
La medida reabre el debate sobre el rol de los organismos supranacionales. Para la administración de Milei, estas organizaciones han desviado su propósito inicial, convirtiéndose en espacios de presión política que vulneran la soberanía de los Estados.
La salida de Argentina podría generar un efecto dominó en otros países que cuestionan la burocracia sanitaria global. Hacia adelante, el éxito de esta política dependerá de la capacidad del país para sostener acuerdos bilaterales y regionales que garanticen el acceso a nuevas tecnologías médicas y tratamientos esenciales sin la intermediación de la agencia de Naciones Unidas.
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